SENTENCIA nº 6 DE 2017 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPARTAMENTO PRIMERO, 13 de Junio de 2017

Corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, de acuerdo con el artículo 2, apartado b), de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 12 de mayo de 1982, siendo competente para dictar la presente resolución la Consejera de Cuentas que la suscribe, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La pretensión de responsabilidad contable planteada por el Ayuntamiento de Langreo se concreta en que sea declarada la existencia de un perjuicio en los caudales públicos de la Corporación, cifrado en 213.799,02 euros de principal, y que se condene a Don J. A. C. G., antiguo Jefe de Informática, como responsable contable directo, al reintegro del citado importe, más intereses y costas.

Sostiene la parte actora que la Corporación adjudicó a la mercantil Andago Ingeniería, S.L. diversos contratos de servicios de administración electrónica para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en concreto los referentes a las Fases I a IV, por importe total de 293.367,02 euros, más IVA, entre el 12 de noviembre de 2008 y el 13 de noviembre de 2009.

Alega que dichos trabajos fueron abonados en su integridad, siendo conformadas las facturas por el anterior Jefe de Informática, si bien en la Intervención de Fondos constan aun los avales de las tres últimas Fases.

Sostiene que aun cuando consta la Fase I como ejecutada en su integridad, la Fase II como ejecutada en condiciones de ser recibida y las Fases III y IV tienen acta de recepción por los trabajos efectuados, firmadas por el anterior Jefe de Informática, la realidad es que se ha producido una ejecución defectuosa de los contratos correspondientes a las tres últimas fases, pues ninguna de las prestaciones ejecutadas ha resultado de utilidad, lo que la hace inservible. Estos hechos han dado lugar a que el Ayuntamiento haya tenido que resolver el contrato, incautar las garantías, personarse en el procedimiento de concurso de acreedores en que se encontraba la referida empresa y comenzar desde cero nuevamente la contratación para la prestación de dichos servicios.

Alega que el daño causado a la Corporación asciende a 213.799,02 euros, importe correspondiente a las tres últimas Fases de la contratación, conforme consta, asimismo, en el informe de Secretaría, importe del que debe responder el demandado, Don J. A. C. G., entonces Jefe de Informática, al ser quien ostentaba el manejo de caudales o efectos públicos y quien con su actuación, ilegal y culpable, ha ocasionado el menoscabo.

Añade que el patrimonio del Ayuntamiento de Langreo disminuyó en el momento en que se abonaron unos trabajos que no se habían realizado, que no existía derecho legítimo al cobro de los mismos, por más que se firmaran actas de recepción, y que la disminución patrimonial sufrida por la Corporación ha sido consecuencia del pago de esas cantidades indebidamente abonadas.

El Ministerio Fiscal no se adhirió a la demanda interpuesta por el Ayuntamiento y solicitó que se estimara la falta de legitimación pasiva del demandado.

El representante legal de Don J. A. C. G. solicita la desestimación de la demanda, con condena en costas a la parte actora. Alega como cuestiones procesales la falta de legitimación activa y pasiva, la prescripción de las posibles responsabilidades contables y la nulidad de las actuaciones.

Respecto de la falta de legitimación, sostiene que la Corporación no puede exigir de quien no es gestor de fondos públicos responsabilidad contable alguna y el demandado nunca tuvo tal condición, ni la obligación de rendir cuentas al no manejar caudales públicos. Añade que el demandado tenía competencias técnicas, pero no para adoptar decisiones que se tradujeran en la disposición de caudales o efectos públicos.

En cuanto a la prescripción de las posibles responsabilidades contables alega que los hechos que se le atribuyen se remontan al año 2.010 y que hasta el 9 de diciembre de 2.016 nunca recibió comunicación alguna en relación con el examen de los hechos determinantes de la responsabilidad contable hoy enjuiciada, por lo que al haber transcurrido más de cinco años, debe declararse prescrita cualquier responsabilidad contable, sin que pueda entenderse que las actuaciones penales seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Langreo (Diligencias Previas n° 965/2013), hayan interrumpido el plazo de prescripción, al ser los hechos investigados referentes a un posible delito de falsedad documental, investigación que no coincide con el objeto del presente procedimiento de reintegro por alcance.

Respecto de la nulidad de actuaciones, manifiesta que no fue citado en las Actuaciones Previas origen del presente proceso, lo que le ha causado indefensión, al haber tenido conocimiento por primera vez de las actuaciones seguidas por estos hechos cuando se le ha dado traslado de la demanda interpuesta por la Corporación.

En lo que respecta al fondo del asunto, sostiene que desempeñó el cargo de Jefe de Informática del Ayuntamiento hasta agosto de 2011, fecha en que fue sustituido por Don A. G. G. y que las funciones que desempeñaba eran de carácter técnico, propias de su especialidad en materia informática.

Alega que el Ayuntamiento de Langreo aprobó en el ejercicio 2008 el Plan Informático Municipal, denominado "Plan de Modernización Administrativa e Informática", confeccionado por el Departamento de Informática de la Corporación.

En relación con la ejecución de dicho plan sostiene que por las Fases I y II del proyecto de modernización y administración electrónica, la Corporación no consiguió percibir la subvención que otorgaba el Ministerio de Administraciones Públicas, por no realizar los trámites correspondientes de justificación del servicio en los plazos establecidos, circunstancia que condicionó que para las Fases III y IV, con objeto de no perder la referida ayuda, la persona encargada de la gestión de los expedientes de subvenciones del Ayuntamiento, Doña Graciela Blanco Rodríguez, indicase al demandado que se debían recepcionar los servicios prestados por la empresa concesionaria Andago Ingeniería, S.L., correspondientes a las referidas Fases III y IV, pese a estar pendiente de ejecución una pequeña parte de los trabajos o servicios que las integraban.

Sostiene que con esta finalidad se confeccionó el acta de recepción de prestación de servicios, de 5 de noviembre de 2010, en la que intervino, como representante del Ayuntamiento de Langreo, el Concejal Don J. C. G. M., quien dio por recibido lo contratado, firmando dicho acta también el demandado, como Jefe de Informática del Ayuntamiento, y el legal representante de la empresa adjudicataria.

Añade que esa ejecución parcial era algo conocido por todo el personal integrante del Ayuntamiento, al tratarse de una herramienta de uso habitual por quienes prestan servicios en el Ayuntamiento, motivo por el que ni el personal de Intervención, ni la Comisión de Hacienda, ni la Junta de Gobierno Local, ni la Alcaldía, ni el Secretario, ni la Tesorería, formularon reparo alguno cuando se acordó el pago de las facturas a la empresa.

Concluye que su actuación no puede calificarse de dolosa o gravemente culposa, ni concurre el necesario nexo causal entre la actuación desarrollada y el menoscabo a los fondos públicos que la parte actora dice se ha ocasionado, sin que por otro lado le pueda ser imputable la declaración de concurso de la sociedad involucrada, máxime cuando, además, las Diligencias Previas nº 965/2013, incoadas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Langreo en el año 2013, por un presunto delito de falsedad documental en documento oficial contra el demandado, fueron sobreseídas con fecha 29 de julio de 2014.

Antes de entrar a conocer sobre las cuestiones procesales de falta de legitimación pasiva del demandado y prescripción, así como, en su caso, sobre el fondo del asunto, debe señalarse que en el acto de la audiencia previa ya se desestimó la nulidad de actuaciones por falta de intervención del demandado en la fase de actuaciones previas, así como la falta de legitimación activa de la Corporación, ambas alegadas por el demandado. En este sentido la Consejera manifestó que:

* El Ayuntamiento de Langreo tiene legitimación activa en el presente proceso de acuerdo con los artículos 47.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y 55.1 de la Ley de Funcionamiento del mismo, al ser la Administración pública presuntamente perjudicada en su patrimonio por los hechos enjuiciados. * El actor puede dirigir su demanda de responsabilidad contable contra todos aquellos a los que considere responsables en el procedimiento, tanto si han sido previamente citados a la liquidación provisional como si no, ya que la fase de Actuaciones Previas no condiciona ni lo que pueda decidir el órgano jurisdiccional, ni el derecho de acción del demandante ni el contenido de su demanda (Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, entre otras, 14/04, de 14 de julio). * Las Actuaciones Previas aparecen en la Ley como preparatorias del proceso jurisdiccional posterior, constituyen el soporte necesario para que las futuras partes procesales –hayan o no intervenido en las mismas- puedan construir sus pretensiones, de manera que es en la primera instancia donde se constituye la relación jurídica procesal y donde se otorgan a las partes los trámites alegatorios y probatorios que exige su derecho a la tutela judicial efectiva (Auto de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 16 de diciembre de 2004). * El procedimiento de reintegro por alcance que se desarrolla ya con naturaleza jurisdiccional una vez concluidas las Actuaciones Previas, aparece regulado en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y, supletoriamente, en la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de unos trámites suficientes para garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, sin necesidad de haber tenido previa intervención en la fase instructora. * La jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin perjuicio de la Sentencia única y aislada que cita la parte demandada y que obedeció a las circunstancias específicas de aquel caso, tiene reconocido que es en la fase de primera instancia y no en la de Actuaciones Previas donde se desarrolla el juicio plenario y las partes adquieren el derecho a las garantías procesales de tutela judicial efectiva en general y de defensa en particular.

Respecto de la falta de legitimación pasiva de Don J. A. C. G., sostiene el demandado que la Corporación no puede exigir de quien no es gestor de fondos públicos responsabilidad contable alguna, condición que nunca ostentó, como tampoco la obligación de rendir cuentas, al no manejar caudales públicos. Añade que tenía encomendadas exclusivamente competencias técnicas, pero no para adoptar decisiones que se tradujeran en la disposición de caudales o efectos públicos. El Ministerio Fiscal, en el acto de la audiencia previa, también manifestó que el demandado carecía de legitimación pasiva.

Por su parte, la parte actora sostiene que el demandado era el responsable del contrato y por lo tanto cuentadante, al ser quien decidía si estaba bien ejecutado o no el mismo y quien daba la conformidad a las facturas que posteriormente se abonaron.

El ámbito subjetivo de los posibles responsables contables se define en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/82, conforme al cual, corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Por otro lado, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica señala que el enjuiciamiento contable se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.

En cuanto a la legitimación pasiva, el artículo 55.2 de la Ley 7/88, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas señala que “se considerarán legitimados pasivamente los presuntos responsables directos o subsidiarios, sus causahabientes, y cuantas personas se consideren perjudicadas por el proceso”, es decir, la legitimación pasiva se atribuye a quienes puedan ser responsables contables y, en consecuencia, se les puede exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública. Además, según el artículo 49.1 de la misma norma, la responsabilidad contable resulta exigible a quienes, por tener encomendada la gestión de bienes o derechos de titularidad pública, quedan obligados a rendir cuentas de los mismos.

Una interpretación integradora de tales preceptos lleva a entender que la responsabilidad contable está siempre vinculada al manejo de fondos, bienes o caudales públicos, en cuanto surge de las cuentas que, en sentido amplio, deben rendir quienes los manejan o administran o, como señala el auto del Tribunal Constitucional número 195/2000, de 24 de julio, la jurisdicción contable, viene “claramente predeterminada por la ley, y cuyo cometido es el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes manejan caudales o efectos públicos”.

Sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de noviembre de 2006, sostiene que “la responsabilidad contable surge, en todo caso, en el contexto de la encomienda a ciertas personas de la gestión de fondos públicos teniendo aquélla dos actos o momentos de vital trascendencia, a saber, el cargo o entrega de los fondos, y la data, descargo o justificación del destino dado a los caudales recibidos. El que recibe fondos debe justificar la inversión de los mismos, respondiendo de ellos en tanto no se produzca la data, bien sea bajo la forma de justificantes adecuados de su inversión, o bien sea bajo la forma de reintegro de las cantidades no invertidas o entrega de las cantidades recibidas en interés de un tercero. Acreditado un cargo y constatada la falta de justificantes o de dinerario, según los casos, aparece un descubierto en las cuentas, lo que denominamos un alcance de fondos.

(…) si se sostuviese la tesis contraria de que la extensión subjetiva de la responsabilidad contable alcanza a cualquier persona, entonces la responsabilidad contable incluiría, en términos generales, la responsabilidad civil de terceros frente a la Administración Pública, con la consiguiente invasión en la esfera de competencias de otros órganos jurisdiccionales.”. En sentido similar la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011.

Por su parte, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, entre otras, en las sentencias 8/07 de 6 de junio, 18/04 de 13 de septiembre y 4/01 de 28 de febrero, ha venido sosteniendo que la extensión subjetiva de la responsabilidad contable se extiende, de acuerdo con la interpretación sistemática de los artículos 38.1, 15.1 y 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a quienes “recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos”, debiendo además la actividad gestora de bienes y derechos de titularidad pública tener su fundamento en un vínculo jurídico “funcionarial, laboral o administrativo”, sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 27/04, de 13 de diciembre, si bien tampoco puede olvidarse que se ha perfilado un concepto amplio de gestor y de cuentadante en los términos recogidos, entre otras, en las sentencias 21/99 de 26 de noviembre, 11/04 de 6 de abril de 2004, 12/1996 de 20 de noviembre, y 8/2007 de 6 de junio de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

La sentencia nº 3 de 12 de febrero de 2012 de la Sala de Justicia, resume la doctrina emanada de la misma sobre esta cuestión y concluye que la legitimación pasiva en los juicios de responsabilidad contable concurre en quienes “al menos” hayan participado de forma relevante en la gestión económico-financiera de la entidad que dispuso de los fondos públicos a su cargo (sentencia 7/2006, de 29 de marzo), que la condición de gestor de caudales y efectos públicos sólo concurre en quienes los recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen (sentencia 18/04, de 13 de septiembre), que resulta básico y esencial que la persona de la que se pretende responsabilidad contable se encuentre a cargo de los fondos públicos menoscabados, lo que supone que ha de acreditarse que dichos fondos le fueron entregados, por lo que la falta de constancia suficiente de que determinados caudales o valores fueron encargados a la gestión de alguien o fueron puestos bajo su custodia hace decaer la prosperabilidad de la pretensión de responsabilidad contable (sentencia 1/05, de 3 de febrero).

Añade la sentencia de la Sala de Justicia de 12 de febrero de 2012 a que nos venimos refiriendo, que la condición de cuentadante concurre en quien formalmente elabora y rinde una cuenta acreditativa de los caudales recibidos o cargados y justificativa de la inversión dada a los mismos, o data de valores, y también concurre en la persona que interviene en el proceso de la gestión o administración de fondos públicos, esto es, que de alguna manera se sitúa como un eslabón más en la cadena del ingreso o del gasto público, tomando decisiones en relación con la actividad económico-financiera del Sector Público y debiendo rendir cuenta de su labor, si bien cuando ostente capacidad de decisión sobre su uso (sentencia 4/2006, de 29 de marzo y sentencia 15/1998, de 25 de septiembre).

A la vista de lo anteriormente expuesto, la condición de cuentadante ante la jurisdicción contable la ostentan quienes, por tener encomendada bajo cualquier título la recaudación, intervención, administración, custodia, manejo o utilización de bienes, caudales o efectos públicos, tienen por ello la obligación de rendir cuenta del destino dado a tales fondos públicos que les fueron encomendados al ser ajenos, y, en clara correspondencia con el derecho del titular público de los citados fondos a exigir el conocimiento de cuál ha sido su destino, sin que ello sea equiparable a la presentación de los estados económico financieros formales para su aprobación.

Es la cualidad de cuentadante la que determina la condición de responsable contable y, por ende, la legitimación pasiva ante la jurisdicción del Tribunal de Cuentas (art. 55 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas), sin que haya precepto alguno en nuestra legislación que atribuya dicha aptitud a los que sean gestores públicos, sino es porque, además, están sometidos al deber de rendir cuentas del destino dado a los bienes, caudales o efectos públicos que se les encomendaron (por todas, sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas nº 7/2007 de 25 de abril).

La matización es, a juicio de la Sala de Justicia de este Tribunal, importante porque hoy por hoy, en términos de «lege data», la responsabilidad contable alcanza a los cuentadantes -en la acepción expuesta- de bienes, caudales o efectos públicos, sean o no gestores públicos, pues la organización administrativa española incluye un gran número de cargos y puestos de trabajo públicos que gestionan negocios y asuntos públicos, sin que ello implique utilización o manejo directo de fondos públicos, y es que el contenido de la jurisdicción contable es la responsabilidad de los que tienen a su cargo el manejo o utilización de los fondos públicos, pero no es toda la responsabilidad de los gestores públicos, sino tan solo la que les pueda alcanzar por utilizar o manejar fondos públicos y tener una capacidad real y efectiva de disposición sobre los mismos.

Una vez expuesta la doctrina de la Sala de Justicia sobre el particular y citada la legislación aplicable, es preciso aclarar que a efectos de determinar si el demandado ostenta o no legitimación pasiva en el presente procedimiento, se deben analizar las circunstancias particulares del caso, pues no es posible realizar en esta materia planteamientos genéricos, sino que lo que debe analizarse es la concreta función que el demandado desempeñaba en el proceso de administración de los fondos públicos, a efectos

de concluir si es o no cuentadante, sin dejar de atender también a las características de dicho proceso y de la entidad titular de los fondos públicos.

En el presente caso, en la relación de hechos probados antes relatados consta que Don J. A. C. G. ostentaba el cargo de Jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Langreo en la época en que se produjeron los hechos y que fue uno de los firmantes del acta de recepción de prestación de los servicios de 5 de noviembre de 2010, correspondiente a las fases III y IV, origen de los posteriores pagos que se realizaron una vez intervenidos y ordenados, señalando incluso el informe de Secretaría de 30 de agosto de 2013 que las facturas correspondientes a las cuatro fases fueron conformadas por el citado funcionario.

No obstante, pese al cargo que desempeñaba en la Corporación y a ser uno de los firmantes del acta de recepción, no puede entenderse que gestionara los fondos públicos de la Corporación a que nos venimos refiriendo en los términos expuestos, ni que tuviera que rendir cuenta de los mismos, sin que por otro lado expidiera, como señala la Sentencia nº 7/2007 antes citada, en relación con un Director de obras y la certificación emitida por éste, “un documento determinante que obligara, sin más, a los claveros del Ayuntamiento a efectuar el pago. Aceptar lo contrario sería tanto como convertir en cuentadante de fondos públicos a cualquiera que intervenga en el procedimiento de gestión del gasto sin funciones propias de disposición de fondos, como es el que suscribe un documento justificativo de pago (por ejemplo, una factura) y, sobre todo, identificar la responsabilidad contable con la que pudiera derivarse de cualquier tipo de perjuicio económico sufrido por la Administración. En definitiva, por la vía de la sentencia impugnada estaríamos extendiendo el concepto de legitimado pasivo contable a quienes no fueran sujetos de la relación jurídica cuentadataria de fondos públicos. Con esa acepción, que debemos rechazar, siguiendo, como se ha indicado anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ver, por todas, la Sentencia de 8 de noviembre de 2006) y la reiterada de esta Sala, se estaría produciendo una auténtica invasión de otros órdenes jurisdiccionales.”

El libramiento de la controvertida acta de recepción por el demandado no supuso la causa directa del abono pues éste no hubiera sido posible sin las posteriores decisiones de los claveros municipales de ordenación del gasto, intervención del mismo y ordenación del pago. Así se desprende del criterio fijado sobre este particular en Sentencia nº 4/2017 de 6 de abril de 2017 de este Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Ante esta Jurisdicción Contable solo al cuentadante, en los términos anteriormente expuestos, le es exigible, en su caso, responsabilidad contable y sólo el mismo puede tener legitimación pasiva ante esta jurisdicción, circunstancia que no concurre en la persona de Don J. A. C. G., quien aun cuando fuera uno de los firmantes de la citada acta, no por ello puede entenderse que fuera gestor de fondos públicos ni cuentadante respecto de los mismos. Téngase, además, en cuenta que no fue el único firmante del acta de recepción de 5 de Noviembre de 2010, sino que como representante de la Corporación intervino también el Concejal Don J. C. G. M.. No consta en autos, además, la certificación o acta correspondiente a la fase II y, en cualquier caso, los citados trabajos se refieren a una aplicación informática de amplia implantación en el Ayuntamiento que afectaba a una pluralidad de Departamentos y conocida por los mismos.

Tampoco puede olvidarse que quien firmó la adjudicación de los contratos de servicios de administración electrónica, en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a la mercantil Andago Ingeniería, S.L., fue la Alcaldesa del Ayuntamiento de Langreo, y que el pago correspondiente a dichos trabajos fue ordenado, intervenido y finalmente pagadas las facturas correspondientes, sin más intervención en el proceso de gestión del gasto y del pago por el demandado que la anteriormente señalada.

No se ha aportado a los autos indicio ni prueba alguna relevante respecto de la intervención del Jefe del Servicio de Informática a lo largo del proceso de gestión del gasto y del pago, salvo lo anteriormente expuesto, sin que por otro lado conste tampoco en autos atribución al mismo de función alguna de ordenación del pago ni de la condición de cuentadante, lo que debilita en gran medida la relación jurídica existente entre el titular de los fondos públicos a que nos venimos refiriendo, el Ayuntamiento de Langreo, y el demandado como gestor de los mismos.

El demandado podría ser responsable de la veracidad y exactitud del acta de recepción firmada, de manera que lo que podría plantearse sería el valor de dicha acta como elemento determinante de la salida de fondos públicos de las arcas municipales, pero dicha firma no le convierte en cuentadante, pues ello supondría desconocer el mecanismo establecido legalmente para la realización de un pago por una entidad local e ignorar la relevancia jurídica de las competencias de los gestores que tienen atribuida la ordenación, intervención y pago de fondos públicos en el ámbito de la contratación administrativa. Si se admitiera que era el técnico quien decidía el destino de los fondos públicos porque no existía ningún otro agente que autorizara o supervisara dichas decisiones, tendría que concluirse que los claveros del Ayuntamiento carecían de competencias para autorizar y fiscalizar el gasto y el pago, lo que no resultaría ajustado al régimen de atribuciones que a los mismos otorga la legislación de régimen local.

De todo lo expuesto, cabe concluir que el demandado, a pesar de que sí participó de algún modo en el procedimiento de gestión del gasto mediante la firma del acta de recepción, no realizó funciones de disposición de fondos públicos ni sus acciones fueron determinantes de la realización de los pagos, por lo que no debe ser considerado cuentadante ante esta jurisdicción contable y, por lo tanto, debe estimar la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam planteada por su representación.

Esta falta de legitimación pasiva ante esta jurisdicción no eximiría, en su caso, al demandado de cualquier otro tipo de responsabilidad en la que pudiera haber incurrido por la presunta recepción de servicios no ejecutados, o que no debieran haber sido certificados, pero dicha responsabilidad no debe deducirse ante esta jurisdicción.

En consecuencia, no ostentando el demandado la condición de gestor de fondos públicos de la mencionada entidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1 y 55 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, procede estimar la excepción de falta de legitimación pasiva alegada y desestimar la demanda de responsabilidad contable por alcance interpuesta por la representación del Ayuntamiento de Langreo contra Don J. A. C. G., que queda absuelto de la responsabilidad contable que se le reclama.

En cuanto a las costas, conforme a lo establecido en el artículo 394, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 71, apartado cuarto, letra g), de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al haberse desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Langreo, procede imponerlas a la parte demandante.

En su virtud, vista la legislación en vigor, procede dictar el siguiente