SENTENCIA DE 2018 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPARTAMENTO PRIMERO, 8 de Noviembre de 2018

Fecha de Resolución: 8 de Noviembre de 2018
Emisor:DEPARTAMENTO PRIMERO
Asunto:SENTENCIA nº 10 de 2018 de Tribunal de Cuentas - DEPARTAMENTO PRIMERO, 08-11-2018
RESUMEN

Procedimiento de reintegro por alcance nº A73/17 del ramo de sector público local (Informe de fiscalización “Análisis de la gestión de los fondos líquidos del municipio de Estepona, ejercicio 2012”), ámbito territorial de la provincia de Málaga.

 
CONTENIDO
Resolución
SENTENCIA
Número/Año
10/2018
Dictada por
DEPARTAMENTO PRIMERO DE ENJUICIAMIENTO
Título
Sentencia nº 10 del año 2018
Fecha de Resolución
8/11/2018
Ponente/s
EXCMA. SRA. DÑA. MARÍA ANTO NIA LOZANO ÁLVAREZ
Situación actual
NO FIRME
Asunto:
P
rocedimiento de reintegro por alcance nº A73/17 del ramo de sector público local (Informe de fiscalización
“Análisis de la gestión de los fondos líquidos del municipio de Estepona, ejercicio 2012”), ámbito territorial de la
provincia de Málaga.
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Sentencia nº 10/2018, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A73/17 del ramo
de sector público local (Informe de fiscalización “Análisis de la gestión de los fondos líquidos del
municipio de Estepona, ejercicio 2012”), ámbito territorial de la provincia de Málaga.
En Madrid, a ocho de noviembre de dos mil diec iocho.
Vistos por mí, María Antonia Lozano Álvarez, Consejera del Tribunal de Cuentas, los presentes
autos seguidos ante este DEPARTAMENTO PRIMERO por el PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR
ALCANCE nº A73/17, del ramo de sector público local (Informe de fiscalización “Análisis de la
gestión de los fondos líquidos del municipio de Estepona, ejercicio 2012”), ámbito territorial de la
provincia de Málaga, en el que el Ayuntamiento de Este pona representado por el letrado D. Juan
Carlos Bardera Sierra y el procurador D. Daniel Bufalá Balmaseda ha ejercitado demanda de
responsabilidad contable, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra Dña. F. N. M.,
representada por el letrado D. F. J. G. V. y el procurador D. Antonio Ortega Fuentes, D. F. D. P.,
representado por el letrado D. Juan Uribe Ramírez y D. J. M. M. G., representado por el letrado
D. Álvaro Marín García.
En nombre del Rey
He pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por diligencia de reparto de 21 de marzo de 2017 se turnó a este Departamento
Primero de la Sección de Enjuiciamiento el presente procedimiento de reintegro por alcance,
dimanante de las actuaciones previas nº 143/16. Mediante providencia de 28 de marzo de 2017
se acordó el emplazamiento de los legitimados activa y pasivamente, así como la publicación de
edictos.
SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de 30 de mayo de 2017, se acordó tener por
personados en el procedimiento al Ministerio Fiscal, al Ayuntamiento de Estepona, a Dña. A. M.
M. P., a Dña. F. N. M. y a D. J. M. M. G. y dar traslado de las presentes actuaciones al
representante legal del Ayuntamiento de Estepona a los efectos de que presentase demanda si
lo estimaba procedente.
TERCERO.- Con fecha 28 de junio de 2017, el representante legal del Ayuntamiento de Estepona
interpuso demanda de procedimiento de reintegro por alcance contra Dña. F. N. M., solicitando
que fuera condenada como responsable contable directa, al reintegro de los perjuicios causados
a los caudales públicos, así como al abono de los intereses de demora y al pago de las costas
procesales, y contra D. F. R. P. y D. J. M. M. G., solicitando que fueran condenados como
responsables subsidiarios.
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CUARTO.- Mediante diligencia de ordenación de 4 de julio de 2017, se acordó conceder a la
representación procesal del Ayuntamiento de Estepona un plazo de diez días para que subsanara
el defecto de representación advertido en la demanda.
QUINTO.- Con fecha 11 de julio de 2017, se recibió escrito del representante legal del
Ayuntamiento de Estepona junto al que aportó los decretos del Ayuntamiento que habilitaban
para el ejercicio de las acciones tendentes a la reposición del posible alcance. Asimismo,
mediante escrito recibido con fecha 13 de julio de 2017 aportó el informe del Letrado municipal.
SEXTO.- Mediante decreto de 18 de julio de 2017, se acordó admitir a trámite la demanda
presentada, emplazar a D. F. R. P. a fin de que compareciera en autos personándose en forma,
dar traslado de la demanda a todos los demandados para que la contestaran y oír a las partes
sobre la cuantía del procedimiento.
SÉPTIMO.- El letrado de D. F. R. P. compareció en autos con fecha 13 de septiembre de 2017.
Mediante diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2017 se le tuvo por personado en el
procedimiento y se le dio traslado de la demanda a efectos de su contestación.
OCTAVO.- Con fecha 21 de septiembre de 2017, la representación procesal de D. J. M. M. G.
presentó escrito de contestación a la demanda, en el que formuló la excepción de litisconsorcio
pasivo necesario e interesó la desestimación íntegra de la demanda dirigida contra su
representado, con imposición de costas a l demandante.
NOVENO.- Mediante auto de 20 de octubre de 2017, se acordó desestimar la petición de
intervención provocada formulada por la representación procesal de Dña. F. N. M. y, en
consecuencia, ordenar la reanudación del plazo de contestación a la demanda concedido a los
demandados.
DÉCIMO.- Con fecha 14 de noviembre de 2017, se recibió el escrito de contestación a la
demanda presentado por la representación de Dña. F. N. M., en el que también interesó la
desestimación íntegra de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.
UNDÉCIMO.- Previa audiencia de las partes, mediante auto de 17 de noviembre de 2017, se
acordó fijar la cuantía del procedimiento en 244.715,70 euros, acordándose que se siguiera el
procedimiento por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio
declarativo ordinario. Mediante auto de la misma fecha, se tuvo a Dña. A. M. M. P. por apartada
del procedimiento, al no ostentar la condic ión de parte demandante ni demandada.
DUODÉCIMO.- Mediante auto de 21 de diciembre de 2017, se acordó desestimar la petición de
intervención provocada formulada por la representación procesal de D. F. D. P. y, en
consecuencia, ordenar la reanudación del plazo de contestación a la demanda concedido a los
demandados.
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DECIMOTERCERO.- Con fecha 9 de febrero de 2018, la representación de D. F. D. P. presentó el
escrito de contestación a la demanda en el que también interesó la desestimación íntegra de la
demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.
DECIMOCUARTO.- Mediante diligencia de ordenación de 27 de febrero de 2018, se acordó
admitir los escritos de contestación a la demanda presentados por los demandados y citar a las
partes intervinientes a la celebración de la audiencia previa, prevista en los artículos 414 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el día 18 de abril de 2018.
DECIMOQUINTO.- Visto el escrito presentado por la representación procesal de Dña. F. N. M.,
recibido en este Tribunal con fecha 7 de marzo de 2018, mediante el cual solicitó la suspensión
de la audiencia previa prevista para el día 18 de abril de 2018, por haber sido citado el letrado de
la demandada para comparecer a un juicio penal en la misma fecha, mediante diligencia de
ordenación de 8 de marzo de 2018 se acordó suspender la celebración de la vista para la fecha
inicialmente prevista y convocar nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia
previa para el día 30 de mayo de 2018 a las 11,00 horas.
DECIMOSEXTO.- Visto el escrito presentado por el procurador de Dña. F. N. M., recibido en este
Tribunal con fecha 22 de mayo de 2018, con el que aportó el dictamen pericial caligráfico
anunciado en su contestación a la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, mediante diligencia de ordenación de 23 de mayo de 2018 se acordó
admitir el citado escrito con la documentación adjunta y dar traslado del mismo a las demás
partes.
DECIMOSEPTIMO.- Visto el escrito presentado por el letrado de D. J. M. M. G., recibido en este
Tribunal con fecha 28 de mayo de 2018, en el que solicitó la suspensión de la audiencia previa
prevista para el día 30 de mayo de 2018 por motivos de salud que impedían al letrado la
asistencia a la vista, mediante diligencia de ordenación de 29 de mayo de 2018 se acordó
suspender de nuevo la celebración de la vista para la fecha inicialmente prevista y convocar
nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia previa para el día 20 de junio de
2018 a las 11,00 horas.
DECIMOCTAVO.- Con fecha 20 de junio de 2018 se celebró la audiencia previa correspondiente
al procedimiento de reintegro por alcance nº A73/17, en la que una vez oídas las partes, se
admitió la prueba documental, la de interrogatorio de parte, la testifical y la perici al. Asimismo se
acordó convocar a las partes al juicio correspondiente para el día 19 de septiembre de 2018.
DECIMONOVENO.- Mediante auto de 27 de junio de 2018, se acordó desestimar la excepción de
litisconsorcio pasivo necesario, formulada por el letrado de D. J. M. M. G. respecto de Dña. A. M.
M. P., como responsable contable directa, y respecto de la persona titular de la jefatura de
contabilidad del Ayuntamiento de Estepona durante el período investigado, como responsable
contable subsidiaria.
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VIGÉSIMO.- Con fecha 9 de julio de 2018 se recibió un escrito del representante procesal de D. J.
M. M. G., mediante el cual interpuso recurso de reposición contra el auto de 27 de junio de
2018. Dicho recurso fue desestimado mediant e auto de 13 de septiembre de 2018, que confirmó
la resolución recurrida.
VIGESIMOPRIMERO.- Habiéndose practicado la prueba documental admitida en la audiencia
previa, mediante diligencia de ordenación de 25 de julio de 2018 se acordó su envío a las partes
personadas a efectos de darles vista de la prueba practicada.
VIGESIMOSEGUNDO.- Visto el escrito presentado por el representante procesal del
Ayuntamiento de Estepona, recibido en este Tribunal con fecha 4 de septiembre de 2018,
mediante el cual formuló tacha del testigo D. M. M. L., propuesto por la representación de Dña.
F. N. M., mediante diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2018 se acordó admitir el
citado escrito con la documentación adjunta y dar traslado del mismo a las partes por término
común de tres días, a fin de que pudieran oponerse a la tacha formulada.
VIGESIMOTERCERO.- Visto el escrito presentado por la representación procesal de Dña. F. N. M.,
recibido en este Tribunal con fecha 17 de septiembre de 2018, mediante el cual solicitó la
suspensión del juicio, alegando que el letrado de la demandada se encontraba físicamente
impedido para asistir a la vista debido a una lesión, mediante providencia de la misma fecha se
acordó desestimar la solicitud de suspensión de la vista.
VIGESIMOCUARTO.- Con fecha 17 de septiembre de 2018 también se recibió un escrito del
letrado de D. F. D. P, mediante el cual puso en conocimiento de este Tribunal que su
representado había sufrido una enfermedad que le ha causado la extirpación de las cuerdas
vocales y la consiguiente pérdida de la capacidad de comunicación oral por lo que solicitó que se
habilitaran los medios necesarios que le permitieran responder por escrito a las preguntas que se
le pudieran formular en el acto del juicio. Una vez recibido el informe médico acreditativo de la
circunstancia alegada, mediante providencia de 18 de septiembre de 2018, se acordó declarar la
imposibilidad de practicar la prueba de interrogatorio del demandado D. F. D. P..
VIGESIMOQUINTO.- Con fecha 19 de septiembre de 2018, se celebró el acto del juicio, en el que,
una vez practicada la prueba de interrogatorio de los demandados, la pericial y la testifical, las
partes intervinientes presentaron sus conclusiones. Seguidamente, esta Consejera declaró el
pleito concluso y visto para sentencia.
VIGESIMOSEXTO.- Dada la complejidad de las cuestiones a resolver en la presente sentencia se
hizo preciso ampliar el plazo para dictar sentencia establecido en el artículo 434.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
II.- HECHOS PROBADOS.
Los hechos que se declaran probados lo son en virtud de las pruebas documentales
obrantes en las actuaciones previas y en las diligencias preliminares, así como de las
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documentales aportadas y solicitadas por las partes y de las pruebas de interrogatorio de parte,
testifical y pericial practicadas en el acto del juicio.
PRIMERO.- En el periodo comprendido entre los meses de febrero de 2009 y julio de 2012, en el
Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Estepona prestaron servicios efectivos las
siguientes personas (folios 35 y siguientes de la pieza de actuaciones previas):
NOMBRE CATEGORÍA FUNCIONES PERÍODO
F. D. P. Tesorero Tesorero
01/02/09 a 08/01/10
04/04/11 a 16/04/12
M. J. M. M. G. Administrativo Tesorero 13/01/10 a 03/04/11
A. B. F. T.A.E Tesorero 17/04/12 a 31/07/12
A. M. M. P. Administrativo
Jefa Negociado 01/02/09 a 31/07/12
Tesorera 09/01/10 a 12/01/10
J. N. S. Administrativo Administrativo 01/06/10 a 31/07/12
C. G. A. N. Auxiliar admvo. Administrativo 15/05/09 a 31/07/12
M. I. R. S. Auxiliar admvo. Administrativo 01/02/09 a 31/07/12
F. N. M. Auxiliar admvo. Administrativo 01/02/09 a 18/06/12
SEGUNDO.- Con fecha 13 de abril de 2012, la Interventora accidental del Ayuntamiento de
Estepona puso en conocimiento del Alcalde la detección de presuntas irregularidades en la
Tesorería municipal. Solicitado informe al Tesorero municipal al respecto, que fue entregado al
Alcalde con fecha 16 de abril de 201 2 y debido a la gravedad de los hechos, mediante decreto de
esta misma fecha, el Alcalde acordó poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional,
ordenar el inicio de una investigación, dispensar al Tesorero D. F. D. P. de la asistencia a su
puesto de trabajo durante la investigación y nombrar, durante dicha dispensa, como Tesorero
accidental al funcionario municipal, Jefe de Gestión Tributaria, D. A. B. F. (folios 48 y 49 de la
pieza de actuaciones previas y documento nº 4 de la contestación a la demanda de D. F. D. P.).
TERCERO.- Como consecuencia de dicha investigación, D. A. B. F. elaboró quince informes en el
periodo comprendido entre el 19 de abril de 2012 y el 17 de diciembre de 2014 en los que el
Tesorero accidental concretó y cuantificó las diferencias existentes entre la recaudación real y la
que figuraba en la Tesorería Municipal, individualizando las mismas por ejercicio (anexo I a la
pieza de actuaciones previas).
CUARTO.- Mediante decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona de 20 abril de 2012, se
acordó la apertura de expediente disciplinario a Dña. F. N. M., que fue sus pendida cautelarmente
de empleo y sueldo, designándose instructor, dándose audiencia a la interesada y notificándose
la incoación al comité de empresa. Finalizado el expediente disciplinario con fecha 18 de junio de
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2012, este concluyó con el despido de la Sra. F. N. M. (hechos probados segundo y tercero de la
sentencia de 24 de enero de 2013 dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga obrante a
los folios 186 a 197 de la pieza de actuaciones previas).
QUINTO.- Con fecha 24 de enero de 2013, el Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga dictó sentencia
en la que desestimó la demanda interpuesta por Dña. F. N. M. contra el Ayuntamiento de
Estepona, declarando procedente el despido de aquella.
SEXTO.- Con fecha 20 de junio de 2013, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía dictó sentencia en la que desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la Sra. F.
N. M. contra la sentencia del Juzgado de lo Social de 24 de enero de 2013 (folios 547 a 550 del
anexo I a la pieza de actuaciones previas).
SÉPTIMO.- Como consecuencia de la denuncia interpuesta por el Alcalde del Ayuntamiento de
Estepona ante la Dirección General de la Policía UDYCO-Costa del Sol, sección de Delincuencia
Económica y Blanqueo de Capitales, con fecha 17 de abril de 2012, en la que puso de manifiesto
los mismos hechos objeto del presente procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Estepona incoó las Diligencias Previas nº 1002/2012 (folios 538 y 552 del
Anexo I a la pieza de actuaciones previas). En las citadas Diligencias figuran como imputados D ña.
F. N. M., D. F. A. D. P., D. J. N. S., Dña. C. G. A. N., Dña. M. I. R. S., D. J. L. D. L. y D. F. J. G. V..
OCTAVO.- Como consecuencia de la denuncia interpuesta por Dña. F. N. M., en la que ponía de
manifiesto la existencia de hechos que podían revestir los caracteres de delitos de malversación
pública, falsedad documental, usurpación de estado civil y contra la intimidad, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepona acordó incoar las Diligencias Previas nº
814/2012 mediante auto de 3 de mayo de 2012 (doc. nº 16 adjunto a las contestaciones a la
demanda de la Sra. F. N. M. y del Sr. J. M. M. G.).
NOVENO.- El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2015 aprobó por unanimidad el Informe de fiscalización sobre el análisis de la
gestión de los fondos líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto de Santa
María y Estepona, correspondiente al ejercicio 2012. En dicho informe se pone de manifiesto, en
relación con los Ayuntamientos de Dos Hermanas y Estepona “que la organización que tenían
establecida en el servicio de tesorería era inadecuada, y que además la función recaudatoria de
determinados derechos y el manejo de fondos públicos por caja no han estado sujetos a
mecanismos de control eficaces” (página 43 del citado informe).
DÉCIMO.- Con fecha 11 de marzo de 2015, el representante de la empresa mercantil “Aytos
Soluciones Informáticas, S.L.U. remitió un informe al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 4 de Estepona en el que explicaba las operaciones de anulación y eliminación de operaciones
contables que era posible realizar en el programa de contabilidad denominado “SicalWin”,
afirmando lo siguiente (folios 42 a 45 de la pieza separada de prueba del Ayuntamiento de
Estepona):
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“a. Anulación de operaciones contables: esta actuación es una operación totalmente
normal en el proceso contable y consiste en la cancelación total o parcial de una operación
contable previamente asentada. Los efectos de esta actuación sí son perfe ctamente visibles en el
sistema contable SicalWin y en cualquier listado que se obtenga de dicho producto. Aunque por
el contenido del mandamiento entendemos que no se están refiriendo a esta actuación, hemos
creído conveniente aclarar este extremo, por si fuera necesaria eventualmente su aportación al
Juzgado en cumplimiento de nuestro deber de colaboración.
b. Eliminación de operaciones: a diferencia del caso anterior, esta actuación está
concebida para "no dejar rastro contable" en la eliminación física de una operación previamente
asentada en la contabilidad. El motivo por el que se habilitó dicho proceso en el aplicativo
SicalWin respondía a las demandas de muchos de nuestros clientes (Entidades Locales) en el
sentido de evitar "borrones" en la contabilidad, ya que el único modo que hasta ese momento
tenían para corregir errores en el proceso de introducción de datos de una operación contable,
pasaba por anular la misma, de tal modo que en todos los listados contables aparecía la
operación positiva y la anulación correspondiente (o sea, el cor respondiente "borrón").
Para evitar esta situación, se diseñó el proceso o función de eliminación, que como se ha dicho
anteriormente, elimina todo rastro de una operación previamente asentada en la contabilidad,
cuando el operario actuante considera que la misma es errónea o incorrecta y que por tanto
debe desaparecer.
3. Que inicialmente esta funcionalidad se incluyó sin dejar constancia de los procesos de
eliminación que se llevaban a cabo, lo que finalmente derivó en reclamaciones de los clientes
que aseguraban no haber utilizado este proceso de eliminación, pero manteniendo que SicalWin
había "eliminado por sí mismo información contable", en una suerte de mal funcionamiento o
posible error del aplicativo. En evitación de este tipo de dudas de nuestro cliente, AYTOS
SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. optó por incluir un añadido al proceso de eliminación de
operaciones original, consistente en la conservación una copia de los elementos eliminados.
4. Que la copia de la información eliminada quedaba "o culta" a ojos de los usuarios de la
aplicación, y solo se podría localizar accediendo directamente a la base de datos en la que se
almacena, y lógicamente, conociendo e identificando la tabla que almacena dicha información”.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La pretensión de responsabilidad contable planteada por la representación procesal
del Ayuntamiento de Estepona se concreta en que sea declarada la existencia de un perjuicio en
los caudales públicos cifrado en 244.715,70 euros de principal y que se condene a Dña. F. N. M.
como responsable contable directa, al reintegro de dicha cantidad, así como al abono de los
intereses legales de conformidad con lo establecido en el artículo 71.4 e) de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y al pago de las costas procesales, y a D. F. D. P. y a D. J.
M. M. G., como responsables contables subsidiarios, al reintegro de 153.471,07 euros y
91.244,63 euros, respectivamente, así como al abono de sus correspondientes intereses y costas.
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Fundamenta sus pretensiones la parte demandante e n la existencia de un menoscabo en
las arcas municipales de 244.715,70 euros, conforme se recoge en los diversos informes emitidos
por la Tesorería Municipal y por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esta parte considera que
dicha cantidad no ha sido ingresada en ninguna cuenta corriente de la Corporación y que Dña. F.
N. M. resulta ser la responsable directa de dicho alcance por los siguientes motivos, haciendo
especial hincapié en los hechos declarados probados en las sentencias de la jurisdicción social
que declararon procedente su despido:
- Era la persona encargada de recibir el dinero en efectivo, siendo la única q ue cobraba el
complemento de quebranto de moneda.
- La mayoría de las anulaciones y eliminaciones se hacen desde su terminal, utilizando su
clave, y el usuario "XXXX".
- Era igualmente, la encargada del Libro auxiliar de caja, en el que hacía anotaciones.
- Era la única persona del departamento de Tesorería que estaba trabajando cuando se
realizaron todas y cada una de las anulaciones/eliminaciones.
- Esos ingresos no tuvieron su reflejo en el libro auxiliar de caja, del que se encargaba la
Sra. F. N. M..
- De la misma manera, el dinero en efectivo que era entregado a la Sra. F. N. M., no se
depositó ni en la caja fuerte de Tesorería, ni en ninguna cuenta bancaria del Ayuntamiento.
Por otra parte, en la demanda se manifiesta que en el presente caso concurren los
siguientes requisitos exigidos jurisprudencialmente por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
para determinar la existencia de responsabilidad contable, tal y como se recoge, entre otras, en
la sentencia de 30 de junio de 1992:
1°.- Que exista una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el
manejo de caudales o efectos públicos (Dña. F. N. M., era la encargada de coger el dinero en
efectivo y anotarlo en el libro auxiliar de caja, cobrando el correspondiente quebranto de
moneda, siendo la única empleada del departamento que lo cobraba, debiendo depositarlo en la
caja fuerte o ingresarlo en la cuenta de la Corporación).
2°.- Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes
recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos
(aparece claramente en los informes de la Tesorería Municipal, que existe un daño en las arcas
municipales, atribuible a la Sra. F. N. M.).
3°.- Que la mencionada acción u omisión suponga una vulneración de la normativa
presupuestaria y contable reguladora del sector público de que se trate (en este caso se
practicaban anulaciones/eliminaciones que no se comunicaban a los afectados, alterando a su
vez los datos del libro auxiliar de caja, y en el programa de contabilidad, sin ingresar el dinero en
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efectivo que se recibía, vulnerándose así de forma palmaria la normativa de contabilidad y la
4°.- Que la repetida acción u omisión esté marcada por una nota de s ubjetividad, pues su
consecuencia inmediata es la producción de un menoscabo en los precitados caudales o efectos
públicos por dolo, culpa o negligencia grave. (Es claro el menoscabo producido en las arcas
municipales, así como el dolo utilizado por la demandada para menoscabar los caudales
públicos, como se pone de manifiesto en las sentencias del orden social y en los Informes
evacuados por la Tesorería del Ayuntamiento).
5°.- Que el menoscabo producido sea efectivo, individualizado con relación a
determinados caudales o efectos y evaluable económicamente (la parte actora se reitera en
todos y cada uno de los informes de la Tesorería Municipal donde se va cuantificando y
detallando la deuda, hasta llegar a la cantidad ahora reclamada).
6°.- Que exista una relació n de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el
daño efectivamente producido (lo que resulta más que evidente a juicio de la actora a la vista de
los hechos relatados y de los informes aportados y evacuados por la Tesorería Municipal).
Por tanto, la representación del Ayuntamiento de Estepona concluye que se dan todos y
cada uno de los requisitos jurisprudenciales para exigirle a Dña. F. N. M., como responsable
contable directa del alcance producido, el reintegro de la cantidad de 244.715,70 euros, más los
intereses legales correspondientes, ya que su condición de gestora de fondos públicos del
Ayuntamiento, y su competencia en el proceso de recepción de diversos ingresos, le convierten
en responsable de los fondos recibidos y en cuentadante de su inversión, debiendo rendir
cuentas de las cantidades que le fueron entregadas. Habiendo quedado probado que la cantidad
de 244.715,70 euros, no fue ingresada en la contabilidad municipal y al no poder justificar el
destino dado a las mismas, esta parte considera que, cuanto menos incurrió en una conducta
dolosa (o en el peor de los casos gravemente negligente), por haber omitido las obligaciones
legales y contractuales que le afectaban como gestora de fondos públicos.
En cuanto a la exigencia de responsabilidad subsidiaria, la parte actora, tras citar el
artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, sostiene en la demanda que, en el
presente caso se ha puesto de manifiesto la falta de adopción de medidas de supervisión por los
entonces responsables de la Tesorería (Sr. D. P., funcionario de habilitación nacional, y Tesorero
durante más de 15 años, y el Sr. M., durante algo más de uno), que bien hubieran podido haber
evitado o disminuido el resultado producido .
Por tanto, esta parte considera que debieron ser los que actuaron como Tesoreros del
Ayuntamiento los que establecieran y dispusieran los mecanismos y filtros necesarios que
hubieran evitado el menoscabo producido. Así, haciendo suyos los razonamientos expuestos en
el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, sobre el "Análisis de la gestión de
los fondos líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María y
Estepona, 2012", (págs. 43, 44, 54, y 55), pone de manifiesto que la organi zación que tenían
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establecida en el servicio de Tesorería era inadecuada, y que además la función recaudatoria de
determinados derechos y el manejo de fondos públicos por caja no estaban sujetos a
mecanismos de control eficaces. Las deficiencias organizativas detectadas en el curso de la
auditoría, se refieren a los sistemas de recaudación establecidos, a cuestiones informáticas y a
aspectos de reparto de funciones. Por tanto, y dado que era una sola persona la encargada de
custodiar los fondos existentes en caja, de emitir y conservar la documentación soporte de las
operaciones realizadas y de proceder a su correspondiente registro contable, se puede concluir
que en estas entidades no había establecido ningún mecanismo que permitiera controlar si lo
efectivamente contabilizado se correspondía con la recaudación obtenida y que se custodiaba en
la caja municipal. Por otro lado, no consta que los titulares de los departamentos de tesorería
realizasen ninguna función o actividad de custodia de los fondos públicos gestionados por caja,
incumpliendo las obligaciones contenidas en el artículo 5.1 a) del Real Decreto 1174/1987. No se
ha aportado la realización de ningún arqueo o recuento de existencias para verificar que el saldo
contable y el efectivamente disponible en las cajas de tesorería fuesen coincidentes. Tampoco
consta la realización de ninguna otra actuación de control por parte de los tesoreros.
Por tanto, para la demandante queda claro que la organización interna implantada para
esta área en el Ayuntamiento de Estepona, que estaba dirigida por el funcionario de habilitación
nacional, Sr. D. P. durante más de 15 años en el mismo Ayuntamiento, era inadecuada, y los
mecanismos de control, prácticamente inexistentes. Realizadas las mismas funciones de
Tesorero durante un año (en comisión de servicios) por el Sr. J. M. M. G., los controles siguieron
siendo ínfimos, permitiéndose por ambos funcionarios que el acceso de los usuarios al programa
de contabilidad no estuviera limitado, permitiendo igualmente a una única persona que
dispusiera de la recaudación obtenida y que anotara las operaciones en el libro auxiliar de caja,
autorizando a cualquier empleado de la Tesorería, a registrar asientos, rectificarlos o anularlos
sin ningún tipo de supervisión anterio r o posterior.
En la demanda se ponen en relación esta realidad fáctica con la doctrina emanada de ese
Tribunal, poniendo como ejemplo la sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
10/2000, de 3 de julio, que señala que “Cuando un gestor de fondos públicos se hace cargo de
sus nuevas funciones, la diligencia exigible le obliga a realizar las revisiones necesarias para
conocer el estado de los bienes y derechos a cuyo manejo accede, debiendo plantear cuantas
objeciones estime oportunas de acuerdo co n los resultados de su supervisión. Iniciar su actividad
gestora sin un adecuado conocimiento de la identidad e identidad del Patrimonio cedido a su
confianza, constituye una forma de gestión gravemente negligente. (…) El gestor está
jurídicamente vinculado a responsabilizarse del correcto estado de los fondos que recibe, o en su
caso, a manifestar las irregularidades que haya detectado respecto a ellos".
Considera la parte actora que en este caso se constata esa culpa in vigilando, esa falta de
diligencia necesaria y mínimamente exigida. Por tanto, dado que era una sola persona la que
asumía la gestión recaudatoria por caja, conservaba la documentación soporte y registraba las
operaciones, se puede concluir que no había establecido ningún mecanismo que permitiera
controlar si lo efectivamente contabilizado se correspondía con la recaudación obtenida y se
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custodiaba en la caja municipal. En definitiva, concluye que los dos funcionarios que
desarrollaron sus funciones como Tesoreros del Ayuntamiento, deben responder
subsidiariamente por sus respectivos periodos en la cuantía establecida en la demanda.
Asimismo, en el acto del juicio citó las sentencias de la Sala de Justicia 15/2016 y 31/2004 para
recordar que el posible incumplimiento por parte de otros de las obligaciones que tienen
atribuidas nunca puede constituir causa para que uno deje de atender las propias y que las
deficiencias organizativas, lejos de ser causa de exoneración de la obligación del gestor público
de manejarlos con la debida diligencia, refuerzan dicho deber.
El Ministerio Fiscal, por su parte, se adhirió a la acción de responsabilidad contable
ejercida por el Ayuntamiento de Estepona e interesó una sentencia estimatoria de sus
pretensiones. En el acto del juicio, manifestó en primer lugar que debía desestimarse la
excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la representación de D. F. D. P. pues el
demandado ejerció el cargo de tesorero del Ayuntamiento durante la mayor parte del periodo
en el que se produjeron los hechos y tanto de sus propias manifestaciones como de lo alegado
en la contestación a la demanda y de las disposiciones legales que rigen su desempeño, se
deduce que participaba en el manejo de lo s caudales y efectos públicos del Ayuntamiento.
En cuanto al fondo del asunto, el Ministerio Fiscal se remitió a lo expuesto por la
representación del Ayuntamiento de Estepona al no haberse cuestionado por los demandados
las conclusiones de los informes de Tesorería y del informe de fiscalización en relación con el
perjuicio causado a los fondos públicos. Respecto a la responsabilidad contable, consideró
constatado que la Sra. F. N. M. era la persona que estaba trabajando en todos los momentos en
los que se producen anulaciones y eliminaciones y, en relación con la prueba pericial practicada,
el Fiscal planteó dudas sobre la coherencia interna y la fiabilidad de las conclusiones del informe
aportado a la causa por la representación de la demandada. Asimismo, manifestó que para
entender que la Sra. F. N. M. no fue quien realizó las acciones que dieron lugar al perjuicio sería
preciso aceptar la existencia de una confabulación que implicó a Tesorería, Intervención y resto
del personal que trabajaba con la demandada para la realización del resultado dañoso, sin que
exista prueba alguna de este hecho.
Asimismo, el Fiscal destacó las contradicciones en las que, a su juicio, incurrió la Sra. F. N.
M. en su declaración frente a la contundencia de las conclusiones de los informes de Tesorería,
habiendo quedado probado que ella era la persona que manejaba el efectivo, tenía la llave de la
caja de efectivo y se encontraba en su puesto en el momento en que se produjeron las
eliminaciones y/o anulaciones de asientos contables. Por todo ello, el Fiscal interesó que se
declarara la responsabilidad contable directa de la demandada al haberse producido un alcance
en los fondos públicos imputable a una persona que es cuentadante y que ha infringido toda la
normativa que regula el manejo de los fondos efectivo en el Ayuntamiento de Estepona,
existiendo una relación de causalidad entre su conducta y el perjuicio causado.
Respecto a los demandados como responsables subsidiarios, el Fiscal manifestó que, de
lo dicho en el informe de fiscalización, de la prueba documental obrante en autos y de la
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testifical, se debe concluir que los tesoreros, encargados por disposición legal de la custodia de
los fondos del Ayuntamiento, eran los responsables de las deficiencias existentes en el sistema
establecido para la gestión y vigilancia de los fondos en efectivo del Ayuntamiento, en el que no
había segregación de funciones y se podían realizar eliminaciones y anulaciones de asientos
contables sin control alguno, situación que permitió la producción del alcance. Por estos motivo s,
solicitó la condena de los Sres. D. P. y J. M. M. G. como responsables subsidiarios del alcance.
SEGUNDO.- La representación procesal de Dña. F. N. M., demandada como respo nsable contable
directa, solicitó la desestimación integra de la demanda con imposición de costas a la parte
actora alegando, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de su representada por los
motivos expuestos en su escrito de contestación a la demanda. En dicho escrito afirmó que su
representada no ha incurrido en ningún tipo de responsabilidad por alcance contable, ni directa
ni con carácter subsidiario. En particular, basándose en el informe pericial que aportó con
posterioridad a la contestación, consideró probado que la demandada no ha recibido el ingreso
en efectivo consignado en las cartas de pago cuya autenticidad se han impugnado, no siendo
suya la firma que obra en dichas cartas de pago.
Por otra parte, la representación de la Sra. F. N. M. alegó que ella no era la única
empleada que atendía al público, recibía el ingreso en efectivo y emitía la carta de pago, sino que
en varias ocasiones lo hacían otras empleadas aun encontrándose trabajando su representada.
Además, consideró acreditada la existencia de operaciones de ingresos efectuadas por persona
distinta de su representada, la cual ha recibido el ingreso en efectivo y emitido la
correspondiente carta de pago, habiendo sido anulada con posterioridad dicha operación de
ingreso, sin que haya sido con la clave de la Sra. F. N. M..
A ello añadió que, incluso en aquellos casos en que su mandante recibía el ingreso, lo
entregaba inmediatamente a la cajera, al igual que hacían el resto de empleadas cuando se
encontraba ausente la Sra. F. N. M., se lo entregaban a doña A. M. M. P., cajera y Jefa de
negociado, quien tenía la llave de la caja fuerte.
Del mismo modo, alegó que la Sra. F. N. M. no era la encargada de recepcionar en última
instancia el efectivo ni de custodiar los importes que se abonaban en efectivo en la delegación de
la Tesorería municipal, ni de depositarlos en la caja fuerte para proceder posteriormente a su
ingreso en las cuentas bancarias del Ayuntamiento, ni de pasar a la firma del Tesorero todos los
talones de cargo correspondientes a cada carta de pago emitida; ni de comprobar los saldos y
movimientos contables existentes en el programa contable y compararlos con los movimientos y
saldos existentes en el libro auxiliar de caja; ni de verificar si dichos saldos coincidían con el
importe que había en efectivo en la caja fuerte, ni de comprobar los saldos y movimientos
contables existentes en el programa contable en la cuenta de bancos y compararlos con los
movimientos y saldos existentes en las distintas cuentas bancarias; ni de verificar si dichos saldos
coincidían con el saldo existente en las distintas cuentas bancarias; ni de realizar las distintas
actas de arqueo; dado que todas estas funciones eran desempeñadas por la Sra. A. M. M. P..
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Igualmente, la representación de la Sra. F. N. M. defendió que su representada no sabía hacer
ninguna operación de anulación/eliminación de ingresos. Las únicas personas que lo hacían era
la Jefa de negociado de Tesorería y la funcionaria de Intervención municipal, Dña. F. P. L., por lo
que las operaciones que según los distintos informes se han realizado bajo el usuario de su
representada, no las ha efectuado ella personalmente.
Por todo ello, esta parte entiende que no concurren en su representada los requisitos exigidos
jurisprudencialmente por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas para exigirle la
responsabilidad por alcance contable que se pretende de contrario, pues dicha responsabilidad
debería haberse exigido la Sra. A. M. M. P..
TERCERO.- La representación de D. F. D. P., demandado como responsable contable subsidiario,
solicita asimismo la desestimación íntegra de la demanda interpuesta por la representación del
Ayuntamiento de Estepona, alegando en primer lugar la falta de legitimación pasiva de su
representado por los motivos aducidos en su escrito de contestación a la demanda.
En dicho escrito, tras impugnar el valor probatorio de los informes de Tesorería y citar los
elementos determinantes de la responsabil idad contable subsidiaria definidos por la legislación y
por la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, esta parte concluye que no puede
declararse a su patrocinado responsable contable subsidiario ya que no sólo no tuvo ninguna
participación en los hechos narrados en la demanda sino que, además, su actuación, cuando
tuvo conocimiento de la primera irregularidad contable y su denuncia de los hechos en el
informe que remitió al Alcalde, fueron las que dieron lugar a que se descubriesen el resto de
irregularidades contables existentes.
El Sr. D. P. defendió que en todo momento actuó con la diligencia debida, no pudié ndose
decir lo mismo de la Cajera y jefa del negociado de Tesorería, doña A. M. M. P., que fue la que
incumplió sus obligaciones. La Sra. A. M. M. P. es la persona que como Cajera de la Tesorería
municipal, estaba encargada de coger y custodiar el dinero cobrado en efectivo, guardarlo en la
caja fuerte y proceder posteriormente a su ingreso en las cuentas bancarias del Ayuntamiento y
que, además, cuando en el ejercicio de sus funciones comparaba el libro de caja con la
contabilidad así como los movimientos de banco o realizaba las distintas actas de arqueo,
observó todas las irregularidades contables que existían sin ponerlas en conocimiento del
Tesorero.
De todo ello, esta parte concluyó que concurren los requisitos exigidos jurisprudencialmente por
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas para considerar a la Sra. A. M. M. P. única responsable
directa de la totalidad del alcance contable detectado, de modo que, no siendo responsable
directa la codemandada Sra. F. N. M., no puede derivarse con carácter subsidiario
responsabilidad contable alguna hacia el Sr. D. P..
CUARTO.- Por último, la representación de D. J. M. M. G., demandado como responsable
contable subsidiario, planteó en primer lugar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, ya
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desestimada mediante auto firme, y también solicitó la desestimación íntegra de la demanda con
expresa condena en costas a la parte demandante.
Esta parte alegó que son dos los elementos que permitieron la desaparición injustificada
de fondos públicos, sobre los que pivota la responsabilidad contable subsidiaria:
1. La aceptación del pago en efectivo metálico por ventanilla en las dependencias de
Tesorería.
2. La posibilidad que el programa informático de contabilidad otorgaba de rectificar
asientos contables, de anulación o eliminación, sin el debido control o autorización, ni previo ni
posterior, incluso practicando anulaciones eliminaciones de ingresos asentados muchos meses
antes de anularse o eliminarse.
En relación con el primer elemento, esta parte alegó que el medio de pago en efectivo
venía siendo aceptado tradicionalmente desde mucho antes de que el Sr. J. M. M. G. tomara
posesión como Tesorero accidental del Ayuntamiento, en enero de 2010. Poco después de su
toma de posesión, el tesorero adoptó la prohibición del pago en efectivo, colocándose al efecto
distintos carteles indicativos expuestos al público expresivos de la prohibición y de la necesidad
del pago por entidades bancarias. Además se suprimió la tradicional "ventanilla mostrador"
existente. Estos hechos fueron corroborados por todos los funcionarios adscritos a Tesorería en
sus declaraciones en sede judicial y ante la policía.
Respecto al segundo elemento mencionado, la alteración de los asientos contable s que
el programa de contabilidad permitía sin reparo ni control alguno, este era determinante e
ineludible para completar la operación de detraer los fondos dinerarios sin ser detectada. Cada
ingreso en efectivo por caja generaba automáticamente carta de pago, validada mecánicamente,
quedando asentado en el programa de contabilidad, como afirma el informe del Tesorero de 30
de octubre de 2012.
Efectivamente, al expedirse la carta de pago, quedaba el ingreso asentado
automáticamente en el programa de contabilidad, de ahí la inutilidad de libro auxiliar de caja,
cuyas funciones las hacía el programa de contabilidad. Obviamente ningún valor podía tener
dicho libro que además no aparecía diligenciado con la firma del Tesorero y cuyos asientos
podían ser omitidos, anulados, eliminados o rectificados con total libertad por la funcionaria que
cobraba los derechos del Ayuntamiento.
La anulación/eliminación del ingreso en el programa de contabilidad, se podía hacer
inmediatamente al producirse el ingreso por caja o pasados muchos meses, ya que el sistema
permitía dicha operación sin limitación alguna en el tiempo. De ahí que en las actas de arqueo
realizadas antes de la toma de posesión y tras el cese del Sr. J. M. M. G. no se detectara el
alcance, porque el saldo de las cuentas bancarias se ajustaba al saldo que arrojaba la
contabilidad manipulada a consecuencia de la anulación/eliminación de 85 asientos contables
concluyéndose en una falsa coherencia contable derivada de una impresión intuitiva y no de la
15
veracidad de la información que suministraba cada uno de los asientos contables de
anulación/eliminación registrados en el programa de contabilidad.
La representación del Sr. J. M. M. G. justificó que su mandante no pudo detectar el
fraude, aun descendiendo a un nivel de mayor detalle, mediante el examen de un listado de
gestión de recibos, porque la realidad es que las anulaciones se producen y son frecuentes, unas
veces por errores aritméticos o materiales, otros porque ha prescrito un derecho, porque exista
una duplicidad en el cobro, por el ejercicio de una acción etc..., esas anulaciones por sí mismas
no son llamativas porque se supone que han sido anuladas mediante un procedimiento
administrativo y en consecuencia dadas de baja, información que no proporciona un listado de
gestión. Lo que esta parte consideró inimaginable y por tanto, imprevisible, es que la misma
persona que cobraba derechos a su vez pudiera anular/eliminar o dar de baja asientos contables
en el programa de contabilidad a completo capricho sin autorización o justificación alguna.
A ello añadió que consta en las actuaciones y en el procedimiento penal que se sigue,
que las claves para acceder y operar con el programa de contabilidad, anulando/eliminando
asientos contables, eran asignadas por el titular jefe de contabilidad y que su mandante no tenía
competencia en contabilidad y por tanto no podía asignar claves del programa de contabilidad,
siendo inimaginable para él que todas las usuarias adscritas a Tesorería - incluido la cajera de
atención al público que cobraba derechos del Ayuntamiento - tuviesen completa libertad para
operar o alterar asientos contables registrados.
Finalmente, esta parte defendió la diligencia empleada por el Sr. J. M. M. G. en el
cumplimiento de sus funciones, pues, en la medida de sus limitadas competencias en cuanto a su
capacidad de gestión como Tesorero, suprimió la ventanilla destinada al cobro en efectivo y
prohibió el pago mediante efectivo. Así, frente a la etapa anterior de la Tesorería y empleando
una diligencia superior a la que indica la norma legal, se colocaron carteles para conocimiento
general de la prohibición de pagos en efectivo, debiéndose hacer los mismos a través de
entidades bancarias.
De esta manera, concluyó que no concurre ni el elemento normativo ni el subjetivo de la
responsabilidad contable, en este caso subsidiaria, no sólo porque no hubo infracción de los
deberes legales o reglamentarios que correspondían a su mandante sino porque además se
empleó una diligencia superior a la establecida en la propia norma citada, al adoptarse medidas
para evitar el daño que resultaron ineficaces precisamente porque la misma persona que
cobraba derechos mediante sus claves podía operar libremente en el programa de contabilidad,
alterando los asientos contables con completa libertad y en su propio provecho.
QUINTO.- Una vez expuestos los argumentos de la demanda y de las contestaciones a la misma,
procede analizar en primer lugar las excepciones procesales planteadas por los demandados en
sus escritos de contestación a la demanda, fundamentalmente la de falta de legitimación pasiva,
formulada por los representantes de Dña. F. N. M. y de D. F. D. P., pues es una cuestión ad
causam, que, como se concluyó en el acto de la audiencia previa, debe ser objeto de análisis en
la sentencia que pone fin al procedimiento en esta primera instancia.
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En cuanto a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, ya fue rechazada mediante
auto de 27 de junio de 2018, confirmado por e l de 13 de septiembre de 2018.
Las dos partes demandadas han planteado su falta de legitimación pasiva de modo
sucinto, manifestando en sus escritos de contestación a la demanda su disconformidad con la
legitimación pasiva de sus representados por los motivos expresados en la narración fáctica y en
la fundamentación jurídica de dichas contestaciones. Es decir, para fundamentar su falta de
legitimación pasiva se han remitido a los argumentos que también han empleado para referirse
al fondo del asunto.
Dicho esto, el hecho de que la Sra. F. N. M. ocupó el puesto de auxiliar administrativa en
el departamento de Tesorería en el momento de los hechos hasta su despido el día 18 de junio
de 2012 y que el Sr. D. P. ejerció el cargo de Tesorero en los periodos comprendidos e ntre el 1 de
febrero de 2009 y el 8 de enero de 2010 y entre el 4 de abril de 2011 y el 16 de abril de 2012, no
ha sido negado ni discutido por ninguna de las partes. En este caso, las partes demandadas
plantean una alegación que en realidad no afecta a su condición de legitimadas pasivas, sino más
bien a su pretensión de ser absueltas de la responsabilidad contable que se le reclama. Lo que
alegan las representaciones de los demandados es un argumento sobre el fondo del asunto y no
sobre la cualidad jurídica de la que deriva su legitimación pasiva, que es un presupuesto de
naturaleza procesal.
Una cosa es que los demandados, por las funciones que ejercieron, puedan ser
responsables contables, que es lo único que exige el artículo 55.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para ser legitimado pasivo en los procesos de
reintegro por alcance, y otra distinta que efectivamente sean responsables contables en el caso
enjuiciado, para lo cual deberían concurrir en su conducta los requisitos del artículo 49.1 de la
citada Ley, lo que forma parte del fondo del asunto y n o puede ser decidido mediante el examen
de una mera excepción procesal.
Acreditado que los demandados se encontraban ejerciendo sus respectivas funciones en
el momento de los hechos, su intervención material en los mismos que pudiera haber generado
un alcance es una cuestión de fondo que en su caso se examinará más adelante, por lo que se
desestima la excepción planteada y se admite la legitimación pasiva de Dña. F. N. M . y de D. F. D.
P. para ser demandados en el presente procedimiento .
SEXTO.- Una vez resueltas las cuestiones procesales debe procederse al examen del fondo del
litigio, empezando por determinar si los hechos enjuiciados son constitutivos de un alcance en
los fondos públicos y, en tal caso, cuál es la cuantía del mismo y si es o no generador de
responsabilidad contable, en los términos previstos en los artículos 49 y 72 de la L ey 7/1988, de 5
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el 38.1 de la Ley Orgánica
2/82, de 12 de mayo.
El apartado primero del artículo 72 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas dispone que: “A efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor
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injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación
en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o
efectos públicos, ostenten o no la condi ción de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, al
señalar en la sentencia 3/1996, de 13 de febrero que se entiende por alcance “el saldo negativo
e injustificado de la cuenta que debe rendir quien tenga a su cargo los caudales o efectos
públicos. No rendir cuentas debiendo hacerlo por razón de estar encargado de la custodia o
manejo de caudales públicos, no justificar el saldo negativo que éstos arrojen, no efectuar
ingresos a que se esté obligado por razón de percepción o tenencia de fondos públicos, sustraer
o consentir que otro sustraiga, o dar ocasión a que un tercero realice la sustracción de c audales o
efectos públicos que se tengan a cargo, aplicándolos a usos propios o ajenos, etc. son todos
supuesto de alcance”
Para poder determinar si se ha producido un alcance, en los términos legales y
jurisprudenciales que se acaban de aludir, es necesario analizar si la falta de ingreso en las
cuentas bancarias de la Corporación de cantidades que fueron inicialmente ingresadas en la caja
del Ayuntamiento ha provocado en el patrimonio público un daño real y efectivo.
Así se desprende de una doctrina extensa y uniforme de la Sala de Justicia del Tribunal
de Cuentas que exige que, para que pueda declararse responsabilidad contable, es necesario que
se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a
bienes o derechos determinados y de titularidad pública al amparo del artículo 59.1 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En este sentido, la sentencia
1/2011, de 1 de marzo, citando diversa jurisprudencia de la Sala, señala que el requisit o del daño
efectivo se “deduce de la interpretación conjunta de los artículos 38 de la Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, y 49 y 59 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. Ello supone que la administración
irregular de los recursos públicos no genera, por sí sola, responsabilidades contables. Es
necesario que implique, entre otros requisitos, un menoscabo concretado en caudales o efectos
públicos individualizados. Todo ello sin perjuicio, lógicamente, de que la gestión irregular de que
se trate pueda generar, en su caso, otras responsabilidades en Derecho distintas de la contable”
La cuestión fundamental del presente proceso radica, por tanto, en la determinación de
posibles daños y perjuicios en el erario público como consecuencia de la desaparición de
cantidades ingresadas en la caja del Ayuntamiento que posteriormente no han ingresado en las
cuentas de la Corporación.
También debe recordarse que en el ámbito de la jurisdicción contable es de aplicación el
principio de carga de la prueba, establecido en el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, que regula la distribución de la misma en el recto sentido de que las
consecuencias perjudiciales de la falta de prueba han de parar en quien tenga la carga de la
misma, y traerse a colación, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de
1998 (RJ 1998/4685) y de 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/2443), así como la amplia doctrina de la
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Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, por todas la sentencia 13/07, de 23 de julio, sobre esta
cuestión.
Conforme a lo expuesto, es a la parte actora, en cuanto ejercitante de la acción, a quien
le corresponde probar, para poder declarar la existencia de responsabilidad c ontable, entre otros
requisitos, que se ha ocasionado un daño económico, real, efectivo e individualizado en los
fondos públicos, y la cuantía del mismo, al ser su resarcimiento lo que se pretende a través de
este proceso contable. Así, el artículo 59, apartado primero, de la Ley de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, dispone que “Los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser
efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o
efectos”, requisitos a que se refieren, asimismo, entre otras, las sentencias de la Sala de Justicia
de este Tribunal 21/99, de 26 de noviembre, 14/00, de 2 de octubre, 2/04, de 4 de febrero y
21/05, de 14 de noviembre.
La responsabilidad contable es, po r tanto, una responsabilidad por daños y como tal, aun
siendo imprescindible el incumplimiento, por parte del gestor, de las obligaciones que le
competen, no deriva directamente del hecho mismo de dicho incumplimiento, sino de la
probada existencia y realidad de los daños individualizados ocasionados, ya que no sería
concebible que naciera un deber de resarcimiento sin haberse producido y acreditado el
perjuicio, carga de la prueba que compete a quien reclama el reintegro.
La demanda interpuesta por la representación del Ayuntamiento de Estepona, a la que
se ha adherido el Ministerio Fiscal, se fundamenta principalmente en los informes elaborados
por el Tesorero accidental, D. A. B. F. en los que se recogen las conclusiones de la investigación
ordenada por el decreto de la Alcaldía de 16 de abril de 2012 en relación con las diferencias que
parecían existir entre la recaudación real y la que figura en la Tesorería municipal. L a parte actora
se basa en estos informes y en la documentación soporte de los mismos para considerar
acreditada la existencia de un perjuicio en los fondos públicos del Ayuntamiento de Estepona,
constitutivo de alcance, por importe de 244.715,70 euros.
Se trata de quince informes elaborados en el periodo comprendido entre el 19 de abril
de 2012 y el 17 de diciembre de 2014 en los que el Tesorero accidental concreta y cuantifica las
diferencias existentes entre la recaudación real y la que figura en la Tesorería Municipal,
individualizando las mismas por ejercicio. En dichos informes se pone de manifiesto la existencia
de cartas de pago que se habían extendido en la Tesorería del municipio de Estepona, no
habiendo quedado reflejado el dinero ni en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias del
Ayuntamiento.
Además de en los citados informes, en el documento de fecha 4 de diciembre de 2014
denominado “Memoria detalle de la metodología de trabajo investigación desaparición de
efectivo en la tesorería municipal en el periodo 2009 a 2012. Primera parte”, el Tesorero
accidental explica la metodología empleada en la investigación, que cabe resumir del siguiente
modo:
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- De las bases de datos de la contabilidad municipal se obtuvieron todas las anulaciones
de ingresos presupuestarios y no presupuestarios que se realizaron en los ejercicios 2003 a 2012.
Se eligió dicho periodo de tiempo porque la aplicación de contabilidad SICALWIN-AYTOS empezó
a utilizarse en el ejercicio 2003. A continuación los funcionarios municipales del ár ea de tesorería
e intervención investigaron las referidas operaciones de anulación a fin de localizar las
discrepancias entre los ingresos anulados y los libros de caja (donde se reflejan todos los
movimientos de la caja de la Corporación) y las cuentas bancarias de la Corporación.
- De dichos listados, se comprobaron las operaciones que fueron inicialmente ingresadas
en la caja de la Corporación (caja de la Corporación es sinónimo de ingresos en efectivo o
ingresos por caja), y de las cuales se extendió la correspondiente carta de pago, para a
continuación ser anuladas.
- Se comprobó que operaciones localizadas como anuladas no consta que hayan sido
ingresadas en ninguna cuenta bancaria de la Corporación y tampoco figuran en la caja del
Ayuntamiento.
- Se solicitó a los terceros afectados por dichas anulaciones que compareciesen en las
dependencias municipales con los originales de dichas cartas de pago, para a continuación
realizar fotocopias compulsadas por funcionario autorizado de todas las cartas de pagos no
ingresadas, adjuntándose las mismas con los respectivos informes.
- Respecto de los ingresos en relación a los cuales se han detectado irregularidades, se
solicitó al Departamento de Informática del Ayuntamiento que obtuviera de las bases de datos
del programa de contabilidad, informe de altas y bajas de las operaciones afectadas, texto de la
operación, identidad del usuario y fecha y hora en que se hicieron las operaciones de alta y baja.
En particular, en los informes suscritos en fechas 19 y 24 de abril de 2012, 6 y 14 de junio
de 2012, 27 y 31 de julio de 2012, 12 de septiembre de 2012 y 18 de octubre de 2012, se
especifican las operaciones que fueron inicialmente ingresadas en la caja de la Corporación, de
las cuales se extendió la correspondiente carta de pago, para a continuación ser anuladas y que
no consta que hayan sido ingresadas en ninguna cuenta bancaria de la Corporación (habiéndose
revisado todas las cuentas bancarias de la Corporación en 2009, 2010, 2011 y 2012) y tampoco
figuran en la Caja Corporación del Ayuntamiento de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012
(habiéndose revisado el libro de caja de la Corporación).
De acuerdo con los citados informes, el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamient o
de Estepona como consecuencia de la operativa descrita se cuantifica del modo que muestran
los cuadros siguientes, que distinguen las operaciones causantes del perjuicio por ejercicios y por
el carácter presupuestario o no presupuestario de los ingresos:
- Operaciones de ingresos presupuestarios anuladas en 2009.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
20
sido extraído del Informe del Tesorero accidental de 24 de abril de 2012 (obrante en los folios
267 y 268 del Anexo I de la pieza de actuaciones previas), teniendo en cuenta la corrección del
error detectado en el mismo por Informe del Tesorero accidental de 1 8 de octubre de 2012 (folio
403 del citado Anexo I).
Número de referencia
carta de pago Fecha de ingreso Tercero Importe
12009000536 26/05/2009 E. R. R. 3.040,85
12009001140 23/07/2009 E. R. R. 795,99
12009001164 30/07/2009 A. P. M. 551,16
12009001295 14/08/2009 A. P. M. 686,90
12009001328 24/08/2009 A. P. M. 922,25
12009001392 17/09/2009 A. P. M. 640,90
12009001571 28/09/2009 E. R. R. 3.163,55
12009001626 08/10/2009 E. R. R. 9.219,00
12009001609 07/10/2009 A. P. M. 408,00
12009001805 22/10/2009 E. R. R. 1.686,00
12009001082 13/07/2009 L. L. T. 1.957,00
TOTAL 23.071,60 €
- Operaciones de ingresos no presupuestarios anuladas en 2009.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
sido extraído del informe del Tesorero Accidental de 6 de junio de 2012 (folios 280 a 282 del
citado Anexo I).
Número de
operación
Fecha de
ingreso Tercero Importe
320090000406 23/02/2009 V. U. L. 5.960,63
320090003651 25/05/2009
Reciclados y Desguaces
Industriales y de Automoción P Y
V, S.L.
2.000,00
320090005739 12/06/2009 En Tus Manos Promociones, S.L. 6.742,23
320090005440 02/07/2009 V. G. M. 5.000,00
21
320090005441 02/07/2009 V. G. M. 700,00
320090005442 02/07/2009 V. G. M. 3.500,00
320090005590 06/07/2009 El Corte Inglés, S.A. 1.461,97
320090005652 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 172,00
320090005653 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 860,00
320090006080 29/07/2009 Polan Grupo Sur, S.L. 4.192,93
320090007258 18/09/2009 Diego Soto, S.L. 341,04
320090008861 01/10/2009 FM Consulting Turístico, S.L. 4.488,00
320090007980 23/10/2009 The Bodywordks Clinic, S.L. 1.220,79
TOTAL 36.639,59 €
- Operaciones de ingresos presupuestarios anuladas en 2010.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
sido extraído del informe del Tesorero accidental de 27 de julio de 2012 (folios 314 a 316 del
citado Anexo I), teniendo en cuenta la corrección del error detectado en el mismo por Informe
del Tesorero accidental de 30 de octubre de 2012 (folios 457 a 459 del Anexo I de Actuaciones
Previas).
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
120100000407 15/04/2010 E. R. R. 4.401,88
120100000537 03/05/2010 E. R. R. 7.833,60
120100000821 18/06/ 2010 E. R. R. 2.426,75
120100001186 24/08/2010 E. R. R. 2.739,00
120100001571 15/10/2010 E. R. R. 7.254,75
120100001586 21/10/2010 E. R. R. 3.814,18
120100001683 10/11/2010 E. R. R. 5.395,00
120100002015 22/12/2010 E. R. R. 2.699,50
120100000254 12/03/2010 A. P. M. 499,30
120100000538 03/05/2010 A. P. M. 1.050,50
120100000743 07/06/2010 A. P. M. 1.139,00
22
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
120100000744 07/06/2010 A. P. M. 865,10
120100000889 14/07/2010 A. P. M. 674,50
1201000011184 24/08/2010 A. P. M. 545,90
120100001446 28/09/2010 A. P. M. 542,40
120100001832 08/11/2010 A. P. M. 1.077,00
120100002048 28/12/2010 A. P. M. 2.126,60
12010002050 28/12/2010 A. P. M. 1.533,70
120100002605 08/03/2010 A. P. M. 1.265,50
TOTAL 47.884,16 €
- Operaciones de ingresos no presupuestarios anuladas en 2010.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
sido extraído del informe del Tesorero accidental de 14 de junio de 2012 (folios 298 a 300 del
citado Anexo I), teniendo en cuenta las aclaraciones respecto a la operación de Congelados El
Copo, S.L., contenidas en los folios 3 03 y 517 del citado Anexo I.
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
320100000525 05/03/2010 V. G. P. 745,62
320100000526 05/03/2010 V. G. P. 432,46
320100001660 15/04/2010 Y. C. M. 1.493,73
320100002015 04/05/2010 Cristamar 2000, S.L. 236,16
320100002069 05/ 05/ 2010 J. C. R. M. 1.794,00
320100002076 06/05/2010 L. J. 529,35
320100002190 12/05/2010 Montes Torres, S.L. 483,00
320100002448 20/05/2010 Robertino Dancing, S.L. 969,15
320100004760 23/ 07/ 2010 L. L. T. 1.292,00
320110006156 01/01/2011 Congelados El Copo, S.L. 1.500,00
TOTAL 9.475,47 €
23
- Operaciones de ingresos presupuestarios anuladas en 2011
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. Los cuadros
han sido extraídos de los informes del Tesorero accidental de 31 de julio de 2012 (folios 353 y
354 del citado Anexo I) y 18 de octubre de 2012 (folios 397 a 403).
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
120110000042 19/01/2011 E. R. R. 8.330,23
120110000086 03/02/2011 E. R. R. 7.536,73
120110000160 17/02/2011 E. R. R. 5.955,80
120110000385 15/04/2011 E. R. R. 3.502,00
120110000687 10/06/2011 E. R. R. 3.089,90
120110001043 03/09/2011 E. R. R. 15.374,05
120110001013 19/09/2011 E. R. R. 3.456,95
120110001080 18/10/2011 E. R. R. 15.081,15
120110000382 12/04/2011 A. P. M. 1.272,20
120110000463 11/05/2011 A. P. M. 1.438,80
120110000688 10/06/2011 A. P. M. 1.501,75
120110000737 24/06/2011 A. P. M. 1.313,60
120110000778 04/07/2011 A. P. M. 1.160,10
120110000860 28/07/2011 A. P. M. 1.092,90
120110000875 03/08/2011 A. P. M. 537,70
120110000989 08/09/2011 A. P. M. 1.062,70
120110001045 06/10/2011 A. P. M. 1.313,90
TOTAL 73.020,46 €
operación
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000185 02/03/2011 Jefatura Policía Local 2.403,60 2.120,46
120110000335 25/03/2011 A. G. M. 1.027,95 994,81
24
operación
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000384 15/04/2011 A. M. M. P. 792,00 792,00
120110001274 22/11/2011 A. P. M. 2.388,80 2.388,80
220110001298 30/11/2011 A. P. M. 1.351,90 130,49
120110001398 28/12/2011 A. P. M. 1.088,60 1.088,60
TOTAL 7.515,16 €
- Operaciones de ingresos no presupuestarios anuladas en 2011.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
sido extraído del Informe del Tesorero accidental de 18 de octubre de 2012 (folios 397 a 403 del
citado Anexo I).
Número de
operación
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
320110003970 15/07/2011 M. M. C. C. 7.473,35 1.688,51
320110000359 22/02/2011 D. E. S. 11.046,87 5.934,07
320110002948 26/05/2011 J. P. A. 4.426,32 4.426,32
TOTAL 12.048,90 €
- Operaciones de ingresos presupuestarios anuladas en 2012.
Se trata de operaciones respecto de las que consta carta de pago y que no aparecen
reflejadas en el libro auxiliar de caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación. El cuadro ha
sido extraído del informe del Tesorero accidental de 12 de septiembre de 2012 (folios 376 a 378
del citado Anexo I), teniendo en cuenta la corrección de errores detectados en el mismo por
Informe del Tesorero Accidental de fecha 30 de octubre de 2012 (folios 457 a 459).
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
120120000038 26/01/2012 E. R. R. 10.787,38
120120000083 08/02/2012 E. R. R. 11.808,70
120120000109 23/02/2012 E. R. R. 3.336,68
120120000172 15/03/2012 A. P. M. 1.010,30
120120000214 28/03/2012 A. P. M. 1.078,70
25
Número de operación Fecha de Ing reso Tercero Importe
TOTAL 28.021,76 €
El importe de 28.021,76 euros que figura en el cuadro anterior se eleva a 32.047.46 € de
conformidad con lo expuesto en los epígrafes 4, 5 y 6 del citado informe de 12 de septiembre de
2012, como resultado de sumar 28.021,76, 2.498,40 y 1.527,30 euros. Por tanto, el total de
ingresos presupuestarios del ejercicio 2012 que no se encuentran como debieran en las arcas
municipales suman 32.047,46 euros.
De acuerdo con la información obtenida de los aludidos informes del Tesorero el importe
total del perjuicio ocasionado a los caudales públicos del Ayuntamiento de Estepona durante el
periodo 2009-2012 como consecuencia de la anulación de operaciones de ingresos
presupuestarios y no presupuestarios ascendería a un total de 241.702,80 euros, tal y como se
recoge en el siguiente cuadro resumen.
Año
Ingresos
presupuestarios
Ingresos no
presupuestarios Total
2009 23.071,60 36.639,59 59.711,19 €
2010 47.884,16 9.475,47 57.359,63 €
2011 80.535,62 12.048,90 92.584,52 €
2012 32.047,46 - 32.047,46 €
TOTAL 241.702,80 €
La mayor parte del perjuicio causado a los fondos públicos fue ocasionado, según los
informes del Tesorero, por la anulación en la aplicación de c ontabilidad de los asientos contables
que reflejaban los ingresos en efectivo realizados en la caja del Ayuntamiento. Así, la operativa
que presuntamente dio lugar al perjuicio consistió, en primer lugar, en la recepción en el
departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Estepona de ingresos en metálico de origen
muy diverso, desde pagos de impuestos, tasas, garantías provisionales de adjudicaciones de
contratos, licencias urbanísticas o edictos realizados por terceros hasta ingresos de la
recaudación de cursos de cultura o de tasas por expedición de documentos efectuados por
funcionarios municipales en la caja del Ayuntamiento. En todo caso, el funcionario municipal que
recibía el ingreso emitía una carta de pago que se entregaba a quien realizaba el ingreso así
como un talón de cargo. Posteriormente ese dinero en metálico se custodiaba en la caja fuerte
existente en el departamento y los ingresos eran registrados como asientos contables en el
programa de contabilidad para después proceder a la anulación del asiento contable, sin que el
importe de esos ingresos por caja tuviera reflejo en el libro auxiliar de caja ni fuera ingresado en
las cuentas bancarias del Ayuntamiento. De esta manera se producía una distracción del dinero
en efectivo que había ingresado por caja y que, estando destinado a integrarse en los fondos del
Ayuntamiento mediante su ingreso en las cuentas bancarias, no llegaba a su destino.
26
No obstante, entre las operaciones reflejadas en los cuadros antes expuestos y que
presuntamente causaron el perjuicio, existen algunas que se apartan de este esquema operativo
y que, por lo tanto, merecen una explicación más detallada, siguiendo de nuevo lo expuesto en
los informes del Tesorero accidental, como fundamento de las pretensiones de lo s demandantes.
- Operación nº 320090006080, de fecha 29 de julio de 2009, correspondiente a un
ingreso de 4.192,93 euros referido al tercero Polan Grupo Sur, S.L. El informe del Tesorero de 6
de junio de 2012 refleja que este ingreso, que se correspondía con una fianza que tenía que ser
devuelta al titular, fue dado de alta nuevamente en el programa de contabilidad con fecha 1 de
enero de 2010, figurando como ingreso efectuado a través de una cuenta bancaria. Dado que
eso era imposible, pues ya constaba que el ingreso se efectuó en efectivo en caja en el ejercicio
2009, para poder realizar de nuevo el alta de dicha operación y que no se descuadrasen las
cuentas bancarias, se detectó la anulación de diversos ingresos de guarderías municipales que sí
se habían efectuado realmente a través de la cuenta bancaria.
- Operación nº 320110006156, de fecha 1 de enero de 2011, correspondiente a un
ingreso de 1.500 euros referido al tercero Congelados El Copo, S.L. El informe del Tesorero de 21
de julio de 2014 explica que en la carta de pago correspondiente a este ingreso figura como
fecha la de 1 de enero de 2011, día no laborable, en una cuenta bancaria del Ayuntamiento, con
el siguiente texto "Ingreso garantía licencia de obras construir nave industrial (posibles daños)
expte. 1110/09 urbanismo". No obstante, se comprobó que esta operación viene del ejercicio
2010, porque en las bases de datos de la contabilidad figura la operación número
320100000629, eliminada por el usuario 28-N (el día 19 de octubre de 2011), con el mismo
importe y texto que la dada de alta en 2011. Para poder eliminar una operación, antes se ha
tenido que dar de alta, es decir, existía el ingreso no presupuestario en 2010, se eliminó en 2010
y se volvió a dar de alta en 2011.
Los empleados municipales adscritos a la investigación comprobaron que este ingreso de
1.500 euros (del tercero Congelados El Copo, S.L.), que se correspondía con una garantía que
tenía que ser devuelta al titular, según manifestación de éste, fue ingresado en efectivo en el
ejercicio 2010. Además consta en un expediente de urbanismo solicitud de dicho tercero,
efectuada el 22 de marzo de 2010, donde según indica en dicho escrito aporta copia de carta de
pago de garantía de dicha licencia de obra. No obstante, como ya se ha expuesto, dicho ingreso
se volvió a dar de alta poniéndole fecha 1 de enero de 2011. Para poder realizar dicha operación
en alta y que no descuadrasen las cuentas bancarias, se ha detectado la anulación de diversos
ingresos de guarderías municipales que sí se efectuaron realmente a través de dicha cuenta
bancaria en el ejercicio 2011. El total de anulaciones de ingresos de guarderías que se efectuaron
por UNICAJA sumaron 2.219,75 euros. Dado que sumaban más de los 1.500,00 e uros de la fianza
ingresada por Congelado El Copo, S.L. que se pretendía dar de alta por banco, para no tener que
devolver dicho efectivo, además se hizo una operación de ingreso ficticia, por banco
concretamente en UNICAJA- que figura en la contabilidad municipal, por importe de 719,75
euros, con el texto recaudación escuela infantil el nido, poniéndose como tercero en este último
ingreso a D. A. M. G., que era la persona que efectuaba dichos ingresos de guardería. El res ultado
27
final fue la desaparición de 1.500,00 euros de la fianza en efectivo del Copo, operación que fue
dada alta por banco, en concreto por UNICAJA, para que cuando se acordara la devolución de la
fianza, esta se abonara por las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Estepona.
- Operación nº 120110000185, de fecha 2 de marzo de 2011, correspondiente a un
ingreso de 2.403,60 euros en el que figura como tercero la Jefatura de Policía Local. De acuerdo
con el informe del Tesorero de 18 de octubre de 2012 este ingreso se había efectuado po r banco
en el ordinal 206 de UNICAJA y fue eliminado de la co ntabilidad municipal. Se comprobó que el
contribuyente, D. M. S. A., con D.N.I. XXXX, tenía que a bonar al Ayuntamiento 2.724,64 euros, en
concepto de I.B.I. y solicitó en tiempo y forma la compensación con unas deudas que el
Ayuntamiento tenía reconocidas en la contabilidad municipal a favor de su esposa Dña. M. I. P.
N., con N.I.F. XXXX, por importe de 604,18 euros (resultado de unas ayudas por
empadronamiento). El Ayuntamiento aceptó la compensación y se le solicitó al contribuyente la
diferencia a favor del Ayuntamiento, es decir, la cantidad de 2.120,46 euros.
Consta acreditado que el hijo del obligado tributario, D. M. S. A., con D.N.I. XXXX, fir mó el
recibí de los 604,18 euros y se le entregó carta de pago por 2.724,64 euros. Esta persona
recuerda que entregó dicha cantidad en metálico (2.120,46 euros) a Dña. F. N. M. pero se
comprobó que dicha cantidad no figura ni en el Libro de Caja ni en las cuentas bancarias del
Ayuntamiento.
Con posterioridad a dicha compensación, se anuló el ingreso número 120110000185, de
2.403,60 euros, se creó en la contabilidad municipal un nuevo ingreso presupuestario número
120110001293, de fecha 02 de marzo de 2011 y de importe 283,14 euros, con el texto "ingreso
liquidación grua 1-2-11 al 18-02-11" y con el tercero “Jefatura de la Policía Local”. Con este
ingreso se cuadraba la diferencia de la operación, es decir, la diferencia entre 2.403,60 y 2.120,46
euros.
En síntesis, dado que se había anulado un ingreso de 2.403,60 euros efectuado por
banco en el ordinal 206 de UNICAJA, se sustituyó dicho ingreso por dos ingresos de la misma
fecha que sumaban dicho importe, uno de 283,14 euros y otro consistente en un traspaso
contable de caja a banco de 2.120,46 euros y, de esta manera no se ingresó en las arcas
municipales la diferencia a favor del Ayuntamiento en la compensación, es decir, 2.120,46 euros.
Dicha diferencia tenía que haberse anotado en el Libro de Caja e incrementar la caja corporación
o las cuentas bancarias del Ayuntamiento y no tener como destino sustituir otro ingreso bancario
que ya se había producido en su día. Como resultado de todo lo expuesto anteriormente, no se
ingresó en las arcas municipales la cantidad de 2.120,46 euros.
- Operación nº 320110003970, de fecha 15 de julio de 2011, correspondiente a un
ingreso de 7.473,35 euros, referido al tercero Dña. M. M. C. C.. El informe del Tesorero de 18 de
octubre de 2012 explica que esta contribuyente, con D.N.I. XXXX, debía al Ayuntamiento de
Estepona 7.473,35 euros por 4 liquidaciones del año 2011 correspondientes a licencias de obras.
Esta persona era a su vez acreedora del Ayuntamiento por una devolución de fianza para
28
garantizar obras de reurbanización, según licencia municipal 1505/00, por importe de 4.252,82
euros.
La Sra. M. M. C. C. solicitó la devolución de dicha fianza mediante escrito número 9817,
de 28 de julio de 2011 y ha manifestado que se personó en la Tesorería Municipal para que se
estudiase la posibilidad de compensar ambas deudas. Una vez se le confirmó verbalmente tal
posibilidad, fue su marido D. J. D. H. quien se presentó en la Tesorería Municipal con la
diferencia, afirmando recordar que entregó en efectivo algo más de tres mil euros. El importe
que recuerda haber entregado coincide con la cantidad que hace posible la compensación, que
es de 3.220,53 euros (diferencia entre 7.473,35 y 4.252,82 euros).
Se comprobó que el contribuyente firmó el recibí de los 4.252,82 euros y se le entregó
carta de pago por 7.473,35 euros. Con posterioridad a dicha compensación, se anuló el ingreso
número 320110003970, de 7.473,35 euros, se creó en la contabilidad municipal un nuevo
ingreso no presupuestario número 320110004077 de importe 5.784,84 euros y en el libro de caja
de la Tesorería Municipal del ejercicio 2011, se anotó la diferencia entre el nuevo ingreso creado
y la fianza que se devolvió al contribuyente de 4.252,82 euros, es decir, se anotó la cantidad de
1.532,02 euros. Como resultado de todo lo expuesto anteriormente no se ingresó en las arcas
municipales la cantidad de 1.688,51 euros (diferencia entre 3.220,53 y 1.532,02 euros).
- Operación nº 320110000359, de fecha 22 de febrero de 2011, correspondiente a un
ingreso de 11.046,87 euros, referida al tercero Dña. D. E. S.. El informe del Tesorero de 18 de
octubre de 2012 expone que la citada contribuyente debía al Ayuntamiento de Estepona
11.046,87 euros por liquidación de licencias de obras (expediente 2010/711). Esta persona era a
su vez acreedora del Ayuntamiento, según Decreto de Alcaldía de fecha 12 de agosto de 2010,
por una devolución de ingresos indebidos, por importe de 5.112,80 euros. La Sra. D. E. S. solicitó
la compensación mediante escrito número 20613, de 28 de diciembre de 2010 y ha manifestado
a los empleados encargados de la investigación que recuerda que entregó en efectivo la
diferencia de dicha compensación, es decir, 5.934,07 euros, a la empleada de la Tesorería
Municipal Dña. F. N. M..
Se comprobó que se anuló el ingreso no presupuestario número 320110000359, de
11.046,87 euros y no se realizó contablemente la devolución de los ingresos indebidos. En el
libro de caja de la Tesorería Municipal del ejercicio 2011, no aparece ningún ingreso en efectivo
realizado por Dña. D. E. S. y tampoco aparece en las cuentas bancarias del Ayuntamiento del
ejercicio 2011. Como resultado de todo lo expuesto anteriormente no se ingresó en las arcas
municipales la cantidad de 5.934,07 euros.
- Operación nº 120110000335, de fecha 26 de mayo de 2011, correspondiente a un
ingreso de 1.027,95 euros, referida al tercero D. A. G. M.. El informe del Tesorero de 18 de
octubre de 2012 señala que este ingreso se había efectuado por banco en el ordinal 206 de
UNICAJA y fue eliminado de la contabilidad municipal. La contribuyente, Dña. R. R. M. D., con
N.I.E. XXXX, tenía que abonar al Ayuntamiento 1.171,99 euros, en concepto de contribuciones
especiales del camino de la cala, expediente. 2010/08, solicitó en tiempo y forma la
29
compensación con unas deudas que el Ayuntamiento tenía reconocidas en la contabilidad
municipal con su empresa, denominada REDANZRO, S.L., por importe de 177 ,18 euros (resultado
de una devolución de ingresos a su favor por contribuciones especiales). El Ayu ntamiento aceptó
la compensación y se le solicitó al contribuyente la diferencia a favor del Ayuntamiento, es decir,
la cantidad de 994,81 euros.
Se comprobó tanto que la contribuyente firmó el recibí de los 177,18 euros y se le
entregó carta de pago por 1.171,99 euros como que la diferencia a favor del Ayuntamiento de
Estepona, de 994,81 euros, no figuraba ni en el Libro de Caja ni en las cuentas bancarias del
Ayuntamiento. Con posterioridad a dicha compensación se anuló el ingreso número
120110000335, de 1.027,95 euros, se creó en la contabilidad municipal un nuevo ingreso
presupuestario número 320110001286, de fecha 25/03/2011 y de importe 33,14 euros, con el
texto "recaudación escuela de joyería" y con un tercero que nada tiene que ver con dicho
ingreso, concretamente D. A. M. G., con D.N.I. XXXX (el ingreso original de la recaudación de la
escuela de joyería lo hizo D. A. G. M., con DNI XXXX, que en aquel momento era trabajador del
Ayuntamiento). Con este ingreso se cuadraba la diferencia de la operación, es decir, la diferencia
entre 1.027,95 y 994,81 euros.
En síntesis, dado que se había anulado un ingreso de 1.027,95 euros efectuado por
banco en el ordinal 206 de UNICAJA, se sustituyó dicho ingreso por dos ingresos de la misma
fecha y que sumaban dicho importe, uno de 33,14 euros y otro consistente en un traspaso
contable de caja a banco de 994,81 euros y, de esta manera no se ingresó en las arcas
municipales la diferencia a favor del Ayuntamiento en la compensación, es decir, 994,81 euros.
Dicha diferencia tenía que haberse anotado en el Libro de Caja e incrementar la caja corporación
o las cuentas bancarias del Ayuntamiento y no tener como destino sustituir otro ingreso bancario
que ya se había producido en su día.
- Operación nº 120110001298, de fecha 30 de noviembre de 2011, correspondiente a un
ingreso de 1.351,90 euros, referida al tercero D. A. P. M.. De acuerdo co n el informe del Tesorero
de 18 de octubre de 2012 este ingreso fue anulado y sustituido por una nueva carta de pago de
importe 1.221,41 euros que se aporta directamente de la contabilidad municipal y que no está
firmada por nadie. El resultado es que no se ingresaron en las arcas municipales 130,49 euros del
ingreso original.
- Operación nº 120120000027, de fecha 18 de enero de 2012, por importe de 8.672,05
euros. El informe del Tesorero de 12 de septiembre de 2012 expone que según la carta de pago
de fecha 18 de enero de 2012, esta operación corresponde al "ingreso recaudación cursos de
cultura, del 11 al 15 de enero de 2012", ingresado por UNICAJA, ordinal 206. Dicho ingreso fue
eliminado de la contabilidad municipal y se comprobó que se dio de alta una nueva operación de
ingreso, la número 120120000059, de importe 6.173,65 euros, donde figura como texto "ingreso
cursos delegación de cultura, días 11 y 12 de enero de 2012" de fecha 10 de febrero de 2012,
según carta de pago, efectuada por el ordinal 206 de UNICAJA, que sí figura en el extracto
bancario de dicho ordinal.
30
Durante la investigación, se preguntó acerca de estas diferencias al tercero que efectuó
dicho ingreso, la funcionaria municipal Dña. E. R. R., quien indicó que ella efectuó el ingreso por
8.672,05 euros. Por todo lo expuesto, en relación a este ingreso el importe que falta en las arcas
municipales sería la diferencia entre estas dos operaciones, es decir, faltan por ingresar 2.498,40
euros de la carta de pago original.
- Por último, de acuerdo con el informe del Tesorero de 12 de septiembre de 2012, Dña.
E. R. R. presentó con fecha 9 de mayo de 2012 y número de registro de entrada en la Tesorería
Municipal 230, un escrito donde de forma resumida relata que entregó a la e mpleada de la
Tesorería Municipal, Dña. F. N. M., la cantidad de 1.527,30 euros, procedentes de la recaudación
de cursos y talleres de la Delegación de Cultura del periodo comprendido del 13 al 29 de febrero
del año 2012 y que a día de la fecha no había obtenido la correspondiente carta de pago, citando
además a varios empleados municipales que han sido testigos de sus requerimientos a Dña. F. N.
M. para que le entregase dicha carta de pago. Se ha comprobado que dicho ingreso no figura ni
registrado ni anulado en las bases de datos de la contabilidad municipal, ni en los libros de caja y
tampoco en los ordinales bancarios del Ayuntamiento.
Al margen de las operaciones que se reflejaron en los cuadros anteriores y que
presuntamente dieron lugar al perjuicio a los fondos públicos del Ayuntamiento de Estepona
cuantificado, de acuerdo con los informes del Tesorero municipal, en 241.702,80 euros, la
demanda interpuesta por la representación del Ayuntamiento incluye también otra operación,
que describe como una compensación ficticia y que, según el informe de 18 de octubre de 2012,
causó un perjuicio de 3.012,90 euros .
Esta operación, que no fue incluida en la liquidación provisional practicada en la fase de
actuaciones previas, se analiza en el citado informe del Tesorero, que afirma que en la
contabilidad municipal figuraba una compensación de 3.012,90 euros, en la que se compensa en
formalización (sin salida material de fondos) un ingreso de la empresa Laurel Status, S.L., con
C.I.F. B92127455, de importe 3.012,90 euros con el siguiente texto "pago recibos matrículas
192290132576 y 192290132586, Patronato de Recaudación", con dos pagos a D. A. M. G., uno
de 2.727,00 euros y otro de 285,90 euros.
Sin embargo, solicitada información de los recibos compensados realmente en el
Patronato de Recaudación, se constató que la carta de pago que el Ayuntamiento emitió por
dicha compensación tiene el mismo número de operación e importe que la que figura en la
contabilidad municipal pero distinto tercero, texto y fecha. El tercero que figura en dicha carta
de pago es la mercantil MIMOLO, S.L., con C.I.F. B92239656 y los recibos que se compensan
corresponden a dicha empresa como contribuyente. Según la información pública del Registro
Mercantil en la mercantil MIMOLO, S.L. figura como apoderado D. M. M. L. y como
administrador único D. F. J. G. V..
Como resultado de todo lo expuesto, el Tesorero accidental concluyó en su informe que
la mercantil MIMOLO, S.L. no abonó uno s recibos aI Ayuntamiento por un importe total 3.012,90
euros y que se ha perjudicado a D. A. M. G. que aparece en la contabilidad municipal cobrando
31
unas facturas que se le adeudaban por v alor de 3.012,90 euros a través de una compensación de
impuestos que no se ha llevado a cabo.
En definitiva, teniendo en cuenta esta última operación, la cuantía del alcance fijado en
la demanda por la parte actora, es de 244.715,70 euros tal y como se cuantifica en el escrito de
la Tesorera Municipal, Dña. Y. C. L., de 14 de julio de 2016 (documento nº 22 de la demanda
obrante al folio 433 de la parte I de la pieza del procedimiento de reintegro por alcance).
Como ya se ha dicho, en virtud del principio de carga de la prueba, corresponde a la
parte actora probar, que se ha ocasionado un daño económico, real, efectivo e individualizado
en los fondos públicos, y la cuantía del mismo, labor probatoria que en este caso el demandante
ha ejercitado fundamentalmente a través de los ya aludidos informes del Tesorero accidental,
sustentados por abundante documentación adjunta. En relación con el valor probatorio de estos
informes, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas se ha ocupado de esta cuestión en varias
sentencias, si bien refiriéndose de modo más específico a los informes de la Intervención. No
obstante, por analogía, cabe citar, entre otras, la sentencia nº 25/2010, de 20 de diciembre que
afirma lo siguiente:
Cabe señalar, respecto al valor de los informes emitidos por la Intervención, y en concreto por
lo que se refiere al presente caso, a los informes del Interventor de la Corporación Local, que en
el proceso jurisdiccional tienen un carácter cualificado, como documentos oficiales
administrativos, de forma que, aunque se tengan por ciertos, pueden ser desvirtuados por otros
medios de prueba, por lo que sus conclusiones pueden ser revisadas en el curso del proceso
contable, pudiendo el órgano jurisdiccional llevar a cabo una apreciación conjunta de la prueba
y, de manera debidamente motivada, apartarse, en su caso, del contenido del correspondiente
Informe.
En suma, el documento en que se plasma la actividad interventora participa de las características
de la pericia y formalmente debe ser considerado como un documento oficial que únicamente
hace prueba plena de su fecha, debiendo valorarse su contenido con arreglo a las reglas de la
sana crítica y teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas al proceso así como la
documentación que sirvió de base para la elaboración del Informe. Por tanto, dicho Inform e y las
conclusiones que en el mismo se contienen no son, sin más, suficientes para determinar un
pronunciamiento de condena de responsabilidad contable, pues es preciso además que,
admitida la pretensión, cada uno de los sujetos que integran la relación jurídica procesal
contable y de acuerdo con las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba, aleguen y
acrediten en el seno del proceso que se dan todos y cada uno de los elementos calificadores de
la responsabilidad contable (Sentencias de esta Sala de Justicia de 24 de febrero de 1994, 3 de
julio de 1998, 4 de marzo de 2004 y 17 de junio de 2005, entre otras).
El valor del Informe es pues, semejante al de cualquier otro documento administrativo no
incluido en los números 5º y 6º del art. 317 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y, al amparo
del artículo 319 del citado texto legal, respecto de su contenido, habrán de tenerse por ciertos
32
los hechos que en él se contengan, salvo que otros medios de prueba desvirtúen esa certeza, no
constituyendo una presunción de veraci dad plena iuris et de iure”.
Dicho esto, en el presente caso los informes del Tesorero han puesto de manifiesto una
serie de irregularidades basándose en una abundante documentación soporte, han sido
corroborados en lo referente a la existencia del perjuicio por las declaraciones testificales y el
interrogatorio de parte y, sobre todo, no han sido contradichos por los demandados, cuyas
alegaciones se han dirigido exclusivamente a negar su responsabilidad contable derivada del
perjuicio pero no a negar la existencia del daño. En las contestaciones a la demanda, los
demandados han impugnado la autenticidad de algunos documentos como las cartas de pago así
como el valor probatorio de los informes del Tesorero en lo referente a las personas
responsables del perjuicio pero en ningún momento han puesto en cuestión la existencia del
daño. En particular, la representación del Sr. D. P., a pesar de que en el acto del juicio restó
credibilidad a las personas que colaboraron con el Tesorero accidental en la elaboración de los
informes, en su escrito de contestación a la demanda reconoció expresamente la existencia de
un menoscabo efectivo, individualizado con relación a determinados caudales y evaluable
económicamente, si bien consideró responsable del mismo a la persona cuyo litisconsorcio
pasivo necesario fue desestimado.
Por lo tanto, realizando una valoración conjunta de la prueba en la que los citados
informes adquieren una relevancia cualificada pero que también tiene en cuenta el resto de
pruebas practicadas y especialmente la ausencia de prueba en contrario que haya desvirtuado
las conclusiones de los mismos, se impone la declaración de la existencia de un perjuicio en los
fondos públicos del Ayuntamiento de Estepona, cuantificado en 244.715,70 euros. Este alcance
se ha producido por la falta de ingreso en las arcas públicas de cantidades de dinero en efectivo
que llegaron a ingresarse en la caja del Ayuntamiento pero que posteriormente fueron distraídas
sin que se conozca el destino de las mismas y también por la realización de compensaciones
ficticias que ocultaron la existencia de un saldo deudor injustificado.
Considera esta Consejera que de estos hechos se deriva un alcance en los fondos
públicos del Ayuntamiento de Estepona en los términos previstos en los artículos 59 y 72 de la
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que debe quedar fijado, conforme a lo
establecido en el artículo 60, apartado primero, de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la suma de
244.715,70 euros de principal.
SÉPTIMO.- Una vez declarada la existencia de un alcance por importe total de 244.715,70 euros
de principal en los fondos del Ayuntamiento de Estepona es necesario analizar si dicho alcance
genera responsabilidad contable y si la misma es imputable a los demandados, comenzando por
el análisis de la responsabilidad directa exigida a Dña. F. N. M., de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 2, apartado b), 15, apartado 1, 38, apartado 1, y 42, apartado 1, de la Ley
Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo, en relación con lo preceptuado en el
33
artículo 49, apartado 1, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas.
La definición legal de responsabilidad contable se encuentra recogida en el artículo 38,
apartado 1 de la Ley Orgánica 2/1982 , de 12 de mayo, según el cual: “El que por acción u omisión
contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a
la indemnización de los daños y perjuicios causados”.
La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en su artículo
49, apartado 1, establece cuáles pueden ser las pretensiones de responsabilidad que pueden ser
conocidas por la jurisdicción contable: “La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de
responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a
su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con
dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a
consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen
presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su
caso, a las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas
procedentes de dicho sector”.
Para que una determinada acción constitutiva de alcance sea generadora de
responsabilidad contable ha de reunir, según la reiterada doctrina de la Sala de Justicia recogida
en sentencias como las de 30 de junio de 1992, 29 de diciembre de 2004, 13 de marzo de 2005,
26 de marzo de 2005, 18 de noviembre de 2010 y 1 de marzo de 2011, los siguientes requisitos :
“a) que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo
de caudales o efectos públicos, b) que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que
deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen
caudales o efectos públicos, c) que la mencionada acción suponga una vulneración de la
normativa presupuestaria y contable reguladora del sector público de que se trate, d) que esté
marcada por una nota de subjetividad, pues su consecuencia no es sino la producción de un
menoscabo en los precitados caudales o efectos públicos por dolo, culpa o negligencia grave, e)
que el menoscabo sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos
y evaluable económicamente y f) que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión
de referencia y el daño efectivamente producido.”
El primer requisito exigido por la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas para la
existencia de responsabilidad contable es que concurra una acción u omisión atribuible a una
persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Por tanto es necesario
analizar si se trata de una acción u omisión y de si la misma se atribuye a la persona encargada
de dicho manejo, ya que sobre el carácter público de los fondos afectados ni se ha planteado
controversia alguna por las partes, ni alberga esta Consejera ninguna duda, por tratarse de
fondos a cuyo ingreso tenía derecho el Ayunta miento.
En este sentido, la pretensión de responsabilidad contable directa formulada por la parte
actora se fundamenta respecto a la Sra. F. N. M. en que ella era la persona encargada de recibir
34
dinero en efectivo por caja, siendo la única que cobraba el complemento de quebranto de
moneda, en que la mayoría de las anulaciones y eliminaciones de asientos contables en el
programa de contabilidad se realizaron con su clave de usuario y en que era la encargada de
practicar las anotaciones en el libro auxiliar de caja.
El carácter de gestor de fondos públicos de la demandada está fuera de duda, sin
perjuicio de la posible intervención de otras personas del departamento de tesorería en la
recepción de dinero en efectivo, pues la propia Sra. F. N. M. ha reconocido reiteradamente que
entre sus funciones se encontraba la de atender a las personas que acudían al departamento a
realizar un pago, recibir el dinero en metálico y entregar la carta de pago al interesado, dejando
constancia de estas operaciones en el libro auxiliar de caja y en el programa de contabilidad. Así
consta en las declaraciones de la demandada tanto ante la policía, como en el expediente
disciplinario, en el procedimiento penal y en el acto del juicio y así se consideró acre ditado en los
hechos probados de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga de 24 de
enero de 2013.
Por lo que respecta a la existencia de una acción u omisión atribuible a la persona de la
demandada, la parte actora atribuye a la Sra. F. N. M. la responsabilidad derivada del perjuicio,
en primer lugar, por haber sido quien recibió los ingresos en metálico que no llegaron a
ingresarse en la cuenta bancaria del Ayuntamiento. Esta afirmación se basa tanto en el hecho
genérico de que la Sra. F. N. M. ejercía la función de recepción de los pagos en efectivo como en
el específico de que firmó las cartas de pago de las operaciones que dieron lugar al perjuicio
patrimonial. Debe considerarse probado y así lo manifestó la demandada en el acto del juicio
que las cartas de pago eran firmadas por quien cobraba pero también que la Sra. F. N. M. no era
la única persona del departamento que realizaba dichos cobros sino que, al menos Dña. A. M. M.
P., también ejercía esa labor en su ausencia. Por todo ello se debe concluir que para atribuir a la
demanda la acción de recepción del dinero en metálico es preciso acreditar que firmó las cartas
de pago correspondientes a las operaciones que dieron lugar al alcance declarado.
En segundo lugar, la atribución de responsabilidad a la demandada se fundamenta en
una omisión, consistente en la falta de anotación en el libro auxiliar de caja de los ingresos que
se recibieron en caja pero que no llegaron a ingresarse en las cuentas del Ayuntamiento. Y, en
tercer lugar, la imputación se basa en la anulación en el programa de contabilidad y, en su caso
eliminación, de los asientos que reflejaban dichos ingresos. En definitiva, la parte demandante
considera responsable a la Sra. F. N. M. de una serie de operaciones que produjeron el
menoscabo patrimonial, al considerar que las dos acciones y la omisión descritas dieron lugar al
alcance en los fondos públicos.
Por ello, a efectos de atribuir la responsabilidad contable directa a la Sra. F. N. M., en
coherencia con la pretensión de la parte actora, es preciso acreditar tanto que las cartas de pago
fueron firmadas por ella como que las anulaciones de los asientos contables fueron realizadas
por la demandada, pues la omisión de las operaciones causantes del perjuicio en el libro auxiliar
de contabilidad no ha sido puesta en duda por ni nguna de las partes.
35
Por lo que respecta a la firma de las cartas de pago, la controversia sobre las mismas se
ha planteado en la causa por la impugnación de la autenticidad de determinadas cartas de pago
realizada por la parte demandada y por la existencia de dos informes periciales contradictorios.
El primero de ellos, aportado por la parte demandada, concluye que las 49 rúbricas de las cartas
de pago objeto de la pericia no han sido ejecutadas por Dña. F. N. M. sino por otra persona
distinta. El segundo, aportado por la parte demandante y elaborado a solicitud del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Estepona, en el marco de las Diligencias Previas nº
1002/2012, analizó 39 cartas de pago y concluyó que procedía atribuir la autoría de las firmas
dubitadas y de los textos anónimos a la Sra. F. N. M.. Se debe precisar que el objeto de ambos
informes es solo parcialmente coincidente pues existen cartas de pago que son analizadas por
uno de los informes y por el otro no y viceversa.
Asimismo existen cartas de pago que, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento
jurídico anterior, reflejaban operaciones que dieron lugar al alcance declarado y que no han sido
objeto del informe aportado por la representación de la demandada, de modo que cabe concluir
que en esos casos no se pone en duda que la Sra. F. N. M. es la autora de la firma y, en
consecuencia, la persona que recibió el ingreso, teniendo en cuenta también la presunción de
veracidad del artículo 319.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas operaciones se plasman en el
cuadro siguiente si bien de él se han excluido aquellas cartas de pago que, a pesar de no haber
sido analizadas en el informe pericial aportado por la demandada, sí fueron impugnadas en la
contestación a la demanda (folios 2 a 9 de dicha contestación obrante a los folios 621 y
siguientes de la parte III de la pieza del procedimiento de reintegro por alcance).
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009000536 26/05/2009 E. R. R. 3.040,85 3.040,85
12009001140 23/07/2009 E. R. R. 795,99 795,99
12009001571 28/09/2009 E. R. R. 3.163,55 3.163,55
12009001626 08/10/2009 E. R. R. 9.219,00 9.219,00
12009001082 13/07/2009 L. L. T. 1.957,00 1.957,00
320090000406 23/02/2009 V. U. L. 5.960,63 5.960,63
320090005739 12/06/2009
En Tus Manos
Promociones, S.L. 6.742,23 6.742,23
320090005590 06/07/2009 El Corte Inglés, S.A. 1.461,97 1.461,97
320090005652 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 172,00 172,00
320090005653 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 860,00 860,00
320090007258 18/09/2009 Diego Soto, S.L. 341,04 341,04
36
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
320090007980 23/10/2009 The Bodywordks Clinic, S.L. 1.220,79 1.220,79
120100000821 18/06/2010 E. R. R. 2.426,75 2.426,75
120100001571 15/10/2010 E. R. R. 7.254,75 7.254,75
120100001683 10/11/2010 E. R. R. 5.395,00 5.395,00
120100000254 12/03/2010 A. P. M. 499,30 499,30
120100000743 07/06/2010 A. P. M. 1.139,00 1.139,00
120100000744 07/06/2010 A. P. M. 865,10 865,10
320100002076 06/05/2010 L. J. 529,35 529,35
320100004760 23/07/2010 L. L. T. 1.292,00 1.292,00
320110006156 01/01/2011 Congelados El Copo, S.L. 1.500,00 1.500,00
120110000042 19/01/2011 E. R. R. 8.330,23 8.330,23
120110000687 10/06/2011 E. R. R. 3.089,90 3.089,90
120110000463 11/05/2011 A. P. M. 1.438,80 1.438,80
120110001045 06/10/2011 A. P. M. 1.313,90 1.313,90
120110001274 22/11/2011 A. P. M. 2.388,80 2.388,80
320110003970 15/07/2011 M. M. C. C. 7.473,35 1.688,51
320110000359 22/02/2011 D. E. S. 11.046,87 5.934,07
120120000214 28/03/2012 A. P. M. 1.078,70 1.078,70
Una vez determinadas las cartas de pago que, al no haber sido impugnadas por la parte
demandada, puede considerarse que fueron firmadas por la Sra. F. N. M., es preciso analizar
todas aquellas cuya autenticidad sí ha sido impugnada, pudiendo diferenciar entre aquellas que
han sido objeto del informe pericial aportado a la causa por la representación del Ayuntamiento
de Estepona y aquellas otras que no. Respecto a estas últimas, la representación de la
demandada manifestó en el acto del juicio que las 26 cartas de pago que fueron objeto del
informe pericial aportado por su parte pero no del aportado po r la parte demandante no pueden
ser atribuidas a la Sra. F. N. M. pero lo cierto es que la representación del Ayuntamiento ha
basado su pretensión en considerar que la firma de todas las cartas de pago objeto de la causa es
la de la Sra. F. N. M. y el hecho de que algunas de esas cartas de pago no hayan sido analizadas
en su informe pericial no implica que la parte actora haya dado por buenas las conclusiones del
37
informe aportado de contrario y haya reconocido que las aludidas firmas no son de la
demandada.
Por ello, a continuación se examinará cada una de las cartas de pago impugnadas por la
parte demandada a efectos de determinar si la firma de cada una de ellas puede o no atribuirse a
la Sra. F. N. M.. Es preciso puntualizar que los informes periciales aportados tienen estructuras
distintas, pues mientras que el aportado por la parte demandada analiza una por una cada carta
de pago, el de la parte demandante realiza un análisis general de las cartas de pago,
diferenciando únicamente entre las muestras indubitadas y los textos anónimos, para después
emitir unas conclusiones generales para cada una de estas dos categorías. A efectos del análisis
de las cartas de pago se seguirá el orden de las mismas que se tomó en el anterior fundamento
cuando se analizó la existencia de alcance, si bien agrupándolas en categorías cuando ello sea
posible en función de cuáles de ellas han sido analizadas por uno o por ambos informes
periciales y por la coincidencia de los argumentos que fundamentan la decisión respecto a la
atribución o no de la firma a la demandada.
CUADRO Nº 1.
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009001164 30/07/2009 A. P. M. 551,16 551,16
12009001328 24/08/2009 A. P. M. 922,25 922,25
12009001392 17/09/2009 A. P. M. 640,90 640,90
320090005440 02/07/2009 V. G. M. 5.000,00 5.000,00
320090008861 01/10/2009 FM Consulting Turístico, S.L. 4.488,00 4.488,00
320100000525 05/03/2010 V. G. P. 745,62 745,62
320100000526 05/03/2010 V. G. P. 432,46 432,46
320100002448 20/05/2010 Robertino Dancing, S.L. 969,15 969,15
220110001298 30/11/2011 A. P. M. 1.351,90 130,49
Las cartas de pago incluidas en este primer cuadro no fueron objeto del informe pericial
aportado por la demandada pero su autenticidad sí fue impugnada en la contestación a la
demanda al considerar que la firma de cada una de ellas no es la de la Sra. F. N. M.. Por el
contrario, las aludidas cartas de pago sí fueron analizadas en el informe aportado por la parte
actora, como firmas dubitadas, concluyendo que procedía atribuir la autoría de las firmas a Dña.
F. N. M., pues entre las firmas en cuestión y la muestra indubitada “hay suficientes y
significativos elementos técnicos y características morfológicas de semejanza de identidad, tanto
en algunos rasgos generales como en puntos individuales de desarrollos homólogos, que ponen
de manifiesto la existencia de una misma personalidad escritural en dichos grupos de grafías”.
38
Dado que en la contestación a la demanda, la representación de la Sra. F. N. M. se limitó a
afirmar que la firma tiene un distinto trazo que el de las firmas que sí ha reconocido como
ejecutadas por la demandada, teniendo en cuenta la similitud de estas rúbricas con las muestras
indubitadas que constan en ambos informes periciales y con las firmas reconocidas por la
demandada y ante la ausencia de elementos objetivos que indiquen la existencia de una
falsificación, cuyo conocimiento excedería de la competencia de esta jurisdicción contable, cabe,
más allá de toda duda razonable, atribuir la autoría de las firmas de estas cartas de pago a la Sra.
F. N. M..
CUADRO Nº 2.
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009001295 14/08/2009 A. P. M. 686,90 686,90
12009001805 22/10/2009 E. R. R. 1.686,00 1.686,00
320090003651 25/05/2009
Reciclados y Desguaces
Industriales y de
Automoción P Y V, S.L.
2.000,00 2.000,00
320090005441 02/07/2009 V. G. M. 700,00 700,00
320090005442 02/07/2009 V. G. M. 3.500,00 3.500,00
120100000407 15/04/2010 E. R. R. 4.401,88 4.401,88
120100000537 03/05/2010 E. R. R. 7.833,60 7.833,60
120100001586 21/10/2010 E. R. R. 3.814,18 3.814,18
120100000538 03/05/2010 A. P. M. 1.050,50 1.050,50
120100000889 14/07/2010 A. P. M. 674,50 674,50
120100001832 08/11/2010 A. P. M. 1.077,00 1.077,00
120100002605 08/03/2010 A. P. M. 1.265,50 1.265,50
320100002015 04/05/2010 Cristamar 2000, S.L. 236,16 236,16
120110000086 03/02/2011 E. R. R. 7.536,73 7.536,73
120110000160 17/02/2011 E. R. R. 5.955,80 5.955,80
120110001013 19/09/2011 E. R. R. 3.456,95 3.456,95
120110000688 10/06/2011 A. P. M. 1.501,75 1.501,75
120110000737 24/06/2011 A. P. M. 1.313,60 1.313,60
39
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000778 04/07/2011 A. P. M. 1.160,10 1.160,10
120110000860 28/07/2011 A. P. M. 1.092,90 1.092,90
120110000875 03/08/2011 A. P. M. 537,70 537,70
120110000989 08/09/2011 A. P. M. 1.062,70 1.062,70
120110001398 28/12/2011 A. P. M. 1.088,60 1.088,60
320110002948 26/05/2011 J. P. A. 4.426,32 4.426,32
120120000109 23/02/2012 E. R. R. 3.336,68 3.336,68
120120000172 15/03/2012 A. P. M. 1.010,30 1.010,30
Las cartas de pago incluidas en este segundo cuadro fueron objeto de análisis en los dos
informes periciales. El de la parte demandada considera que en la mayor parte de las firmas
relacionadas existe algún rasgo similar con la muestra indubitada, como en el punto de arranque
o en la formación de las lazadas pero debido a las diferencias en la inclinación o en la presencia
de rasgos curvos, concluye que ninguna de estas rúbricas ha sido ejecutada por Dña. F. N. M.. El
informe pericial aportado por la actora, en cambio, concluye que procede atribuir la autoría de
las firmas a Dña. F. N. M. por los motivos ya reproducidos anteriormente en relación con las
cartas de pago incluidas en el primer cuadro. Teniendo en cuenta las similitudes de estas rúbricas
con las muestras indubitadas que constan en ambos informes periciales y con las firmas
reconocidas por la demandada, puestas de manifiesto en los informes y ante la ausencia de
elementos objetivos que indiquen la existencia de una falsificación, cabe, más allá de toda duda
razonable, atribuir la autoría de las firmas de estas cartas de pago a la Sra. F. N. M.. No obstante,
cabe analizar separadamente cuatro cartas de pago de las incluidas en este segundo cuadro por
el hecho de que las firmas plasmadas en ellas no presentan rasgos similares con las muestras
indubitadas, como ponen de manifiesto de una u otra manera ambos informes periciales, a pesar
de llegar a conclusiones distintas respecto a su autoría. Estas cuatro cartas de pago son las
siguientes:
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120100002605 08/03/2010 A. P. M. 1.265,50 1.265,50
120110000086 03/02/2011 E. R. R. 7.536,73 7.536,73
120110001013 19/09/2011 E. R. R. 3.456,95 3.456,95
320110002948 26/05/2011 J. P. A. 4.426,32 4.426,32
40
El informe pericial de la parte demandada concluye que las firmas de estas cuatro cartas
de pago no presentan rasgos similares algunos con la muestra indubitada mientras que la pericial
de la parte actora analiza lo que denomina textos manuscritos anónimos, consistente en dos
grafismos, pero no la firma en sí para concluir que estos grafismos manifiestan rasgos de
semejanza en su estructura y desarrollo morfológico, que ponen de evidencia o parecen indicar
haber sido estampados por la misma mano autor. Asimismo, afirma que entre estos textos
anónimos y la firma indubitada de la Sra. F. N. M. hay cierta semejanza o analogía de identidad,
por lo que procede atribuir la autoría de dichos caracteres anónimos a la demandada. Por todo
ello, ante la falta de similitud de las cuatro firmas con la muestra indubitada de la Sra. F. N. M. y
debido a que el informe pericial aportado por la parte demandante no analiza dichas firmas y
tampoco es concluyente respecto a la autoría de los caracteres anónimos, no se puede atribuir la
autoría de las firmas de las aludidas cuatro cartas de pago a la demandada y, en consecuencia,
no se considera probado que la Sra. F. N. M. recibiera los ingresos en metálico correspondientes
a dichas cartas de pago.
CUADRO Nº 3.
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009001609 07/10/2009 A. P. M. 408,00 408,00
320090006080 29/07/2009 Polan Grupo Sur, S.L. 4.192,93 4.192,93
120100001186 24/08/2010 E. R. R. 2.739,00 2.739,00
120100002015 22/12/2010 E. R. R. 2.699,50 2.699,50
1201000011184 24/08/2010 A. P. M. 545,90 545,90
120100001446 28/09/2010 A. P. M. 542,40 542,40
120100002048 28/12/2010 A. P. M. 2.126,60 2.126,60
12010002050 28/12/2010 A. P. M. 1.533,70 1.533,70
320100001660 15/04/2010 Y. C. M. 1.493,73 1.493,73
320100002069 05/05/2010 J. C. R. M. 1.794,00 1.794,00
320100002190 12/05/2010 Montes Torres, S.L. 483,00 483,00
120110000385 15/04/2011 E. R. R. 3.502,00 3.502,00
120110001043 03/09/2011 E. R. R. 15.374,05 15.374,05
120110001080 18/10/2011 E. R. R. 15.081,15 15.081,15
120110000382 12/04/2011 A. P. M. 1.272,20 1.272,20
41
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000185 02/03/2011 Jefatura Policía Local 2.403,60 2.120,46
120110000335 25/03/2011 A. G. M. 1.027,95 994,81
120110000384 15/04/2011 A. M. M. P. 792,00 792,00
120120000038 26/01/2012 E. R. R. 10.787,38 10.787,38
120120000083 08/02/2012 E. R. R. 11.808,70 11.808,70
Las cartas de pago incluidas en este tercer cuadro únicamente fueron objeto del informe
pericial aportado por la demandada, que en todos los casos concluyó que las firmas de estas
cartas de pago no presentan rasgo similar alguno con la muestra indubitada y por tanto no
fueron ejecutadas por Dña. F. N. M.. Asimismo, puso de manifiesto que la carta de pago con nº
de operación 320090006080, de fecha 29/07/2009, por importe de 4.192,93 euros no tiene
ninguna firma. Por estos motivos y dado que las firmas de estas cartas de pago no presentan
similitudes con las muestras indubitadas de la Sra. F. N. M. ni existe prueba en contrario de la
impugnación e incluso en un caso la carta de pago no está firmada por nadie, no se puede
atribuir la autoría de las firmas de estas cartas de pago a la demandada y, en consecuencia, no se
considera probado que la Sra. F. N. M. recibiera los ingresos en metálico correspondientes a
dichas cartas de pago. No obstante, dentro de esta relación existen cuatro cartas de pago en las
que consta que el ingreso no se recibió por caja sino por el ordinal 206 correspondiente a
Unicaja, es decir, que el ingreso se realizó en la entidad bancaria, de modo que a efectos de
determinar la responsabilidad del perjuicio causado por estas operaciones, la firma de la carta de
pago no resulta decisiva pues no refleja la entrada de dinero en metálico en la caja de la
Corporación. Por este motivo, estas cuatro operaciones no se excluirán, al menos inicialmente,
de la relación de operaciones que pudieran imputarse a la demandada como responsable
contable directa.
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000185 02/03/2011 Jefatura Policía Local 2.403,60 2.120,46
120110000335 25/03/2011 A. G. M. 1.027,95 994,81
120120000038 26/01/2012 E. R. R. 10.787,38 10.787,38
120120000083 08/02/2012 E. R. R. 11.808,70 11.808,70
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el siguiente cuadro se incluyen todas las cartas
de pago respecto de las cuales o bien se considera probado que fueron firmadas por la Sra. F. N.
M., o bien se refieren a ingresos por banco relativos a operaciones en los que el perjuicio no
tiene su origen en una entrada de efectivo por caja.
42
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009000536 26/05/2009 E. R. R. 3.040,85 3.040,85
12009001140 23/07/2009 E. R. R. 795,99 795,99
12009001164 30/07/2009 A. P. M. 551,16 551,16
12009001295 14/08/2009 A. P. M. 686,90 686,90
12009001328 24/08/2009 A. P. M. 922,25 922,25
12009001392 17/09/2009 A. P. M. 640,90 640,90
12009001571 28/09/2009 E. R. R. 3.163,55 3.163,55
12009001626 08/10/2009 E. R. R. 9.219,00 9.219,00
12009001805 22/10/2009 E. R. R. 1.686,00 1.686,00
12009001082 13/07/2009 L. L. T. 1.957,00 1.957,00
320090000406 23/02/2009 V. U. L. 5.960,63 5.960,63
320090003651 25/05/2009
Reciclados y Desguaces
Industriales y de
Automoción P Y V, S.L.
2.000,00 2.000,00
320090005739 12/06/2009
En Tus Manos Promociones,
S.L. 6.742,23 6.742,23
320090005440 02/07/2009 V. G. M. 5.000,00 5.000,00
320090005441 02/07/2009 V. G. M. 700,00 700,00
320090005442 02/07/2009 V. G. M. 3.500,00 3.500,00
320090005590 06/07/2009 El Corte Inglés, S.A. 1.461,97 1.461,97
320090005652 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 172,00 172,00
320090005653 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 860,00 860,00
320090007258 18/09/2009 Diego Soto, S.L. 341,04 341,04
320090008861 01/10/2009 FM Consulting Turístico, S.L. 4.488,00 4.488,00
320090007980 23/10/2009 The Bodywordks Clinic, S.L. 1.220,79 1.220,79
120100000407 15/04/2010 E. R. R. 4.401,88 4.401,88
120100000537 03/05/2010 E. R. R. 7.833,60 7.833,60
120100000821 18/06/ 2010 E. R. R. 2.426,75 2.426,75
43
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120100001571 15/10/2010 E. R. R. 7.254,75 7.254,75
120100001586 21/10/2010 E. R. R. 3.814,18 3.814,18
120100001683 10/11/2010 E. R. R. 5.395,00 5.395,00
120100000254 12/03/2010 A. P. M. 499,30 499,30
120100000538 03/05/2010 A. P. M. 1.050,50 1.050,50
120100000743 07/06/2010 A. P. M. 1.139,00 1.139,00
120100000744 07/06/2010 A. P. M. 865,10 865,10
120100000889 14/07/2010 A. P. M. 674,50 674,50
120100001832 08/11/2010 A. P. M. 1.077,00 1.077,00
320100000525 05/03/2010 V. G. P. 745,62 745,62
320100000526 05/03/2010 V. G. P. 432,46 432,46
320100002015 04/05/2010 Cristamar 2000, S.L. 236,16 236,16
320100002076 06/05/2010 L. J. 529,35 529,35
320100002448 20/05/2010 Robertino Dancing, S.L. 969,15 969,15
320100004760 23/07/2010 L. L. T. 1.292,00 1.292,00
320110006156 01/01/2011 Congelados El Copo, S.L. 1.500,00 1.500,00
120110000042 19/01/2011 E. R. R. 8.330,23 8.330,23
120110000160 17/02/2011 E. R. R. 5.955,80 5.955,80
120110000687 10/06/2011 E. R. R. 3.089,90 3.089,90
120110000463 11/05/2011 A. P. M. 1.438,80 1.438,80
120110000688 10/06/2011 A. P. M. 1.501,75 1.501,75
120110000737 24/06/2011 A. P. M. 1.313,60 1.313,60
120110000778 04/07/2011 A. P. M. 1.160,10 1.160,10
120110000860 28/07/2011 A. P. M. 1.092,90 1.092,90
120110000875 03/08/2011 A. P. M. 537,70 537,70
120110000989 08/09/2011 A. P. M. 1.062,70 1.062,70
44
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110001045 06/10/2011 A. P. M. 1.313,90 1.313,90
120110000185 02/03/2011 Jefatura Policía Local 2.403,60 2.120,46
120110000335 25/03/2011 A. G. M. 1.027,95 994,81
120110001274 22/11/2011 A. P. M. 2.388,80 2.388,80
220110001298 30/11/2011 A. P. M. 1.351,90 130,49
120110001398 28/12/2011 A. P. M. 1.088,60 1.088,60
320110003970 15/07/2011 M. M. C. C. 7.473,35 1.688,51
320110000359 22/02/2011 D. E. S. 11.046,87 5.934,07
120120000038 26/01/2012 E. R. R. 10.787,38 10.787,38
120120000083 08/02/2012 E. R. R. 11.808,70 11.808,70
120120000109 23/02/2012 E. R. R. 3.336,68 3.336,68
120120000172 15/03/2012 A. P. M. 1.010,30 1.010,30
120120000214 28/03/2012 A. P. M. 1.078,70 1.078,70
TOTAL 166.411,44€
Al margen de las operaciones reflejadas en los cuadros anteriores, es preciso hacer una
especial referencia a tres operaciones que se incluyeron entre aquellas que dieron lugar al
alcance declarado pero que presentaban algunas características específicas.
- En primer lugar, la operación nº 120120000027, de fecha 18 de enero de 2012, por
importe de 8.672,05 euros. Como ya se expuso anteriormente al tratar la existencia del alcance,
el informe del Tesorero de 12 de septiembre de 2012 expone que según la carta de pago de
fecha 18 de enero de 2012, esta operación corresponde al "ingreso recaudación cursos de
cultura, del 11 al 15 de enero de 2012", ingresado por UNICAJA, ordinal 206. Dicho ingreso fue
eliminado de la contabilidad municipal y se com probó que se dio de alta una nueva operación de
ingreso, la número 120120000059, de importe 6.173,65 euros, donde figura como texto "ingreso
cursos delegación de cultura, días 11 y 12 de enero de 2012" de fecha 10 de febrero de 2012,
según carta de pago, efectuada por el ordinal 206 de UNICAJA, que sí figura en el extracto
bancario de dicho ordinal.
Durante la investigación, se preguntó acerca de estas diferencias al tercero que efectuó
dicho ingreso, la funcionaria municipal Dña. E. R. R., quien indicó que ella efectuó el ingreso por
8.672,05 euros. Por todo lo expuesto, en relación a este ingreso el importe que falta en las arcas
45
municipales sería la diferencia entre estas dos operaciones, es decir, faltan por ingresar 2.498,40
euros de la carta de pago original.
La parte demandada ha impugnado la carta de pago de fecha 18 de enero de 2012 por
importe de 8.672,05 euros, pues el informe pericial aportado no observa ningún rasgo similar
entre la firma de este documento y la firma indubitada. Como ya se manifestó con anterioridad
en referencia a otros cuatro supuestos similares, no se puede atribuir la autoría de la firma de la
aludida carta de pago a la demandada pero tampoco se puede excluir de momento su
intervención en esta operación pues el ingreso reflejado en la carta de pago se realizó por banco
y no por caja, de modo que a efectos de determinar la responsabilidad del perjuicio causado por
estas operaciones la firma de la carta de pago no resulta decisiva pues no refleja la entrada de
dinero en metálico en la caja de la Corporación. Todo ello, sin perjuicio de un análisis posterior
de esta operación que trascienda la cuestión de la autenticidad de las firmas.
- En segundo lugar y en relación con el escrito que Dña. E. R. R. presentó con fecha 9 de
mayo de 2012 donde de forma resumida relata que entregó a la empleada de la Tesorería
Municipal, Dña. F. N. M., la cantidad de 1.527,30 euros, procedentes de la recaudación de cursos
y talleres de la Delegación de Cultura del periodo comprendido del 13 al 29 de febrero del año
2012 y que a día de la fecha no había obtenido la correspondiente carta de pago, citando además
a varios empleados municipales que han sido testigos de sus requerimientos a la Sra. F. N. M.
para que le entregase dicha carta de pago, la parte demandada no ha contradicho esta
afirmación ni negado su veracidad de modo que cabe considerar que este ingreso fue recibido
por ella y que, a pesar de los requerimientos, no entregó carta de pago, habiéndose ya
constatado que este ingreso no figura ni registrado ni anulado en las bases de datos de la
contabilidad municipal, ni en los libros de caja y tampoco en los ordinales bancarios del
Ayuntamiento.
- En tercer lugar, según el informe de 18 de octubre de 2012 del Tesorero en la
contabilidad municipal figuraba una compensación de 3.012,90 euros, en la que se compensa en
formalización (sin salida material de fondos) un ingreso de la empresa Laurel States, S.L., con
C.I.F. B92127455, de importe 3.012,90 euros con el siguiente texto "pago recibos matrículas
192290132576 y 192290132586, Patronato de Recaudación", con dos pagos a D. A. M. G., uno
de 2.727,00 euros y otro de 285,90 euros.
Sin embargo, solicitada información de los recibos compensados realmente en el
Patronato de Recaudación, se constató que la carta de pago que el Ayuntamiento emitió por
dicha compensación tiene el mismo número de operación e importe que la que figura en la
contabilidad municipal pero distinto tercero, texto y fecha. El tercero que figura en dicha carta
de pago es la mercantil MIMOLO, S.L., con C.I.F. B92239656 y los recibos que se compensan
corresponden a dicha empresa como contribuyente. Según la información pública del Registro
Mercantil en la mercantil MIMOLO, S.L. figura como apoderado D. M. M. L. y como
administrador único D. F. J. G. V..
46
Como resultado de todo lo expuesto, el Tesorero accidental concluyó en su informe que
la mercantil MIMOLO, S.L. no abonó unos recibos aI Ayuntamiento por un importe total 3 .012,90
euros y que se ha perjudicado a D. A. M. G. que aparece en la contabilidad municipal cobrando
unas facturas que se le adeudaban por v alor de 3.012,90 euros a través de una compensación de
impuestos que no se ha llevado a cabo.
La parte demandada ha impugnado la carta de pago de fecha 6 de julio de 2010 por
importe de 3.012,90 euros, pues el informe pericial aportado no observa ningún rasgo similar
entre la firma de este documento y la firma indubitada. En contraposición, la pericial de la parte
actora analiza lo que denomina texto manuscrito anónimo, consistente en dos grafismos, pero
no la firma en sí para concluir que estos grafismos manifiestan rasgos de semejanza en su
estructura y desarrollo morfológico, que ponen de evidencia o parecen indicar haber sido
estampados por la misma mano autor. Asimismo, afirma que entre estos textos anónimos y la
firma indubitada de la Sra. F. N. M. hay cierta semejanza o analogía de identidad, por lo que
procede atribuir la autoría de dichos caracteres anónimos a la demandada. Por todo ello, ante la
falta de similitud de la firma con la muestra indubitada de la Sra. F. N. M. y debido a que el
informe pericial aportado por la parte demandante no analiza dichas firma y tampoco es
concluyente respecto a la autoría de los caracteres anónimos, no se puede atribuir la autoría de
la firma de esta carta de pago a la demandada y, en consecuencia, a pesar de tratarse de un
ingreso en formalización, no puede considerarse acreditada documentalmente la intervención
de la Sra. F. N. M. en esta operación, pues la pretensión de la parte actora se fundamenta en el
hecho de la alteración fraudulenta de la carta de pago referida a esta compensación y no se ha
probado de manera suficiente la intervención de la demandada en dicha alteración, teniendo en
cuenta además que en la carta de pago en la que figura como tercero la empresa Laurel States,
S.L. (folio 407 del anexo I a la pieza de actuaciones previas) no figura firma alguna.
Una vez definidas las operaciones causantes del alcance declarado que de modo
preliminar pueden imputarse a la demandada Dña. F. N. M. bien por que firmó la carta de pago
correspondiente o porque no puede descartarse su intervención al tratarse de ingresos
realizados por banco, se debe analizar, en segundo lugar, la relación de la demandada con las
operaciones de anulación y eliminación de asientos contables en el programa de contabilidad.
A pesar de que la demandada ha negado en sus declaraciones tanto en sede judicial
como en el acto del juicio que realizara operaciones de anulación o eliminación de asientos
contables e incluso que estuviera habilitada para hacerlo, lo cierto es que los listados de estas
operaciones obrantes en autos (folios 11 y siguientes del citado anexo I) reflejan numerosas
anulaciones y eliminaciones realizadas con el usuario “28-N”. En la contestación a la demanda, la
representación de la Sra. F. N. M. justificó este hecho co n el argumento de que estas operaciones
realmente fueron efectuadas por Dña. F. P. L. o por Dña. A. M. M. P., quienes a requerimiento de
su mandante (cuando había algún error en la realización del ingreso) ocupaban su puesto de
trabajo y usaban su terminal de ordenador, entrando en el programa abierto con la clave de su
mandante y abriendo la ventana del programa que permitía hacer la anu lación/eliminación, para
lo cual debían introducir una contraseña concreta para esa operación que sólo conocían ellas.
47
No obstante, de las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio y de las
aportadas documentalmente por las partes, no puede considerarse probado que estas
operaciones fueran realizadas por otras personas distintas de la demandada y sí se ha acreditado
por las declaraciones en el juicio de los testigos que una vez introducida la contraseña personal
para acceder al programa de contabilidad, no era precisa una nueva contraseña para anular o
eliminar asientos. Si bien la prueba practicada sí permite intuir que algunos de los trabajadores
del departamento de contabilidad conocían las claves de acceso al programa de contabilidad de
otros usuarios y así debe considerarse probado en el caso de D. J. N. S. y de Dña. C. G. A. N.,
quienes han reconocido que compartían la contraseña (declaraciones en el Juzgado penal
obrantes a los documentos 6 y 7 de la contestación a la demanda de la Sra. F. N. M.), lo cierto es
que no se ha probado de forma fehaciente por la demandada que su contraseña fuera conocida
por otros empleados del departamento de contabilidad ni tampoco que su ordenador fuera
empleado por otros usuarios con o sin su conocimiento para realizar operaciones en el programa
de contabilidad.
Teniendo en cuenta todo ello, aquellas operaciones que fueron realizadas con el usuario
de la Sra. F. N. M. deben considerarse realizadas por la demandada pero no aquellas otras que
han sido realizadas por otros usuarios. A pesar de que la parte demandante ha subrayado el
hecho de que todos los días en que se realizaron anulaciones o eliminaciones de asientos
contables la demandada se encontraba trabajando, de ello no puede deducirse de ninguna
manera que esas operaciones fueron realizadas por la Sra. F. N. M. cuando la documentación
obrante en autos indica que el usuario que las realizó fue otra persona. Por ello, del listado de
operaciones que son imputables a la demandada se deben excluir las incluidas en el siguiente
cuadro, en el que figuran aquellas en las que la anulación o eliminación fue realizada por otro
usuario.
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso
Importe
ingreso
Importe
sustraído
Fecha anulación/
eliminación
Usuario
320090008861 01/10/2009 4.488,00 4.488,00 25/11/09 M.
320110006156 01/01/2011 1.500,00 1.500,00 19/10/11 N.
120110000687 10/06/2011 3.089,90 3.089,90 10/06/2011 C.
120110000688 10/06/2011 1.501,75 1.501,75 10/06/2011 C.
120110000778 04/07/2011 1.160,10 1.160,10 04/07/2011 C.
120110000185 02/03/2011 2.403,60 2.120,46 28/11/2011 C.
120110000335 25/03/2011 1.027,95 994,81 24/11/2011 C.
320110003970 15/07/2011 7.473,35 1.688,51 19/07/2011 C.
48
En relación con estas 8 operaciones hay que detallar dos casos particulares, el prim ero el
de la operación de “Congelados El Copo”, por importe de 1.500 euros. En este supuesto la
eliminación se realizó con el usuario de la Sra. F. N. M. pero según consta en el listado de estas
operaciones obrante al folio 533 del anexo I a la pieza de actuaciones previas, todas las
operaciones para la desaparición de la fianza prestada por la citada empresa fueron realizadas
por el usuario “N.”, de modo que la responsabilidad derivada de esta operación no es imputable
a la demandada. En segundo lugar, la operación por importe de 1.160,10 euros fue eliminada por
el usuario “C.” el día 4 de julio de 2011, fecha en la que, de acuerdo con el citado listado, la
empleada municipal Dña. C. G. A. N. se encontraba de vacaciones (folio 15 de la pieza de
actuaciones previas). La parte actora ha deducido de esta circunstancia que la eliminación fue
realizada por la Sra. F. N. M. utilizando el usuario y contraseña de la Sra. C. G. A. N. pero este
hecho no ha sido probado.
Analizadas ya las operaciones de anulación que indiciariamente pueden considerarse
realizadas por la demandada, se deben estudiar por último aquellas otras que se corresponden
con ingresos realizados por banco y no por caja. En primer lugar, existen dos operaciones por
importes de 10.787,30 y 11.808,70 euros de fechas 26 de enero y 8 de febrero de 2012 que la
parte demandante, basándose en el informe del Tesorero de 12 de septiembre de 2012, imputó
a la demandada. Como ya se analizó con anterioridad, la firma de estas cartas de pago no es
atribuible a la Sra. F. N. M. pero al tratarse de ingresos no realizados en efectivo por caja, esta
circunstancia no resulta concluyente a efectos de determinar la respo nsabilidad derivada de esta
operación. No obstante, lo cierto es que ni en la demanda ni en el citado informe del Tesorero se
argumenta, al contrario de lo que se hizo en otras operaciones, la forma en la que
presuntamente la demandada se condujo para causar el perjuicio a los fondos públicos. Esta
operación se trata del mismo modo que las que consistieron en ingreso de efectivo por caja
pero, dado que consiste en un ingreso realizado por banco, la falta de explicación de la operativa
no permite imputarla a la demandada, a pesar de que las eliminaciones fueron realizadas por la
Sra. F. N. M..
La misma situación se produce en el caso de la carta de pago de 18 de enero de 2012,
por importe de 8.672,05 euros, que produjo un perjuicio de 2.498,40 euros, pues la firma no se
consideró atribuible a la demandada pero el ingreso se realizó por banco. Sin embargo, en este
caso, el informe del Tesorero de 12 de septiembre de 2021 sí ofrece una explicación
complementaria, pues, además de poner de manifiesto que la eliminación se realizó con el
usuario de la Sra. F. N. M. añade que se dio de alta una nueva operación de ingreso por banco
por un concepto similar que sí figura en el extracto bancario. A pesar de ello, la intervención de
la demandada en esta operación no se considera acreditada de forma suficiente pues el hecho
de que realizara la eliminación de la operación no la relaciona de forma directa con el destino del
ingreso por banco de la cantidad de 8.672,05 euros ni con la diferencia entre esta cantidad y la
de 6.173,65 de la segunda carta de pago.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, las operaciones que esta Consejera considera
imputables a la Sra. F. N. M. por razón de haberse acreditado que recibió el ingreso en efectivo y
49
realizó la anulación o eliminación de los asientos contables son las reflejadas en el siguiente
cuadro:
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009000536 26/05/2009 E. R. R. 3.040,85 3.040,85
12009001140 23/07/2009 E. R. R. 795,99 795,99
12009001164 30/07/2009 A. P. M. 551,16 551,16
12009001295 14/08/2009 A. P. M. 686,90 686,90
12009001328 24/08/2009 A. P. M. 922,25 922,25
12009001392 17/09/2009 A. P. M. 640,90 640,90
12009001571 28/09/2009 E. R. R. 3.163,55 3.163,55
12009001626 08/10/2009 E. R. R. 9.219,00 9.219,00
12009001805 22/10/2009 E. R. R. 1.686,00 1.686,00
12009001082 13/07/2009 L. L. T. 1.957,00 1.957,00
320090000406 23/02/2009 V. U. L. 5.960,63 5.960,63
320090003651 25/05/2009
Reciclados y Desguaces
Industriales y de
Automoción P Y V, S.L.
2.000,00 2.000,00
320090005739 12/06/2009
En Tus Manos Promociones,
S.L. 6.742,23 6.742,23
320090005440 02/07/2009 V. G. M. 5.000,00 5.000,00
320090005441 02/07/2009 V. G. M. 700,00 700,00
320090005442 02/07/2009 V. G. M. 3.500,00 3.500,00
320090005590 06/07/2009 El Corte Inglés, S.A. 1.461,97 1.461,97
320090005652 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 172,00 172,00
320090005653 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 860,00 860,00
320090007258 18/09/2009 Diego Soto, S.L. 341,04 341,04
320090007980 23/10/2009 The Bodywordks Clinic, S.L. 1.220,79 1.220,79
120100000407 15/04/2010 E. R. R. 4.401,88 4.401,88
120100000537 03/05/2010 E. R. R. 7.833,60 7.833,60
50
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120100000821
18/06/
2010 E. R. R. 2.426,75 2.426,75
120100001571 15/10/2010 E. R. R. 7.254,75 7.254,75
120100001586 21/10/2010 E. R. R. 3.814,18 3.814,18
120100001683 10/11/2010 E. R. R. 5.395,00 5.395,00
120100000254 12/03/2010 A. P. M. 499,30 499,30
120100000538 03/05/2010 A. P. M. 1.050,50 1.050,50
120100000743 07/06/2010 A. P. M. 1.139,00 1.139,00
120100000744 07/06/2010 A. P. M. 865,10 865,10
120100000889 14/07/2010 A. P. M. 674,50 674,50
120100001832 08/11/2010 A. P. M. 1.077,00 1.077,00
320100000525 05/03/2010 V. G. P. 745,62 745,62
320100000526 05/03/2010 V. G. P. 432,46 432,46
320100002015 04/05/2010 Cristamar 2000, S.L. 236,16 236,16
320100002076 06/05/2010 L. J. 529,35 529,35
320100002448 20/05/2010 Robertino Dancing, S.L. 969,15 969,15
320100004760 23/07/2010 L. L. T. 1.292,00 1.292,00
120110000042 19/01/2011 E. R. R. 8.330,23 8.330,23
120110000160 17/02/2011 E. R. R. 5.955,80 5.955,80
120110000463 11/05/2011 A. P. M. 1.438,80 1.438,80
120110000737 24/06/2011 A. P. M. 1.313,60 1.313,60
120110000860 28/07/2011 A. P. M. 1.092,90 1.092,90
120110000875 03/08/2011 A. P. M. 537,70 537,70
120110000989 08/09/2011 A. P. M. 1.062,70 1.062,70
120110001045 06/10/2011 A. P. M. 1.313,90 1.313,90
120110001274 22/11/2011 A. P. M. 2.388,80 2.388,80
220110001298 30/11/2011 A. P. M. 1.351,90 130,49
51
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110001398 28/12/2011 A. P. M. 1.088,60 1.088,60
320110000359 22/02/2011 D. E. S. 11.046,87 5.934,07
120120000109 23/02/2012 E. R. R. 3.336,68 3.336,68
120120000172 15/03/2012 A. P. M. 1.010,30 1.010,30
120120000214 28/03/2012 A. P. M. 1.078,70 1.078,70
TOTAL 127.271,83 €
A este importe total de 127.271,83 euros se debe sumar el de 1.527,30 euros, que,
según afirmó Dña. E. R. R. sin que su declaración haya sido contradicha por la demandada, fue
entregado en efectivo a la Sra. F. N. M. el día 29 o 30 de marzo de 2012 sin que esta emitiera
carta de pago a pesar de ser requerida para ello y sin que este ingreso figure ni registrado ni
anulado en las bases de datos de la contabilidad municipal, ni en los libros de caja y tampoco en
los ordinales bancarios del Ayuntamiento. Por ello el importe total atribuido a la demandada
asciende a un total de 128.799,13 euros.
Como ya se ha dicho la atribución a la demandada de la responsabil idad derivada de este
perjuicio en los fondos públicos se fundamenta principalmente en el hecho de haberse
considerado probado que recibió los ingresos en efectivo de los que resulta dicha cantidad y que
realizó las anulaciones o eliminaciones de los asientos contables correspondientes pero también
en la falta de anotación de estas operaciones en el libro auxiliar de caja y en el hecho de que la
Sra. F. N. M. tenía llave de la caja fuerte en la que se guardaba el dinero en efectivo que se
ingresaba por caja en el departamento de contabilidad. A pesar de algunas declaraciones
contradictorias al respecto, la propia demandada afirmó en su declaración ante el Juzgado penal
(folio 15 del documento 5 anexo a la contestación a la demanda de la Sra. F. N. M.) que sí
disponía de llave de la parte de arriba de la caja fuerte donde se guardaba el diner o en efectivo y
así también se consideró probado en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de
Málaga. La representación de la demandada ha pretendido trasladar esta responsabilidad
atribuida a su patrocinada a otras personas no demandadas en el procedimiento y ha aludido a
que dada la organización del espacio físico del departamento de tesorería resultaba
materialmente imposible la sustracción del dinero sin que nadie lo advirtiera. Sin embargo, ante
el hecho acreditado de la desaparición de los fondos, estas afirmaciones no dejan de ser meras
alegaciones de parte que no desvirtúan lo s hechos documentalmente probados.
Dicho esto, para atribuir a la demandada la responsabilidad contable directa por impo rte
de 128.799,13 euros es preciso analizar la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la
doctrina de la Sala de Justicia a los que ya se hizo referencia con anterioridad.
52
El segundo de los citados requisitos exige que la acción u omisión atribuible al gestor de
fondos públicos se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recaude n, intervengan,
administren, custodien, manejen o utilice n caudales o efectos públicos.
El apartado segundo del artículo 3 4 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
de 5 de abril, establece que “Serán cuentadantes, en las cuentas que hayan de rendirse al
Tribunal, las autoridades, funcionario s o empleados que tengan a su cargo la ge stión de los
ingresos y la realización de los gastos o la gest ión del patrimonio en las entidades del sect or
público”.
A ello habría que añadir el concepto amplio de cuentadante y de cuenta que ha venido
defendiendo la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en sentencias como la de 31 de marzo de
2009 y la de 2 de marzo de 2010. El concepto amplio de cuenta no debe llevarnos a identificar
exclusivamente la misma con las solemnidades previstas en la legislación contable y
presupuestaria ya que como ha señalado la sentencia de la Sala de Justicia de 26 de diciembre de
2003, rendir la cuenta consiste en “explicar el destino dado a lo recibido, con devolución total o
parcial, según los casos, de los v alores encomendados a su administraci ón o custodia. La entrega
de los fondos o efectos públicos se denomi na operación de cargo de valores y produce efectos
traslativos de su posesión desplazándose la misma a la persona que los re cibe, quien queda
obligada a su custodia, administración o ge stión con la diligencia exigible a quien acepta negociar
intereses ajenos y, en particular, intereses públicos. Finalizada la gestión el gesto r ve liberada su
responsabilidad mediante la operación de descargo o data, a través de la cual devuelve todo o
parte de los valores recibidos y/o el producto de s u realización, esto es, procede a la rendició n de
la cuenta, operación denominada cuentadaci ón”.
Por tanto, de la normativa y jurisprudencia anteriormente expuestas se puede concluir
que la demandada Dña. F. N. M., en su condición de empleada del departamento de tesorería
del Ayuntamiento de Estepona y responsable de la recepción de los ingresos por caja, ostenta la
condición de cuentadante, a efectos de la declaración de responsabilidad contable en este
procedimiento.
En tercer lugar, para que pueda declararse la existencia de una responsabilidad contable
es preciso también que se haya producido una vulneración de la normativa presupuestaria y
contable reguladora del sector público de que se trate. En relación a este presupuesto, la
Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 30 de septiembre de 2009 ha
señalado que: “la Sala de Justicia ha venido elabora ndo una reiterada doctrina (ver, por todas,
Sentencia 18/2009, de 22 de julio) en la que ha que dado de manifiesto, en esencia, que el daño
producido a los fondos públicos tiene que ser produci do por la infracción de norma
presupuestaria o contable”.
Con carácter general, se pronuncia el artículo 176 de la Le y General Presupuestaria de 26
de noviembre de 2003 establece que: “Las autoridades y demás personal al servicio de las
entidades contempladas en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa grav es adopten
resoluciones o realicen actos con infr acción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a
53
indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su c aso, a la respectiva entidad los daños y
perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con ind ependencia de la responsabilidad penal o
disciplinaria que les pueda corresponder .” También la normativa reguladora de las Haciendas
Locales establece disposiciones para garantizar la integridad de los ingresos públicos e impone el
deber de los gestores de administrar las finanzas públicas con sometimiento a la legalidad y a los
principios de “buena gestión financiera”.
Por tanto, se deduce de lo hasta ahora manifestado que en el presente caso, según se
desprende de la relación de hechos probados y de la anterior fundamentación jurídica, la
actuación de la demandada implica una infracción de la normativa presupuestaria mencionada,
puesto que ha quedado probado que manejó el dinero en efectivo ingresado en la Caja del
Ayuntamiento sin sujetarse a la normativa reguladora del gasto, además de incumplir las
obligaciones de custodia de los fondos públicos gestionados por caja que, en la medida en que
ejercía de forma delegada funciones de tesorería, le imponía el Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional, hoy derogado pero vigente en el momento de los
hechos.
La capacidad de actuación que la Sra. F. N. M. tenía sobre la caja de efectivo, por razón
de su puesto, hizo posibles t odas las actuaciones que dieron lugar al alcance declarado sin que el
desarrollo de las mismas estuviera condicionado en ningún sentido por las tareas que ejercía
Dña. A. M. M. P. y los sucesivos tesoreros municipales, como intenta hacer valer la parte
demandada al trasladar el conjunto de sus responsabilidades a la Sra. A. M. M. P. y poner de
manifiesto el incumplimiento por parte de esta de sus obligaciones, especialmente en lo que se
refiere al contraste de la contabilidad con el libro auxiliar de caja y las cue ntas bancarias. En todo
caso, es reiterada la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el sentido de que el
posible incumplimiento por parte de otros de las obligacio nes que tienen atribuidas nunca puede
constituir causa para que uno deje de atender las propias (por todas Sentencia 12/06, de 24 de
julio).
Además de todo lo anterior, para la declaración de responsabilidad contable se exige por
la doctrina emanada de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que la acción u omisión esté
marcada por una nota de subjetividad, es decir, se requiere que exista dolo, culpa o negligencia
grave.
Para que se pueda imputar responsabilidad contable a la demandada no basta con su actuación
negligente, sino que es preciso que su conducta pueda calificarse como gravemente negligente,
en cuyo caso se constituiría en causa eficiente del daño, en cuanto el mismo no se habría
producido sin la concurrencia de aquella.
En este sentido, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 7 de marzo de 1994, considera
que es culposa una conducta que genera un result ado socialmente dañoso y que, por ser
contraria a los valores jurídicos exteriorizados, es objeto de reprobación social. Por su parte, la
Sala de Justicia, en diversas resoluciones, como la Sentencia 1/07 y la 16/04, tomando como
54
referencia el carácter socialmente dañoso que supone el menoscabo a la integridad de los
fondos públicos, ha manifestado que al gestor público se le debe exigir una especial diligencia en
el cumplimiento de sus obligaciones, disponiendo en la primera de ellas que en el ámbito de la
jurisdicción contable “la diligencia exigible al gestor de fondos públicos es, al me nos, la que
correspondería a un buen padre de famil ia a la que se refiere el artículo 1104 del Código Civil en
su segundo apartado, si bien debe tenerse en cue nta que la obligación de rendición de cuentas
que incumbe a todo gestor de fondos pú blicos deriva de una relación jurí dica de gestión de
fondos ajenos, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, por lo que debe
exigirse una especial diligencia en e l cumplimiento de las obligaciones de custodia, justificación y
rendición de cuentas, en cuanto su inc umplimiento da lugar a una conducta, generadora de
daños y perjuicios, que puede considerarse s ocialmente reprobable.”
La negligencia o culpa leve es predicable de quien omite las cautelas que, no siéndole
exigibles, adoptaría una persona muy reflexiva o extremadamente cauta, mientras que la grave
es predicable de quien omite las exigibles a una persona normalmente prudente, así señala la
Sala de Justicia en la sentencia de 17 de diciembre de 1998 que "nos sitúa en el contexto del
descuido inexcusable en personas que por razón de su formación, conocimientos, experiencia,
responsabilidades encomendadas o listado de deberes, deberían haber observado una serie de
precauciones en su actuación", las cuales ha brían enervado el daño producido.
La actuación de la demandada, sin perjuicio de la valoración de su conducta desde la
perspectiva del posible dolo que pueda decidirse, en su caso, en la vía penal, está incursa, al
menos, en negligencia grave pues, como se ha visto, ni se atuvo al canon de diligencia cualificado
exigible en la gestión de fondos públicos (por todas, sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal
de Cuentas 15/04, de 26 de julio), ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y
evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo (sentencias de esa misma Sala de
Justicia, entre otras, 2/03, de 26 de febrero y 4/06, de 29 de marzo), ni adoptó las mínimas
cautelas necesarias para no incurrir en un descuido inexcusable en el ejercicio de sus funciones
(sentencia de la misma Sala de Justicia 11/04, de 6 de abril). Todo ello derivado de su gestión de
los ingresos recibidos por caja, los cuales no anotó en el libro auxiliar de caja y anuló o eliminó
posteriormente del programa de contabilidad.
El resultado producido por la conducta de la demandada, como gestora de la caja de
efectivo, fue un daño real, efectivo, económicamente evaluable e identificado en los caudales
públicos del Ayuntamiento de Estepona, cumpliéndose así el requisito de la responsabilidad
contable exigido en el artículo 59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas. Este menosc abo consistió en una falta de ingreso de cantidades cobradas y,
como ya se dijo al tratar la cuestión de la cuantificación del alcance, supuso para las arcas
públicas un quebranto de 244.715,70 euros, si bien solo se ha considerado imputable a la
demanda la cuantía de 128.799,13 euros.
Entre la actuación gestora de la Sra. F. N. M. y el menoscabo patrimonial provocado a las
arcas públicas municipales existe relación de causalidad, pues fue el incumplimiento de las
55
funciones de la citada empleada municipal y el carácter ilegal y, al menos, gravemente
negligente de su intervención en la gestión de la Caja de efectivo lo que dio lugar a que
determinados fondos no accedieran a ella. El nexo causal apreciado entre la actuación de la
demandada y los daños patrimoniales producidos al Ayuntamiento se ajusta a los requisitos que
para la responsabilidad contable exige la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de
Cuentas en Sentencia, por todas, 2/04, de 4 de febrero.
La existencia de relación de causalidad entre la actuación del demandado y el daño
producido, es la razón que fundamenta la obligación de indemnizar. A este respecto solo cabe
decir que se aprecia, conforme a lo expuesto anteriormente, la “conexión directa” a que se
refiere la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en diversas Sentencias, por todas las de 10 y 30
de julio de 1992 y 24 de Septiembre de 1998, sin que se haya acreditado la existencia de ninguna
circunstancia externa de fuerza mayor que haya interrumpido tal nexo causal entre la conducta
de la demandada y el menoscabo producido a los f ondos públicos.
Así pues, sobre la base de lo hasta ahora razonado, y teniendo en cuenta que la jurisprudencia
contable es unánime al exigir la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la
responsabilidad contable para declarar su existencia (por todas, sentencia 11/2010, de 7 de
junio), debe declararse la existencia de un al cance en los fondos públicos de 244.715,70 euros de
principal, y responsable contable parcial del mismo, en la cuantía de 128.799,13 euros, a Dña. F.
N. M., empleada del departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Estepona durante los años
a que se refieren los hechos de la presente sentencia, al reunir sus actuaciones todos los
requisitos exigidos para la exigencia de responsabilidad contable, según se ha ido analizando en
los fundamentos de derecho de esta sentencia, siendo además la responsabilidad exigible a la
misma directa, por ajustarse su intervención en los hechos a la conducta descrita en el artículo
42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Dada la existencia de actuaciones penales por los referidos hechos, y con el fin de evitar
la duplicidad en el reintegro al Ayuntamiento de Estepona, en fase de ejecución deberán
adoptarse las oportunas medidas de coordinación con la jurisdicción penal.
OCTAVO.- Una vez examinada la responsabilidad directa reclamada, procede analizar a
continuación la subsidiaria exigida en la demanda a D. F. D. P..
De acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, “son responsables
subsidiarios quienes por negligen cia o demora en el cumplimiento de o bligaciones atribuidas de
modo expreso por las Leyes o Reglamentos hayan dado ocasión directa o indir ecta a que los
caudales públicos resulten menoscabad os o a que no pueda conseguirse el resar cimiento total o
parcial del importe de las responsabilidade s directas”.
En relación con el concepto de responsabilidad contable subsidiaria es extensa la
doctrina de la Sala de Justicia debiendo destacar por todas sentencia 15/07, de 24 de julio: “de
una interpretación conjunta de los artículos 38 .4, 39, 40 y 43 de nuestra Ley Orgánica puesta en
correlación con los distintos pronunciamie ntos de la Sala de Apelación habidos sobre el particular
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(por todos, Sentencias de 29 de mayo de 1992, 25 de febrero y 22 de julio de 1 993 y 24 de febrero
de 1994), se desprenden como caracteres de la responsabili dad contable subsidiaria los
siguientes: 1º) Viene determinada por la negligencia o demora en el cumplimi ento de
obligaciones expresamente atribuidas por las leyes o reglamentos, dando lugar con ello a un
menoscabo en los caudales o efectos públicos. 2º) Cuando se pruebe que el presunto responsable
no pudo cumplir con dichas obligaciones c uya omisión sea causa de la propia res ponsabilidad
subsidiaria- con los m edios personales y materiales que tuviese a su disposi ción en el momento
de producirse los hechos, no habría lug ar a la exigencia de dicha responsabil idad subsidiaria. 3º)
La responsabilidad contable en que incurran los r esponsables subsidiarios debe limitarse, en lo
que a su cuantificación se refie re, a los perjuicios que sean consec uencia de sus actos. 4º) La
citada responsabilidad subsidiaria puede m oderarse en forma prudencial y equitativa, en f unción
de las circunstancias concurrentes y de la conducta observada por el sujeto incurso en es a
responsabilidad. Y 5º) Podrá atenuarse la menci onada responsabilidad subsidiaria cuan do, aun
no existiendo imposibilidad material par a el cumplimiento de las obligaciones enc omendadas, el
esfuerzo a tal fin exigido al funcionario f uera desproporcionado en función a la na turaleza de su
cargo.”
Teniendo en cuenta que la demanda dirigida contra la responsable contable directa ha
sido estimada solo parcialmente, habiéndose declarado a la Sra. F. N. M . responsable del alcance
en la cuantía de 128.799,13 euros, la pretensión dirigida contra los responsables subsidiarios se
limitará a esta cuantía pues conforme al artículo 49.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas y a la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (por todas, sentencias
22/2012, de 19 de julio, 17/2012, de 17 de julio y 10/2002, de 18 de diciembre), no es posible
condenar a los demandados como responsables subsidiarios por hechos de los que fue absuelto
el responsable directo.
En este sentido, la citada sentencia 10/2002, de 18 de diciembre, señala que para que
pueda declararse una responsabilidad subsidiaria, aparte de que sólo corresponde por
negligencia o demora en el cumplimiento de las obligaciones atribuidas por las Leyes o
Reglamentos, ha de proceder previamente la declaración de responsabilidad directa en otro u
otros responsables y que la directa no pueda ser efectiva, según el artículo 43.2 de la Ley 2/1982
y artículo 49.1 in fine de la Ley de Funcionamiento, y a tenor de la doctrina reiterada de la Sala de
Justicia sobre la inadmisión de las responsabilidades subsidiarias autónomas (entre otras,
sentencias de 26 de junio, 30 de julio, 29 de septiembre, 30 de septiembre y 2 de noviembre de
1992).
En particular, en lo referente al Sr. D. P., la pretensión dirigida contra él estará limitada al
perjuicio derivado de las operaciones de las que se consideró responsable directa a la Sra. F. N.
M. y al periodo de tiempo en el que ejerció el cargo de Tesorero del Ayuntamiento de Estepona.
Teniendo en cuenta estas dos limitaciones, las operaciones que eventualmente se podrían
imputar al demandado como responsable subsidiario son las incluidas en el cuadro siguiente:
57
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
12009000536 26/05/2009 E. R. R. 3.040,85 3.040,85
12009001140 23/07/2009 E. R. R. 795,99 795,99
12009001164 30/07/2009 A. P. M. 551,16 551,16
12009001295 14/08/2009 A. P. M. 686,90 686,90
12009001328 24/08/2009 A. P. M. 922,25 922,25
12009001392 17/09/2009 A. P. M. 640,90 640,90
12009001571 28/09/2009 E. R. R. 3.163,55 3.163,55
12009001626 08/10/2009 E. R. R. 9.219,00 9.219,00
12009001805 22/10/2009 E. R. R. 1.686,00 1.686,00
12009001082 13/07/2009 L. L. T. 1.957,00 1.957,00
320090000406 23/02/2009 V. U. L. 5.960,63 5.960,63
320090003651 25/05/2009
Reciclados y Desguaces
Industriales y de
Automoción P Y V, S.L.
2.000,00 2.000,00
320090005739 12/06/2009
En Tus Manos
Promociones, S.L. 6.742,23 6.742,23
320090005440 02/07/2009 V. G. M. 5.000,00 5.000,00
320090005441 02/07/2009 V. G. M. 700,00 700,00
320090005442 02/07/2009 V. G. M. 3.500,00 3.500,00
320090005590 06/07/2009 El Corte Inglés, S.A. 1.461,97 1.461,97
320090005652 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 172,00 172,00
320090005653 10/07/2009 Hoteles Europeos, S.A. 860,00 860,00
320090007258 18/09/2009 Diego Soto, S.L. 341,04 341,04
320090007980 23/10/2009
The Bodywordks Clinic,
S.L. 1.220,79 1.220,79
120110000463 11/05/2011 A. P. M. 1.438,80 1.438,80
120110000737 24/06/2011 A. P. M. 1.313,60 1.313,60
120110000860 28/07/2011 A. P. M. 1.092,90 1.092,90
120110000875 03/08/2011 A. P. M. 537,70 537,70
58
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000989 08/09/2011 A. P. M. 1.062,70 1.062,70
120110001045 06/10/2011 A. P. M. 1.313,90 1.313,90
120110001274 22/11/2011 A. P. M. 2.388,80 2.388,80
220110001298 30/11/2011 A. P. M. 1.351,90 130,49
120110001398 28/12/2011 A. P. M. 1.088,60 1.088,60
120120000109 23/02/2012 E. R. R. 3.336,68 3.336,68
120120000172 15/03/2012 A. P. M. 1.010,30 1.010,30
120120000214 28/03/2012 A. P. M. 1.078,70 1.078,70
29 o 30/03/2012 E. R. R. 1.527,30 1.527,30
TOTAL 67.942,73 €
Hechas estas precisiones y con base en la doctrina expuesta, cabe señalar lo siguiente:
- D. F. D. P. ejerció el cargo de Tesorero de la Corporación Local al menos desde el 1 de
febrero de 2009 hasta el 16 de abril de 2012, salvo el período comprendido entre los días 9 de
enero de 2010 al 3 de abril de 2011. En su condición de Tesorero le competían las atribuciones
previstas en los artículos 5.1,b), 5.2 y 6.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que en la fecha de los hechos se regulaba el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con Habilitación Nacional. Tales atribuciones suponen la responsabilidad
del manejo y custodia de fondos, valores y efectos, la de organizar dicha custodia de fondos y
valores, la de dirigir los Servicios de Recaudación y la del control contable de las existencias.
- El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía “Análisis de la gestión de los fondos
líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María y Estepona,
2012”, constató las deficiencias existentes en la organización y funcionamiento de la Tesorería
del Ayuntamiento de Estepona y la inexistencia de mecanismos de control eficaces, tal y como se
recoge en los párrafos 241, 243, 248, 249, 299, 300 y 301 (págs. 43, 44, 54 y 55 del Informe)
reproducidos a continuación:
“El hecho de que las investigaciones internas concluyeran que en los ayuntamientos de
Dos Hermanas y Estepona faltaba numerario sin justificación, por operaciones realizadas en los
periodos 2007-2011 y 2009-2011 respectivamente, pone de manifiesto que la organización que
tenían establecida en el servicio de tesorería era inadecuada, y que además la función
recaudatoria de determinados derechos y el manejo de fondos públicos por caja no han estado
sujetos a mecanismos de control eficaces”.
59
“Las deficiencias organizativas detectadas en el curso de la auditoría, y que se estima que
pudieron facilitar la comisión de los hechos descritos (§§ 204 a 208), se refieren a los sistemas de
recaudación establecidos en ambos ayuntamientos, a cuestiones informáticas, y a aspectos de
reparto de funciones”.
“Por tanto, dado que era una sola persona la encargada de custodiar los fondos
existentes en caja, de emitir y conservar la documentación soporte de las operaciones realizadas
y de proceder a su correspondiente registro contable, se puede concluir que en estas entidades
no había establecido ningún mecanismo que permitiera controlar si lo efectivamente
contabilizado se correspondía con la recaudación obtenida y que se custodiaba en la caja
municipal”.
“Por otro lado, no consta que los titulares de los departamentos de tesorería realizasen
ninguna función o actividad de custodia de los fondos públicos gestionados por caja,
incumpliendo las obligaciones contenidas en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 1174/1987. No se
ha aportado la realización de ningún arqueo o recuento de existencias para verificar que el saldo
contable y el efectivamente disponible en las cajas de tesorería fuesen coincidentes. Tampoco
consta la realización de ninguna otra actuación de control por parte de los tesoreros”.
“La organización interna implantada para esta área en los ayuntamientos de Dos
Hermanas y Estepona era inadecuada, y los mecanismos de control, prácticamente inexistentes.
Así, para la gestión de la caja no existía una mínima segregación de funciones, de forma que era
una única persona quien disponía de la recaudación obtenida y anotaba las operaciones
realizadas en el registro auxiliar de caja -sólo en el caso de Estepona- y en la contabilidad oficial”.
“Por otro lado, y en íntima conexión con lo anterior, el acceso de los usuarios al
programa de contabilidad no estaba limitado por áreas, lo que suponía que la persona
responsable de la tesorería registraba asientos, pero también podía proceder a su rectificación o
anulación sin ningún tipo de supervisión o autorización”.
“Por lo tanto, dado que era una sola persona la que asumía la gestión recaudatoria por
caja, conservaba la documentación soporte y registraba las operaciones, se puede concluir que
no había establecido ningún mecanismo que permitiera controlar si lo efectivamente
contabilizado se correspondía con la recaudación obtenida y se custodiaba en la caja municipal”.
- Frente a la constatación de esta situación, la representación del Sr. D. P., al margen de
negar la responsabilidad directa de la Sra. F. N. M. como medio para hacer imposible su
responsabilidad subsidiaria, y de alegar reiteradamente que la responsable de todas las
irregularidades fue la Sra. A. M. M. P., no ha acreditado que realizara ninguna actuación para
evitar el perjuicio causado a los fondos públicos o al menos para remediar las deficiencias de
organización del departamento de Tesorería. Así, esta parte únicamente ha defendido que no
tuvo ninguna participación en los hechos narrados en la demanda y que, una vez que tuvo
conocimiento de la primera irregularidad contable, denunció los hechos en el informe que
remitió al Alcalde, lo que dio lugar a que se descubriesen el resto de irregularidades contables
60
existentes, actuando en todo momento con la diligencia debida. Sin embargo, no ha precisado si
antes de descubrirse las irregularidades adoptó alguna medida en el ejercicio de su cargo para
evitar la producción del daño y se ha limitado a afirmar que no contaba con los medios
suficientes para haber detectado por sí mismo el alcance contable, añadiendo que “la única
persona que se percató de las irregularidades se las ocultó en todo momento”.
- A pesar de lo alegado por su representación, el Tesorero no detectó en ningún
momento las irregularidades, ni ha concretado la presunta falta de medios suficientes para el
desarrollo de su labor, y solo tuvo conocimiento de las mismas cuando la declarada responsable
directa le informó de un hecho co ncreto. Una vez que conoció la irregularidad, emitió un informe
al respecto cuya extensión no supera el folio y si lo hizo fue a requerimiento del Alcalde del
municipio, quien fue informado de las irregularidades por la Interventora accidental y no por el
Sr. D. P., tal y como consta en la relación de hechos probados de la presente sentencia. Una vez
emitido dicho informe, el Alcalde, mediante decreto de 16 de abril de 2012, acordó dispensar al
Tesorero de la asistencia a su puesto y designó a otro funcionario como Tesorero accidental, a
quien se encargó dirigir la investigación de los hechos. Al margen de ello, el demandado declaró
en el expediente disciplinario incoado a la Sra. F. N. M. (declaración de 2 de mayo de 2012,
obrante al documento nº 20 de la demanda) que las órdenes eran que todos los ingresos debían
realizarse a través de banco y que nadie debía admitir ingresos en metálico pero no ha quedado
acreditado que efectivamente el Tesorero diera esa instrucción a los empleados del
departamento de Tesorería y lo relevante es que los pagos en efectivo se produjeron durante
todo su mandato sin que el Sr. D. P. pudiera ignorarlo empleando una mínima diligencia, pues
firmaba los talones de cargo correspondientes a cada una de las operaciones de caja. Asimismo,
el demandado no ha contradicho lo afirmado en el informe de fiscalización en relación con las
deficiencias organizativas existentes en el departamento del que era responsable y tampoco ha
mencionado que adoptara medida alguna para lograr un mejor control de la caja municipal.
Las actuaciones irregulares que se acaban de exponer, reflejan un deficiente ejercicio de
las funciones legalmente encomendadas a la Tesorería, lo que tuvo influencia jurídicamente
relevante en la producción del alcance, como se desprende del ya citado informe de fiscalización.
Las circunstancias descritas sitúan la intervención en los hec hos enjuiciados, del Sr. D. P.,
en los parámetros de la responsabilidad contable, de acuerdo con los artículos 38.1 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas y 49.1 de la Ley de Funcionamiento del mismo, y más en
concreto, en los de la responsabilidad subsidiaria tal y como se define en el artículo 43 de la
primera de las normas citadas.
En efecto, el demandado, como Tesorero de la Corporación, tenía la condición de gestor
de los fondos públicos municipales de la Caja de efectivo, así como la de cuentadante re specto a
los mismos, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que alude a
las concretas actividades de “recaudar, intervenir, administrar, custodiar, manejar o util izar”
como integradas en el concepto general de gestión de fondos públicos, y de acuerdo también
61
con la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas manifestada en sentencias como la
4/06, de 29 de marzo.
Por otra parte, en el ejercicio de su gestión municipal incumplió algunas obligacion es que
tenía atribuidas por el Reglamento de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación Nacional, como anteriormente se concretó. Estas vulneraciones
normativas dieron lugar a un menoscabo ilegítimo de las arcas públicas en el senti do previsto por
los artículos 72.1 y 59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
Además, su intervención en los hechos no se atuvo al canon de diligencia que le era
exigible, ya que el irregular cumplimiento de sus obligaciones que se concreta en las acciones y
omisiones ya expuestas, implica una actuación negligente por ajena al rigor exigido en el manejo
de los fondos públicos, lejana a la exhaustividad de los recursos que debe emplear un clavero
para prever y evitar daños patrimoniales a las arcas públicas y constitutiva de un descuido
jurídicamente relevante en la administración, custodia y supervisión de los fondos a su cargo (en
este sentido, sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 2/03, de 26 de febrero,
4/06, de 29 de marzo y 11/04, de 6 de abril).
Por otra parte, el resultado producido por la conducta del demandado consistió en un
daño real, efectivo, económicamente evaluable e identificado en los caudales públicos de la Caja
de efectivo, cumpliéndose así el requisito de la responsabilidad contable exigido en el artículo
59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este
menoscabo, según se ha venido reiterando en anteriores fundamentos de derecho, supuso para
las arcas públicas un quebranto de 244.715,70 euros del que debe responder el demanda do pero
sólo en los términos de la responsabilidad que se le reclama, subsidiaria y limitada a la cuantía
que se señaló anteriormente.
Entre la actuación gestora del Sr. D. P. y el menoscabo patrimonial provocado a las arcas
públicas municipales existe relación de causalidad, pues su actuación irregular en el
cumplimiento de sus atribuciones, dio lugar a un detrimento patrimonial injustificado en la Caja
municipal de efectivo. El nexo causal apreciado entre la actuación del demandado y los daños
patrimoniales producidos al Ayuntamiento se ajusta a los requisitos que para la responsabilidad
contable exige la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en Sentencias
como la 2/04, de 4 de febrero, ya citada, y la 10/02, de 18 de diciembre, que afirma que “existe
nexo causal cuando el irregular cumplimie nto de sus funciones por el demandado des encadena
una situación fáctica adecuada para que el m enoscabo se produzca”.
Si a lo que se acaba de exponer unimos el reflejo contable que tienen los hechos
enjuiciados, resulta evidente que concurren en la actuación de D. F. D. P. todos los requisitos de
la responsabilidad contable, en particular de la responsabilidad contable subsidiaria, pues su
conducta se ajusta a los perfiles del artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
porque con vulneración de la normativa reguladora de sus funciones de Tesorero, dio ocasión a
que los caudales públicos de la Caja de efectivo resultaran menoscabados en los términos de los
artículos 72.1 y 59.1 de la Ley de Funcionam iento del Tribunal de Cuentas.
62
Frente a esta conclusión, el demandado formuló diversas alegaciones que se estiman
insuficientes para exonerarle de responsabilidad:
- La responsabilidad en las irregularidades de Dña. A. M. M. P.. Como ya se mencionó con
anterioridad, la falta de cumplimiento de sus obligaciones por otros, cuando no imposibilita el
ejercicio de las propias, no exime del deber de hacerlas efectivas, según uniforme doctrina de la
Sala de Justicia establecida en sentencias como la ya citada 12/06, de 24 de julio. Por otra parte,
la relevancia para la administración de la Caja de efectivo que tenían las atribuciones otorgadas a
los empleados del departamento de Tesorería, no desconecta al Sr. D. P., como Tesorero, de sus
obligaciones de gestión material y documental de la misma, ni de sus funciones de supervisión
sobre ella, lo que le convierte en cuentadante respecto a sus fondos, como ya se ha dicho, pues,
como dice la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en su Sentencia 4/2006, de 29 de marzo,
entre otras, “ha de sustantivarse como cuentadante n o sólo al que formalmente elabora y rinde
una cuenta acreditativa de los caudales reci bidos o cargados y justificativa de la inve rsión dada a
los mismos, o data de valores, sino q ue puede predicarse la condición de cuentadante respecto de
cualquier persona que interviene en el proceso de la gestión o administr ación de fondos públicos,
esto es, que de alguna manera se sit úa como un eslabón más en la cadena del ingreso o del gasto
público, tomando decisiones en relación con la activ idad económico-financiera del Sector Público
y debiendo dar cuenta de su labor. La p osible exigencia de responsabilidades contables no sólo es
predicable de quienes reciben materialmente fondos públicos o quedan encargados de su
custodia, o de quienes disponen de ellos para s atisfacer necesidades públicas o cumplir objetivos
de interés general, sino también respecto de quienes par ticipan de modo relevante en la gestión
económico-financiera pública, y en concreto en la ge stión del dinero público o de los fondos
públicos…”
- La falta de medios suficientes para detectar las irregularidades. Sobre este particular, el
artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, sólo permite que la escasez de medios
suponga la exención de responsabilidad contable en aquellos casos en los que tal limitación de
recursos imposibilite materialmente el desarrollo de las tareas encomendadas al demandado, lo
que en el presente proceso no ha quedado probado.
- Su intervención en el descubrimiento de las irregularidades. Como ya se ha dicho, esta
intervención fue muy limitada pues el Sr. D. P. no descubrió los hechos sino que fue informado
de ellos e inmediatamente después fue aparta do de su puesto y de la investigación.
Por todo lo anterior, cabe concluir que la conducta de D. F. D. P. entra de lleno en la
calificación de la responsabilidad contable subsidiaria prevista en el artículo 43, de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, resultando indudable que la
negligencia observada fue, junto con la actuación gravemente negligente de la Sra. F. N. M., la
que originó el perjuicio, sin que en la conducta del Sr. D. P. se aprecien circunstancias que
permitan moderar dicha responsabilidad. En consecuencia, procede declarar la responsabilidad
subsidiaria de D. F. D. P. en la cantidad de 67.942,73 euros, de acuerdo con lo previsto en el
63
solo sería exigible cuando no pudiera hacerse efectiva la directa, según determina el artículo 43,
apartado 2 de la citada Ley Orgánica.
NOVENO.- Por último, procede analizar a continuación la responsabilidad contable subsidiaria
exigida en la demanda a D. J. M. M. G.. Al igual que se explicó en el caso anterior, la pretensión
dirigida contra él estará limitada al perjuicio derivado de las operaciones de las que se consideró
responsable directa a la Sra. F. N. M. y al periodo de tiempo en el que ejerció el cargo de
Tesorero del Ayuntamiento de Estepona. Teniendo en cuenta estas dos limitaciones, las
operaciones que eventualmente se podrían imputar al demandado como responsable
subsidiario son las incluidas en el cuadro siguiente:
Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120100000407 15/04/2010 E. R. R. 4.401,88 4.401,88
120100000537 03/05/2010 E. R. R. 7.833,60 7.833,60
120100000821 18/06/ 2010 E. R. R. 2.426,75 2.426,75
120100001571 15/10/2010 E. R. R. 7.254,75 7.254,75
120100001586 21/10/2010 E. R. R. 3.814,18 3.814,18
120100001683 10/11/2010 E. R. R. 5.395,00 5.395,00
120100000254 12/03/2010 A. P. M. 499,30 499,30
120100000538 03/05/2010 A. P. M. 1.050,50 1.050,50
120100000743 07/06/2010 A. P. M. 1.139,00 1.139,00
120100000744 07/06/2010 A. P. M. 865,10 865,10
120100000889 14/07/2010 A. P. M. 674,50 674,50
120100001832 08/11/2010 A. P. M. 1.077,00 1.077,00
320100000525 05/03/2010 V. G. P. 745,62 745,62
320100000526 05/03/2010 V. G. P. 432,46 432,46
320100002015 04/05/2010 Cristamar 2000, S.L. 236,16 236,16
320100002076 06/05/2010 L. J. 529,35 529,35
320100002448 20/05/2010 Robertino Dancing, S.L. 969,15 969,15
320100004760 23/07/2010 L. L. T. 1.292,00 1.292,00
120110000042 19/01/2011 E. R. R. 8.330,23 8.330,23
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Número de operación /
referencia carta de pago
Fecha de
Ingreso Tercero
Importe
ingreso
Importe
sustraído
120110000160 17/02/2011 E. R. R. 5.955,80 5.955,80
320110000359 22/02/2011 D. E. S. 11.046,87 5.934,07
TOTAL 60.856,40 €
Hechas estas precisiones y con base en la doctrina expuesta, cabe señalar lo siguiente:
- D. J. M. M. G. ejerció el cargo de Tesorero de la Corporación Local desde el 13 de enero
de 2010 hasta el 3 de abril de 2011, salvo el período comprendido entre los días 9 de enero de
2010 al 3 de abril de 2011. En su condición de Tesorero le competían las atribuciones previstas
en los artículos 5.1,b), 5.2 y 6.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, ya descritas en
el fundamento anterior.
- Frente a la constatación de las deficiencias existentes en la organización y
funcionamiento de la Tesorería del Ayuntamiento de Estepona, la representación del Sr. J. M. M.
G. alegó que su mandante empleó una diligencia superior a la que indica la norma legal para
evitar el daño pues prohibió los pagos en efectivo por caja y suprimió la ventanilla mostrador. Sin
embargo, lo que puso de manifiesto el informe de fiscalización es la falta de mecanismos de
control eficaces sobre el manejo de fondos públicos por caja en el Ayuntamiento de Estepona. El
citado informe recuerda que la normativa presupuestaria local admite expresamente la
posibilidad de realizar cobros y pagos mediante el sistema de caja, al mismo tiempo que advierte
de que ello supone un incremento del riesgo para la integridad de los fondos públicos, al implicar
el manejo físico de dinero, por lo que recomienda la elim inación del sistema de caja (párrafo 244
del informe). El propio demandado reconoce que las medidas adoptadas resultaron ineficaces
para evitar el daño si bien lo achaca a que la misma persona que cobraba derechos pudiera
operar libremente en el programa de contabilidad.
- A pesar de lo alegado por su representación, el Tesorero no detectó en ningún
momento las irregularidades ni el hecho de que durante su mandato se siguieron produciendo
pagos en efectivo sin que el Sr. J. M. M. G. pudiera ignorarlo empleando una mínima diligencia,
pues firmaba los talones de cargo correspondientes a cada una de las operaciones de caja.
Asimismo, el demandado no ha acreditado que desarrollara actividad alguna de supervisión para
vigilar el cumplimiento de la prohibición de pagos en efectivo por lo que dicha medida no
constituyó un mecanismo eficaz de control, y tampoco adoptó otras medidas que permitieran
una segregación de funciones.
Las actuaciones irregulares que se acaban de exponer, reflejan un deficiente ejercicio de
las funciones legalmente encomendadas a la Tesorería, lo que tuvo influencia jurídicamente
relevante en la producción del alcance, como se desprende del ya citado informe de fiscalización.
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Las circunstancias descritas sitúan la intervención en los hechos enjuiciados, del Sr. J. M.
M. G., en los parámetros de la responsabilidad contable, de acuerdo con los artículos 38.1 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y 49.1 de la Ley de Funcionamiento del mismo, y más en
concreto, en los de la responsabilidad subsidiaria tal y como se define en el artículo 43 de la
primera de las normas citadas.
En efecto, el demandado, como Tesorero de la Corporación, tenía la condición de gestor
de los fondos públicos municipales de la Caja de efectivo, así como la de cuentadante re specto a
los mismos, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que alude a
las concretas actividades de “recaudar, intervenir, administrar, custo diar, manejar o utilizar”
como integradas en el concepto general de gestión de fondos públicos, y de acuerdo también
con la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas manifestada en sentencias como la
4/06, de 29 de marzo.
Por otra parte, en el ejercicio de su gestión municipal incumplió algunas obligacion es que
tenía atribuidas por el Reglamento de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación Nacional, como anteriormente se concretó. Estas vulneraciones
normativas dieron lugar a un menoscabo ilegítimo de las arcas públicas en el senti do previsto por
los artículos 72.1 y 59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
Además, su intervención en los hechos no se atuvo al canon de diligencia que le era
exigible, ya que el irregular cumplimiento de sus obligaciones que se concreta en las acciones y
omisiones ya expuestas, implica una actuación negligente por ajena al rigor exigido en el
manejo de los fondos públicos, lejana a la exhaustividad de los recursos que debe emplear un
clavero para prever y evitar daños patrimoniales a las arcas públicas y constitutiva de un
descuido jurídicamente relevante en la administración, custodia y supervisión de los fondos a su
cargo (en este sentido, sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 2/03, de 26 de
febrero, 4/06, de 29 de marzo y 11/04, de 6 de abril).
Por otra parte, el resultado producido por la conducta del demandado consistió en un
daño real, efectivo, económicamente evaluable e identificado en los caudales públicos de la Caja
de efectivo, cumpliéndose así el requisito de la responsabilidad contable exigido en el artículo
59.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este
menoscabo, según se ha venido reiterando e n anteriores fundamentos de derecho, supuso para
las arcas públicas un quebranto de 244.715,70 euros del que debe responder el demanda do pero
sólo en los términos de la responsabilidad que se le reclama, subsidiaria y limitada a la cuantía
que se señaló anteriormente.
Entre la actuación gestora del Sr. J. M. M. G. y el menoscabo patrimonial provocado a las
arcas públicas municipales existe relación de causalidad, pues su actuación irregular en el
cumplimiento de sus atribuciones, dio lugar a un detrimento patrimonial injustificado en la Caja
municipal de efectivo. El nexo causal apreciado entre la actuación del demandado y los daños
patrimoniales producidos al Ayuntamiento se ajusta a los requisitos que para la responsabil idad
contable exige la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en Sentencias
66
como la 2/04, de 4 de febrero, ya citada, y la 10/02, de 18 de diciembre, que afirma que “existe
nexo causal cuando el irregular cumplimie nto de sus funciones por el demandado des encadena
una situación fáctica adecuada para que el m enoscabo se produzca”.
Si a lo que se acaba de exponer unimos el reflejo contable que tienen los hechos
enjuiciados, resulta evidente que concurren en la actuación de D. J. M. M. G. todos los requisitos
de la responsabilidad contable, en particular de la responsabilidad contable subsidiaria, pues su
conducta se ajusta a los perfiles del artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
porque con vulneración de la normativa reguladora de sus funciones de Tesorero, dio ocasión a
que los caudales públicos de la Caja de efectivo resultaran menoscabados en los términos de los
artículos 72.1 y 59.1 de la Ley de Funcionam iento del Tribunal de Cuentas.
Frente a esta conclusión, el demandado formuló diversas alegaciones que se estiman
insuficientes para exonerarle de responsabilidad:
- El carácter determinante de la alteración de los asientos contables en el programa de
contabilidad para la operación de detraer los fondos dinerarios sin ser detectada. El demandado
consideró que la existencia de efectivo por caja era un elemento necesario para la producción
del resultado dañoso pero el factor decisivo fue la alteración de los asientos contables. Y añadió
que este último factor hizo indetectable el fraude pues el Tesorero desconocía que la misma
persona que cobraba derechos pudiera operar libremente en el programa de contabilidad y
carecía de competencias en materia contable. Si bien es cierto que la anulación y eliminación de
asientos contables fue un elemento determinante para la ocultación de las irregularidades en la
gestión de la caja y que al Tesorero no le compete la gestión de la contabilidad, ello no le eximía
de la obligación de conocer el sistema de registro de las operaciones de caja ni le impedía
adoptar medidas de segregación de funciones o desarrollar labores de supervisión, como por
ejemplo, la realización de periódicos arqueos de caja, esfuerzo que no puede considerarse
desproporcionado en función a la naturaleza de su cargo.
- La adopción de la medida de prohibición de pagos en efectivo y la supresión de la
ventanilla-mostrador. La representación del demandado ha alegado reiteradamente que poco
después de tomar posesión de su cargo de Tesorero, su mandante prohibió la realización de
pagos en efectivo, lo que hizo público mediante carteles fijados en el departamento de Tesorería
y eliminó la ventanilla mostrador de atención al público donde se solían recibir los pagos en
metálico. Respecto a esta prohibición, las declaraciones de los testigos y de las partes de este
procedimiento obrantes en autos, citadas por el propio demandado, no son concluyentes al
respecto pues algunos de los testimonios permiten deducir que la prohibición no era absoluta
sino que se limitaba a los pagos de los contribuyentes y sin embargo no alcanzaba a los ingresos
procedentes del departamento de recaudación. Asimismo, no existe certeza de si los carteles a
los que hace referencia el demandado enunciaban una prohibición total del pago en efectivo o lo
limitaban a determinados importes. El hecho es que estos pagos en efectivo se siguieron
produciendo y la mayoría de las operaciones que dieron lugar al perjuicio durante el mandato
del Sr. J. M. M. G. son ingresos recibidos en caja de otros departamentos del Ayuntamiento, lo
67
que otorga veracidad a los testimonios de los testigos que manifestaron que la prohibición
permitía excepciones. En cualquier caso, no se puede concluir que el Tesorero empleara una
diligencia suficiente dado que no vigiló el cumplimiento de la orden dada ni entregó esta orden
por escrito a través de una circular o medio similar adecuado a los empleados de su
departamento.
Por todo lo anterior, cabe concluir que la conducta de D. J. M. M. G. entra de lleno en la
calificación de la responsabilidad contable subsidiaria prevista en el artículo 43, de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, resultando indudable que la
negligencia observada fue, junto con la actuación gravemente negligente de la Sra. F. N. M., la
que originó el perjuicio, sin que en la conducta del Sr. J. M. M. G. se aprecien circunstancias que
permitan moderar dicha responsabilidad. En consecuencia, procede declarar la responsabilidad
subsidiaria de D. F. D. P. en la cantidad de 60.856,40 euros, de acuerdo con lo previsto en el
solo sería exigible cuando no pudiera hacerse efectiva la directa, según determina el artículo 43,
apartado 2 de la citada Ley Orgánica.
Por último debe añadirse que la subsunción de las conductas de los Sres. D. P. y J. M. M.
G. en la responsabilidad contable subsidiaria encaja en la interpretación, uniforme y reiterada,
que ha venido haciendo la Sala de Jus ticia del Tribunal de Cuentas en su aplicación del artículo 43
de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, cuando afirma que:
-Incurren en responsabilidad subsidiaria quienes actúan de manera negligente por
omisiva o tardía (sentencia 9/1999, de 30 de abril).
- Incurren en responsabilidad subsidiaria quienes propician que el responsable directo
cometa los hechos constitutivos de alc ance (sentencia 19/2000, de 4 de diciembre).
- Incurren en responsabilidad subsidiaria quienes, por desarrollar irregularmente sus
tareas, hacen posible que el responsable directo provoque el menoscabo (sentencia 15/1998, de
25 de septiembre).
DÉCIMO.- De acuerdo con lo expuesto y razonado, se estima parcialmente la demanda
interpuesta por la representación procesal del Ayuntamiento de Estepona, a la que se adhirió el
Ministerio Fiscal, y se declara la responsabilidad contable directa de Dña. F. N. M. por un alcance
de 128.799,13 euros. Se declara igualmente la responsabilidad contable subsidiaria de D. F. D. P.
y D. J. M. M. G. por las sumas que se establecen en los fundamentos de derecho octavo y
noveno.
UNDÉCIMO.- Por lo que respecta a los intereses exigibles a la responsable contable directa,
deben calcularse de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.4, e), en relación con el artículo
59.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Por ello, los intereses devengados hasta la fecha de la presente sentencia se calcularán
con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes los días en los que se fueron
68
produciendo los daños y perjuicios constitutivos de alcance. A los efectos exclusivamente de
determinar dichos intereses, se tomará como dies a quo la fecha del 31 de diciembre de cada
uno de los años en que los se produjeron los ingresos por caja que generaron el alcance y como
dies ad quem la fecha de la presente resolución. A pesar de que las fechas exactas de cada uno
de esos ingresos están documentadas en las actuaciones, el hecho de la anulación o eliminación
posterior de cada uno de las operaciones contables no permite determinar con precisión la fecha
en la que se produjo el perjuicio, por lo que se co nsidera más adecuado tomar como día inicial la
del último día del año correspondiente a cada ingreso, agrupándolos por años. De este modo, los
intereses derivados de esta parte del alcance declarado se reflejan en la siguiente tabla:
Alcance Alcance
pendiente (€)
Periodo de intereses
DIAS Tipo de
interés
Intereses deuda
pendiente (€)
Fecha inicial Fecha final
50.622,26 50.622,26 31/12/2009 30/12/2010 365 0,0400 2.019,36
40.636,30 91.258,56 31/12/2010 30/12/2011 365 0,0400 3.650,34
30.587,59 121.846,15 31/12/2011 30/12/2012 366 0,0400 4.887,20
6.952,98 128.799,13 31/12/2012 30/12/2013 365 0,0400 5.137,89
128.799,13 31/12/2013 30/12/2014 365 0,0400 5.151,97
128.799,13 31/12/2014 30/12/2015 365 0,0400 5.151,97
128.799,13 31/12/2015 30/12/2016 366 0,0350 4.520,32
128.799,13 31/12/2016 30/12/2017 365 0,0300 3.853,42
128.799,13 31/12/2017 08/11/2018 313 0,0300 3.313,49
TOTAL INTERESES 37.685,96
En consecuencia, el total de intereses devengados hasta la fecha de la presente
resolución por el total del alcance asciende a 37.685,96 euros.
En cuanto a los intereses devengados desde la fecha de esta sentencia hasta la completa
ejecución de la misma, se calcularán de acuerdo con lo prevenido en el artículo 576 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Respecto, por último, a los intereses exigibles a los responsables subsidiarios, se
devengarán desde la fecha en la que se les requiera para el pago del principal por el que se les
condena, y se calcularán de acuerdo con la no rmativa aludida en líneas anteriores.
DUODÉCIMO.- En cuanto a las costas, al haberse producido una estimación parcial de la
demanda formulada por el representante legal del Ayuntamiento de Estepona, a la que se
adhirió el Ministerio Fiscal, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por
mitad, de acuerdo con el artículo 394.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
69
estando exento de pago el Ministerio Fiscal por aplicación del artículo 394.4 de la antes citada
Ley Procesal Civil.
IV.- FALLO
1º) Se estima parcialmente la demanda de responsabilidad contable por alcance interpuesta por
el representante legal del Ayuntamiento de Estepona, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, y se
formulan, en su virtud, los siguientes pronu nciamientos:
A) Se cifra en DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (244.715,70 €) el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los
caudales públicos en el Ayuntamiento de Es tepona.
B) Se declara responsable contable directa parcial de dicho alcance a Dña. F. N. M. en la cuantía
de CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(128.799,13 €).
C) Se condena a la responsable contable directa Dña. F. N. M. al pago de la suma de 128.799,13
euros, así como al de los intereses legales devengados hasta la completa ejecución de esta
sentencia y que hasta la presente fecha ascienden a 37.685,96 euros.
D) Se declara asimismo responsable subsidiario parcial del alcance declarado, en la cuantía de
67.942,73 euros, a D. F. D. P., siéndole exigible dicha responsabilidad solamente cuando no haya
podido hacerse efectiva la responsabilidad directa, debiendo asimismo responder de los
intereses devengados desde que se le requiera el pago del principal hasta la completa ejecución
de la sentencia.
E) Se declara asimismo responsable subsidiario parcial del alcance declarado, en la cuantía de
60.856,40 euros, a D. J. M. M. G., siéndole exigible dicha responsabilidad solamente cuando no
haya podido hacerse efectiva la responsabilidad directa, debiendo asimismo responder de los
intereses devengados desde que se le requiera el pago del principal hasta la completa ejecución
de la sentencia
F) El importe del alcance deberá contraerse en la correspondiente cuenta del organismo
perjudicado.
2º) No se realiza expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta primera
instancia, debiendo abonar cada parte las suyas y las comunes por mitad, estando el Ministerio
Fiscal exento del pago de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho
decimotercero.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles
saber que contra la presente resolución pueden interponer recurso de apelación ante la
Consejera de cuentas, en el plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 8 5 de la
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio so-Administrativa, en relación
con el artículo 80 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Así, lo pronuncio, mando y firmo.