Resolución de 1 de febrero de 1980
| Órgano recurrido | Registro de la Propiedad |
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 1980 |
| Publicado en | BOE, 13 de Febrero de 1980 |
Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Antonio Tobar Blanco Rajoy, en nombre y representación de doña Pilar Cachaza Carro y don Enrique Carreira Mosquera, contra la negativa del Registrador de la propiedad número I de La Coruña de inscribir unas escrituras de cancelación parcial de hipoteca, pendiente en este Centro en virtud de apelación del recurrente.
Resultando que por escritura de 5 de septiembre de 1972, autorizada por el Notario de La Coruña don Fernando Alba Puente el Banco Industrial de Bilbao concedió un préstamo de 25.000.000 de pesetas a don Eusebio Bonjoch Salabranca, el cual intervino en la escritura correspondiente en nombre propio y,en representación de la entidad Mercantil Eusebio Bonjoch, S. A., habiendo constituido aquél (don Eusebio Bonjoch) con el consentimiento de su esposa doña Pilar Cachaza Carro, hoy recurrente, hipoteca sobre dos fincas, a saber, las casas números 13 y 15 de la calle Brasil y 10 y 12 de la calle Méjico de La Coruña, en garantía de la devolución de la suma prestada; que por escritura de 8 de julio de 1974, autorizada por el Notario de Bilbao don José Ignacio del Valle Laguna, el mismo Banco cedió el mencionado crédito hipotecario a Pleamar Española, S. A.; que por escritura de 13 de marzo de 1975, autorizada por el Notario de La Coruña don Francisco Alonso Rey, don Rodrigo Freiré y Freiré, en nombre y representación de Pleamar Española, S. A., y en uso del poder que ostentaba según escritura de 4 de marzo de 1975, confitió, por vía de sustitución, poder tan amplio como en derecho se requiera a doña Pilar Cachaza Carro y a don Enrique Carreira Mosquera para que, mancomunadamente y en nombre y representación de Pleamar Española, S. A., pueden cancelar total o parcialmente el crédito hipotecario cumpliendo los requisitos que en dicha escritura se establecen y entre los que caben destacar el señalado en la letra d) del Exponendo II, conforme a la cual «el importe de la cancelación no podrá exceder de las sumas que, por principal, intereses, gastos y costas de toda índole, sea objeto de reclamación por las entidades bancarias antes relacionadas y que se aportó al Notario autorizante certificación judicial o registral acreditativa de dicho importe», y el señalado en la letra e) del mismo Exponendo, conforme a la cual «los gastos notariales, fiscales y regístrales de la cancelación, serán de cuenta de la entidad acreedora»; que por escritura de 21 de octubre de 1975, 18 de febrero, 17 de mayo y 9 de septiembre de 1977, doña Pilar Cachaza y don Enrique Mosquera, en representación de Pleamar Española, S. A., consintieron diversas cancelaciones parciales de hipoteca; que por escritura de 17 de noviembre de 1977 se aclararon o rectificaron las citadas de cancelación parcial en un sentido que no afecta a los motivos de este recurso.
Resultando que presentadas en el Registro de la Propiedad las citadas escrituras, fueron calificadas con las siguientes notas: a) Primera escritura de cancelación parcial de hipoteca, autorizada el 21 de octubre de 1975: Denegada la inscripción por los defectos insubsanables siguientes: «l.Q Por ser contraria dicha sustitución de poder al artículo 261 del Código de Comercio, y 2.Q Extralimitación del poder por parte de don Rodrigo Freiré y Freiré, apoderado de Pleamar Española, S. A., ya que, aún en el supuesto de que pudiera nombrar sustituto, a lo que se opone dicho artículo 261 del Código de Comercio, ésta no podría llegar hasta el punto de autorizar al sustituto la cancelación de las hipotecas que gravan las fincas
en último caso, debía ser más diligente y no cargar al acreedor poderdante con las multas y recargos por pagar los impuestos fuera de plazo.
Resultando que el Presidente de la Audiencia confirmó la nota del Registrador declarando que, conforme al artículo 311 del Código de Comercio, es mercantil el préstamo concedido por un Banco para fines negocíales a una Sociedad Anónima con la garantía hipotecaria asumida por un tercero, rigiéndose, según el artículo 2 del propio Código, por su normativa específica con prelación excluyeme, tanto el contrato en sí como las posteriores vicisitudes relativas a su ejecución, cumplimiento, extinción y cancelación de la hipoteca; que constituye apoderamiento o comisión mercantil el poder conferido por el cesionario del crédito (otra Sociedad también anónima) para percibir la deuda y cancelar la hipoteca, por lo que es aplicable el artículo 261 del Código de comercio e irregular la sustitución al no haber facultado para ella el comitente, lo que constituye un vicio esencial que si en el orden puramente civil puede no ser suficiente para restar eficacia solutoria a los actos realizados por el segundo apoderado, en el aspecto registral impide las cancelaciones parciales; que la figura de la autocontratación ha de ser tratada, sobre todo en lo que concierne al Registro de la Propiedad, con prevención y cautela encaminadas a evitar posibles ilicitudes o perjuicios imprevistos, cautelas que en este caso no han sido adoptadas, ya que, además de la esencial contradicción de intereses existente entre el acreedor y deudor hipotecarios, el deudor y apoderado del acreedor no se atuvo estrictamente a los requisitos de la escritura de apoderamiento, al aportar recibos de Procuradores acreditativos de haber percibido cantidades a cuenta, sin especificar cuantitativamente y con precisión la aplicación por conceptos de las cantidades recibidas ni el estado de las cuentas a que los recibos se refieren, y recibos notariales y carta de pago del Impuesto de Transmisiones con recargo por impago a su tiempo, pagos que al menos parcialmente es dudoso fueran imputables a Pleamar Española, S. A., y desde luego no fueron acreditados en la forma precisa.
Vistos los artículos 1.721 del Código Civil; 2, 50, 175, 177, 199, 212, 244, 261 y 311 del de comercio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1944, 25 de mayo de 1945 y 10 de febrero de 1950; y las Resoluciones de este Centro Directivo de 29 de diciembre de 1922, 30 de mayo de 1930, 23 de enero de 1943 y 9 de febrero de 1946.
Considerando que el primer defecto consignado en las notas de calificación obliga a determinar la naturaleza, civil o mercantil del mandato conferido por Pleamar Española, S. A. a don Rodrigo Freiré y Freiré, a fin de apreciar si está facultado para proceder a la sustitución de mandatario, no obstante la falta de autorización expresa para ello.
Considerando que la operación principal concertada tiene un indudable carácter mercantil al concurrir las circunstancias exigidas en el artículo 311 del Código de comercio, ya que el prestamista es un banco y el prestatario una Sociedad Mercantil, y la suma prestada está destinada a un acto preparatorio de comercio, aparte claro es, la doctrina recogida por el Tribunal Supremo de que los préstamos bancarios tienen carácter mercantil, y sin que como es natural quede desvirtuada esta naturaleza por el hecho de haberse cedido el crédito por el banco a otra Entidad Mercantil.
Considerando que la vis atractiva propia de los contratos mercantiles extiende su campo a las vicisitudes que los acompañan, como pueden ser los actos cpmplementarios o subordinados, tales como la constitución o extinción de garantías que aparecen así sometidos a una unidad de consideración y tratamiento, por lo que es forzoso afirmar la naturaleza igualmente mercantil del mandato conferido de acuerdo con el artículo 244 del Código de Comercio dado el carácter de comerciante del comitente y que el objeto es una operación mercantil.
Considerando que, al tratarse por tanto de un apoderamiento mercantil es aplicable, de conformidad con los artículos 2 y 50 del Código de comercio, el criterio establecido en el artículo 201 del mismo, que indica que en defecto de consentimiento o de autorización del poderdante para verificar la delegación, no cabe sustitución alguna.
Considerando que aún cuando procedería no entrar en el examen del segundo defecto de la nota, dado que se ha confirmado el primero, no obstante para una mayor clarificación de la cuestión parece conveniente hacerlo a fin de reiterar que en nuestro Derecho los supuestos de autocontratación permitida tienen carácter excepcional, pues, como ha puesto de relieve la doctrina de este Centro, suelen originar conflictos de intereses con peligro de lesión para una de las partes al confluir en una misma persona la cualidad de mandante y mandatario, por lo que solamente cuando no concurren esas circunstancias o el propio mandante lo autoriza, no hay obstáculo para admitir esta figura.
Considerando que en el presente caso es patente la contradicción de intereses, dado que la misma persona actúa en su propio nombre, de una parte como cónyuge del hipotecante no deudor, casados en régimen de gananciales y a la vez en representación —mediante la sustitución realizada— del mismo acreedor sin haber obtenido la autorización expresa de éste; que además la lectura de las distintas escrituras calificadas en donde se han verificado las reducciones de las distintas responsabilidades que gravan las fincas hipotecadas, así como la cancelación total de la hipoteca en alguna de ellas o parciales en otras, con sucesivas rectificaciones en cuanto a esta materia en la última escritura autorizada, todo ello sin haberse acreditado además el cumplimiento de las condiciones exigidas para hacer estas cancelaciones pone de relieve que estas delicadas cuestiones no puede realizarlas por sí solas el sustituto, máxime si como ya se ha indicado, el acreedor no había facultado expresamente al mandatario para que lo sustituyera en el mandato por persona que tiene interés contrapuesto.
Esta Dirección General ha acordado confirmar el Auto apelado y la nota del Registrador. Lo que, con devolución del expediente original comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 1 de febrero de 1980.— El Director General, Francisco Javier Die Lamana.— Excmo. señor Presidente de la Audiencia Territorial de La Coruña {Boletín Oficial del Estado, de 13 de febrero de 1980.)
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