AUTO nº 20 DE 2016 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - SALA DE JUSTICIA, 22 de Junio de 2016
| Fecha | 22 Junio 2016 |
En Madrid, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.
En el recurso al margen referenciado, la Sala de Justicia, previa deliberación, ha resuelto dictar el siguiente
A U T O
La Orden Foral 144/2015, de 17 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, resolvió el expediente administrativo de responsabilidad contable incoado como consecuencia de las cantidades indebidamente percibidas por Don V. H. P., en concepto de ayuda económica para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes, y declaró la sujeción de la herencia yacente a la obligación de reintegro de la cantidad de 1.560 euros.
Mediante escrito recibido en fecha 4 de marzo de 2016, DON F. H. C. y hermanos -DON J. J. H. C. y DOÑA. M. V. T. H. C., herederos de Don V. H. P., impugnó, a los efectos previstos en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, la mencionada Orden Foral, acompañando la documentación acreditativa, entre otros extremos, de haber realizado el pago.
Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 30 de marzo de 2016, se acordó abrir el correspondiente rollo de la Sala al que se asignó el nº 17/16, nombrar Ponente, siguiendo el turno establecido, al Consejero de Cuentas Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano y, con carácter previo a la admisión del recurso, requerir a DON F. H. C. y hermanos para que, en el plazo de diez días, subsanaran el defecto de postulación observado, debiendo remitir el poder notarial o “apud acta” otorgado a favor de Letrado y/o Procurador, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 57.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, trámite que no ha sido por éstos cumplimentado.
En la tramitación de este Auto se han observado las prescripciones legales y reglamentarias en vigor.
La competencia para resolver el presente recurso corresponde a la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 54.2.a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
El artículo 57 de la Ley 7/88, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece los requisitos de representación y de postulación que han de ser observados por las partes, de manera que, conforme al apartado 1 de dicho artículo, éstas deberán conferir su representación a un Procurador o valerse tan sólo de Abogado con poder al efecto, notarial o “apud acta”.
El citado artículo 57 añade, en su apartado 2 que, cuando actuaren representadas por un Procurador, deberán ser asistidas por Abogado, sin lo cual no se dará curso a ningún escrito, “salvo lo previsto en el artículo 10, número 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, (referencia hecha a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente en el momento de aprobación de la Ley 7/88, que aludía a aquellos escritos que tuvieran por objeto “personarse en el juicio, pedir prórroga de plazos, suspensión de vistas y nombramiento de Peritos”). Asimismo, establece en su párrafo 3, la excepción de que puedan comparecer por sí mismos los funcionarios y el personal al servicio de las entidades del sector público legitimados para actuar ante el Tribunal de Cuentas, e igualmente, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho, aunque no ejerzan la profesión de Procurador o Abogado.
Por otra parte, establece el artículo 45.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que si el recurrente no subsanara los defectos de la comparecencia en el plazo de diez días, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
Transcurrido en exceso el plazo de diez días concedido a efectos de subsanar el defecto de postulación observado en su escrito de impugnación sin que se haya recibido en esta Sala de Justicia el poder notarial o “apud acta” otorgado a favor de Letrado y/o Procurador, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 57.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ni se haya efectuado alegación alguna que justifique la aplicación de la excepción prevista en el apartado 3 de dicho artículo para quienes ostenten la condición de funcionarios públicos o estén en posesión del título de Licenciados en Derecho, se tiene por precluido el referido trámite y procede, en consecuencia, inadmitir el recurso del artículo 41.2 de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas, resultando innecesario hacer otras consideraciones en relación con las alegaciones vertidas en el escrito de recurso, dado que, concurriendo el defecto de falta de cumplimiento de los requisitos de representación y de postulación, el pronunciamiento de esta Sala ha de circunscribirse a la inadmisión del recurso interpuesto y al archivo de las actuaciones.
En atención a lo expuesto y, vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,
LA SALA ACUERDA: INADMITIR el recurso del artículo 41.2 de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas, interpuesto por DON F. H. C. y hermanos -DON J. J.. H. C. y Doña. M. V. T. H. C.-, herederos de Don V. H. P., frente a la Orden Foral 144/2015, de 17 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, resolutoria del expediente de responsabilidad contable derivado de cantidades indebidamente percibidas por el causante, en concepto de ayuda económica para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y, conforme a lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, proceder al archivo de las actuaciones.
Así lo acordamos y disponemos. Doy fe.-
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN: Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, al que se remite el artículo 80.1 de la Ley de Funcionamiento del tribunal de Cuentas.
