Resolución de 12 de febrero de 1998

Órgano recurrido:Registro de la Propiedad
Fecha de Resolución:12 de Febrero de 1998
Publicado en:BOE, 3 de Marzo de 1998
RESUMEN

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, doña María Aguilera Pérez, en nombre de don Pedro Gervasio Campo Martínez, contra la negativa de don Rafael Arozamena Poves, Registrador de la Propiedad de Santander número 1, a practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer en virtud de apelación del Sr. Registrador.

 
CONTENIDO

HECHOS I

El día 9 de diciembre de 1993, la Magistrada-Jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, en diligencias previas número 861/93, a consecuencia de querella asiento solicitado, en base a la citada Resolución y al número 10 del artículo 42 referido, en relación en el artículo 26.2.° de la Ley Hipotecaria. Que en cuanto al otro defecto de figurar la finca inscrita a nombre de la entidad 'Altarupa, S. L.', no debe impedir la extensión de la anotación preventiva, dada la absoluta identidad de los querellados con la citada sociedad.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: Que se hace remisión a los fundamentos legales que constan en la nota impugnada, de los que resulta claramente que la anotación contemplada en el número 4 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, sólo procede en los juicios civiles. Que el recurrente ha equivocado el camino a seguir, pues lo correcto hubiera sido la interposición de una demanda civil, encaminada a declarar la nulidad por causa de simulación de las escrituras de constitución de las sociedades. Que de haberse procedido así se hubiera podido obtener la anotación preventiva de la demanda, conforme al artículo 42 número 1 de la Ley Hipotecaria. Que conforme a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, en cuanto a la calificación registral de documentos judiciales, se considera que es ajustada a derecho la nota de calificación impugnada.

V

La lima. Magistrada-Jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, informó: Que. constando en las diligencias previas número 861/93. la existencia de un hecho que pudiera ser constitutivo de un delito de alzamiento de bienes del artículo 519 del Código Penal, se acordó la práctica de la anotación a que se refiere el artículo 42. número 4. de la Ley Hipotecaria, por resultar imprescindible para garantizar la efectividad del procedimiento, y que es posible practicar por analogía dicha anotación en una causa criminal. Que no se esta conforme con la denegación de la anotación acordada.

El Presidente del Tribunal Superior cíe Justicia de Cantabria revocó la nota del Registrador, fundándose en cuanto al primer defecto que no tiene consistencia, ya que precisamente lo que se pretende investigar en las diligencias previas número 861/93. en si esa adquisición por una sociedad puede tener carácter fraudulento, y que el mandato de anotación que se hace por la Sra. Jueza es perfectamente congruente, y totalmente necesario, para garantizar el resultado final del proceso en que se ordena; y en cuanto al otro defecto, el Sr. Registrador parte de una interpretación totalmente literal del número 4 del artículo 42, que no es posible cuando se trata de procedimientos criminales, pues con tal tesis restrictiva no se podrá aceptar dar aplicación a las medidas de ase'uramiento de bienes inmuebles que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ha sido aceptada por las Resoluciones de 20 de abril de 1925 y 18 de octubre de 1955.

VII

El Registrador apeló el Auto presidencial, manteniéndose en sus alegaciones, y añadió: 1.° Que las anotaciones preventivas se rigen por el sistema de 'mimenis clausus'. y sólo se pueden practicar aquellos supuestos reconocidos por la ley, tal como lo demuestra el artículo 42 de la Ley Hipotecaria. 2.° Que si prevaleciera la Resolución impugnada, la práctica de la anotación ordenada iría en contra del principio de tracto sucesivo, consagrado por el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. 3.' Los procedimientos penales no constituyen el cauce idóneo para declarar el carácter fraudulento de un acto jurídico, lo que sólo puede ser establecido en juicio de carácter civil. 4° Que en el auto apelado se omite citar la más reciente jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado y del Tribunal Supremo, que sólo admite la anotación del artículo 42.4.° de la Ley Hipotecaria en los juicios de carácter civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 117.3 de la Constitución Española; 17.2.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los artículos 1,18, 20, 26.2.°, 38, 42.4 de la Ley Hipotecaria y el 100 del Reglamento para su ejecución; las Resoluciones de 20 de abril de 1925. 2 de diciembre de 1944, 18 de octubre de 1955, 1 de abril de 1991, 9, 10 y 11 de diciembre de 1992 y 19 de enero de 1993 y 17 de febrero del mismo año.

  1. Interpuesta en su día querella criminal contra determinadas personas físicas, se ordena por el Juez Instructor, tomar anotación preventiva de prohibición de disponer sobre fincas que aparecen inscritas a nombre de una persona jurídica (Sociedad Limitada) cuyos únicos socios son los querellados según se dice en el mandamiento presentado al Registro. El Registrador deniega la anotación por falta de tracto y por entender que no procede tal tipo de anotación en procedimiento penal, reservada solamente para juicios civiles.

  2. Sin entrar ahora a debatir si la anotación ordenada es la de prohibición de disponer prevista en el número 4 del artículo 42 de Ley Hipotecaria o la de querella, según pone de manifiesto el Juez Instructor en el informe que se acompaña al presente recurso, lo cierto es que las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral (cfr. art. 20 de la Ley Hipotecaria); sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales, pues, si bien es cierto que los Registradores de la Propiedad, como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (art. 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), no lo es menos que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (cfr. art. 24 de la Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni ha intervenido en manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguardia de los Tribunales, conforme al art. 1 de la Ley Hipotecaria), si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en cuya virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana; de ahí que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro.

  3. Por lo anteriormente expuesto, no procede examinar si la anotación pretendida es la de querella y se reunían los requisitos para proceder a su práctica (vid. Resoluciones de 1 de abril de 1991 y 9, 10 y 11 de diciembre de 1992) o era literalmente la de prohibición de disponer reservada a procedimientos civiles.

La Dirección General ha acordado revocar el Auto apelado sólo en los términos arriba expresados.

Madrid, 12 de febrero de 1998.-E1 Director general. Fdo.: Luis María Cabello de los Cobos y Mancha.-Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

(B. O. E. 3-3-1998)